
En Estados Unidos, historias como la de un infante de Marina que implora que no deporten a su madre, o la de una mujer que, tras ser diagnosticada con cáncer, optó por autodeportarse, se han vuelto más frecuentes. Ahora, se suma un nuevo caso que ha generado indignación: el de una migrante que acudió a una cita médica en un hospital de Maryland y terminó detenida por ICE.
Una visita médica terminó en arresto para una migrante que buscaba atención en un hospital del Instituto Nacional de Salud (NIH) en Maryland. Según informó The Washington Post, la mujer acudió al Centro Clínico de Bethesda para someterse a un tratamiento, pero en la entrada presentó una licencia de conducir estatal que no cumplía con la normativa federal de Real ID.
Ese detalle provocó que el personal de seguridad verificara sus datos y descubriera que tenía una orden de deportación pendiente. Minutos después, notificaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que procedió con su detención.
Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), confirmó el episodio y agradeció “a la seguridad del NIH por detener a un extranjero ilegal que intentaba ingresar al campus”. Además, recalcó que los ensayos clínicos y tratamientos del NIH están destinados a personas que residen legalmente en Estados Unidos, ya sean ciudadanos o portadores de visas válidas.

Real ID: un requisito clave
La Ley Real ID entró en vigencia el 7 de mayo de este año en todo Estados Unidos, estableciendo estándares más estrictos de seguridad para licencias de conducir e identificaciones estatales.
Desde entonces, para entrar a la mayoría de instalaciones federales, es necesario presentar una identificación que cumpla con estos parámetros o un documento alternativo aceptado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como un pasaporte vigente.
En este caso, la paciente no contaba con un documento válido bajo la norma, lo que llevó a la revisión de sus antecedentes y, posteriormente, a su arresto.

El cambio en las reglas
Tradicionalmente, hospitales, escuelas, clínicas e iglesias eran considerados “espacios protegidos” frente a operaciones de ICE, lo que garantizaba a las personas indocumentadas la posibilidad de recibir atención médica o acudir a clases sin temor a ser detenidas.
Sin embargo, desde que Donald Trump asumió por segunda vez la presidencia en enero, el Departamento de Seguridad Nacional modificó estas directrices, eliminando esas protecciones.
La decisión ha generado críticas de organizaciones de defensa de migrantes y expertos en salud, que alertan sobre el riesgo de que estas acciones disuadan a personas indocumentadas de buscar atención médica, con consecuencias para la salud pública.
“Los hospitales y las clínicas deben ser lugares de curación, no de miedo. Este tipo de aplicación de la ley no solo afecta a los pacientes indocumentados, sino que socava la salud pública para todos”, advirtió Matthew Lopas, director de defensa estatal del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, en declaraciones al citado medio.
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