El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un memorando que amplía las facultades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para arrestar y detener a refugiados legales que aún no han obtenido su Green Card, incluso después de haber estado un año en Estados Unidos. Según el documento obtenido por la cadena de noticias CNN, la medida busca reforzar la revisión de seguridad y garantizar que los refugiados pasen por un proceso adicional de inspección. Esto es lo que se sabe sobre la medida.
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El memorando establece que los oficiales de inmigración pueden “arrestar y detener” a refugiados que “no hayan logrado ajustar” su estatus a residentes permanentes legales un año después de su admisión. “Cuando un refugiado es admitido en Estados Unidos, la admisión es condicional y está sujeta a una revisión obligatoria después de un año”, señala el documento, que también aclara que los detenidos pueden permanecer en custodia “durante la inspección y el examen”.
Firmado por el director de USCIS, Joseph Edlow, y el director interino de ICE, Todd Lyons, el memorando revoca la política anterior que permitía a los refugiados permanecer libres mientras completaban su trámite de Green Card. Antes de este cambio, no obtener la Green Card tras un año no era motivo de detención ni deportación, y quienes eran arrestados debían ser liberados en 48 horas o enfrentarse a un proceso formal de remoción.
Oficiales de ICE en EE.UU. ahora pueden detener temporalmente a refugiados para completar su inspección. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr
Según el DHS, la nueva política corrige “los riesgos de seguridad pública y nacional” asociados con los refugiados condicionales que no habían sido revisados nuevamente, asegurando que todos los refugiados sean re-evaluados después de un año.
Sin embargo, la medida generó rechazo inmediato de grupos de apoyo a refugiados. Beth Oppenheim, CEO de la agencia HIAS, criticó:
“Este memorando se hizo en secreto, sin coordinación con las organizaciones que sirven a los refugiados. Es un esfuerzo transparente para detener y potencialmente deportar a miles de personas que están legalmente en este país, a quienes el propio gobierno estadounidense acogió después de años de rigurosa revisión”.
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El memorando forma parte de una demanda federal en Minnesota, donde un juez ha bloqueado temporalmente que la administración de Trump (durante su mandato) apunte a unos 5,600 refugiados legales que esperan su Green Card. Una audiencia sobre el caso está programada para este jueves.
Laurie Ball Cooper, vicepresidenta de US Legal Programs del International Refugee Assistance Project (IRAP), que forma parte de la demanda, advirtió:
“Este memorando es parte de un esfuerzo amplio por despojar a los refugiados de su estatus legal y hacerlos deportables. El gobierno no se detendrá ante nada para intimidar a las comunidades de refugiados y a todos los inmigrantes, pisoteando nuestros derechos constitucionales”.
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Por su parte, un portavoz de USCIS defendió la política ante CNN, asegurando que la prensa estaba “sensacionalizando una ley de inmigración ya existente”.
“Los extranjeros admitidos como refugiados están OBLIGADOS a ser sometidos a una inspección completa después de un año en Estados Unidos. La ley indica claramente que deben ‘volver o ser devueltos a la custodia’. Esto no es nuevo ni discrecional; es un mandato legal”.
La política de ICE en EE.UU. busca reforzar la seguridad nacional tras un año de residencia de los refugiados. | Crédito: U.S. Immigration and Customs Enforcement / Flickr
Durante la segunda administración de Donald Trump, las admisiones de refugiados se redujeron drásticamente, con un número anual fijado en 7,500 personas, frente a los más de 100,000 admitidos en 2024. El año pasado, la administración revisó nuevamente a algunos refugiados admitidos bajo Biden y examinó las Green Cards de personas de Afganistán y otros 18 países “de preocupación” tras incidentes de seguridad.
Con esta nueva política, los refugiados legales que aún no tienen su Green Card podrían enfrentar detenciones mientras se completan los procesos de inspección, generando un debate sobre seguridad, derechos legales y la obligación de Estados Unidos de proteger a quienes llegaron bajo su amparo.
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