El Gobierno de Texas lanzó una clara advertencia al alcalde de Houston, John Whitmire: le dio plazo hasta el 20 de abril para acatar lo solicitado o, de lo contrario, retirará US$110 millones a la ciudad. Esta amenaza pone bajo fuerte presión a la administración local, pues se trata de fondos destinados a seguridad pública y otros servicios clave para los residentes. Más allá del pulso político entre el estado y Houston, la fecha marcada en el calendario se ha convertido en un punto de tensión para saber si habrá marcha atrás, negociación o un enfrentamiento legal. ¿Por qué se llegó a este escenario y qué hace que ese día sea tan importante? Las respuestas a estas preguntas las encontrarás en los siguientes párrafos.
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LA RAZÓN POR LA QUE TEXAS AMENAZÓ A HOUSTON
El gobierno estatal de Texas amenazó con retirar US$110 millones a Houston porque considera que la nueva ordenanza migratoria de la ciudad viola los acuerdos de financiamiento y la ley estatal sobre cooperación con autoridades de inmigración.
En concreto, Houston aprobó la Proposición A, una ordenanza que limita o condiciona cuándo la policía local puede colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por ejemplo al impedir detenciones basadas solo en órdenes administrativas federales y exigir que los agentes documenten cada vez que consultan estatus migratorio.
Esto enojó al gobernador Greg Abbott, cuya oficina de Seguridad Pública notificó a la ciudad que si no retroceden en su medida, el estado retirará o “cobrará de vuelta” alrededor de US$110 millones en subvenciones ya asignadas para seguridad pública, bajo el argumento de que Houston dejó de cumplir los compromisos de cooperación con programas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmados en 2025.
Vale precisar que el conflicto se enmarca en la ley estatal SB 4, que prohíbe políticas tipo “ciudad santuario” y busca obligar a ciudades y condados a colaborar con autoridades migratorias. Al respecto, el fiscal Ken Paxton abrió una investigación para determinar si la Proposición A la infringe.
La oficina de Seguridad Pública de Abbott notificó a Houston que si no retroceden en su medida, el estado retirará o “cobrará de vuelta” alrededor de US$110 millones en subvenciones (Foto: AFP)
¿Qué señala exactamente la Proposición A?
La Proposición A es una ordenanza municipal que cambia la forma en que el Departamento de Policía de Houston (HPD) puede interactuar con las autoridades de inmigración federales, especialmente con ICE. Por ejemplo:
- Establece que una orden administrativa de ICE (de carácter civil) no basta por sí sola para detener, arrestar ni mantener retenida a una persona; si no hay sospecha razonable de un delito penal independiente, el oficial debe dejarla en libertad y ya no puede retenerla “por si llega ICE”.
- Elimina la práctica anterior de extender paradas de tráfico hasta 30 minutos solo para esperar a ICE, salvo que exista una causa criminal adicional que justifique seguir con la detención.
- Obliga a HPD a presentar informes periódicos al Ayuntamiento sobre cuánto tiempo y recursos dedica a actividades relacionadas con inmigración y sobre sus contactos con ICE, con el objetivo de dar transparencia y evitar que se desatiendan delitos como crímenes violentos o problemas de tránsito.
- La ordenanza refuerza que la prioridad de HPD debe ser la seguridad pública local y la persecución de delitos, no la aplicación de leyes migratorias civiles, que son competencia federal.
¿POR QUÉ EL 20 DE ABRIL ES UNA FECHA CLAVE?
De acuerdo con la notificación que le envió el Gobierno de Texas a Houston, le da plazo al alcalde hasta el 20 de abril para dar marcha atrás a la ordenanza recién aprobada. Si no hace caso a su demanda, retirará a la ciudad US$110 millones en fondos de seguridad.
El alcalde de Houston, John Whitmire, recibió la notificación y advirtió que esta medida podría derivar en una posible crisis de seguridad pública. Alertó que la posible pérdida de fondos afectará directamente al Departamento de Policía de Houston, al Departamento de Bomberos y a otros servicios de seguridad pública, así como a los preparativos de la ciudad para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Nuestras agencias de seguridad pública dependen de una combinación de recursos locales, estatales y federales para operar de manera efectiva”, dijo, al tiempo de indicar que está evaluando todas las opciones ante este escenario.
El alcalde de Houston, John Whitmire, advirtió que esta medida podría derivar en una posible crisis de seguridad pública. En la imagen, Whitmire habla durante una conferencia de prensa el 14 de abril de 2026 en Houston, Texas, con motivo del lanzamiento de una campaña de concientización sobre la trata de personas, previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)
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