
Durante los últimos meses hemos seguido de cerca lo que ocurre dentro del sistema de detención migratoria de Estados Unidos. Y si hay un lugar que ha estado constantemente bajo la lupa, especialmente para la comunidad hispana que ya conoce de memoria nombres como El Paso, McAllen o Tucson, ese es el campamento Camp East Montana, ubicado dentro de la base militar Fort Bliss, en, precisamente, El Paso, Texas. Allí, miles de migrantes detenidos han denunciado condiciones que describen como inhumanas, lo que ha provocado presión política, investigaciones periodísticas, quejas de organizaciones de derechos civiles y cuestionamientos públicos tanto en inglés como en español. Para muchas familias que siguen las noticias por Univision, Telemundo o en grupos de WhatsApp y Facebook, este lugar se convirtió en un símbolo de todo lo que está mal en el sistema de detención migratoria.
Ahora, después de ese escrutinio creciente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (conocido como ICE) confirmó una decisión importante: rescindir el contrato con la empresa que operaba el mayor centro de detención migratoria bajo su control y reemplazarla por otra firma con más experiencia. La medida llega en medio de denuncias de hacinamiento, problemas médicos y brotes de enfermedades dentro del complejo, algo que preocupa especialmente a la comunidad hispana que tiene familiares detenidos o en proceso de asilo.

ICE ROMPE CONTRATO CON LA EMPRESA QUE OPERABA EL CAMPAMENTO
Lo que decidió el ICE fue rescindir el contrato que mantenía con Acquisition Logistics LLC, la empresa encargada de construir y administrar el campamento de detención.
Ese acuerdo, firmado el año pasado, tenía un valor potencial de hasta US$1,300 millones de dólares y estaba previsto que se extendiera hasta septiembre de 2027. Sin embargo, tras una revisión reciente de las condiciones dentro del centro, la agencia optó por terminar el contrato antes de tiempo.
Para que tengas una idea clara, esto es lo que ocurrió:
| Aspecto | Detalle |
|---|---|
| Centro de detención | Camp East Montana |
| Ubicación | Base militar Fort Bliss, El Paso (Texas) |
| Contratista original | Acquisition Logistics LLC |
| Valor del contrato | Hasta US$1,300 millones |
| Dinero comprometido hasta ahora | Cerca de US$600 millones |
| Duración prevista del contrato | Hasta septiembre de 2027 |
Aunque ICE confirmó el cambio, no explicó públicamente qué hallazgos específicos motivaron la cancelación. La agencia sí reconoció que realizó una inspección reciente en el lugar, pero los resultados aún no se han divulgado, algo que despierta sospechas entre activistas y abogados de inmigración que trabajan a diario con casos de detenidos.
LA EMPRESA QUE TOMARÁ EL CONTROL DEL CENTRO
El nuevo contratista seleccionado es Amentum Services Inc., una compañía con sede en Chantilly, Virginia, conocida por trabajar con el ejército estadounidense y con agencias federales de seguridad e inteligencia. Según el propio ICE, la empresa ya participaba como subcontratista en el campamento, lo que facilitaría una transición rápida.
La agencia explicó que eligió a Amentum porque considera que tiene mayor capacidad operativa para mejorar servicios críticos dentro del centro.
Entre las tareas que deberá asumir el nuevo contratista están:
- Supervisar el alojamiento seguro de los detenidos
- Mejorar la atención médica dentro del campamento
- Gestionar el transporte de los migrantes detenidos
- Aplicar procedimientos más estrictos en el procesamiento de casos
- Cumplir estándares más altos de supervisión y rendición de cuentas
El contrato inicial con la nueva empresa tendría una duración de 180 días, mientras el gobierno decide el futuro de la instalación. En la práctica, esto significa que, al menos por seis meses, las personas detenidas seguirán dentro de ese mismo lugar, mientras organizaciones proinmigrantes presionan por cambios reales y no solo por un cambio de nombre en el contrato.
DENUNCIAS POR CONDICIONES “INHUMANAS” EN EL CAMPAMENTO
El cambio de operador no ocurre en el vacío. En realidad, llega después de meses de denuncias por parte de migrantes detenidos, organizaciones y legisladores, muchos de ellos con raíces latinas o representantes de distritos con gran población hispana.
De acuerdo con reportes recogidos por The Associated Press, en el campamento viven cerca de 3,000 personas distribuidas en seis grandes áreas de tiendas de campaña, un escenario que varias fuentes han comparado con “ciudades de carpas” más parecidas a zonas de guerra que a instalaciones bajo supervisión del gobierno estadounidense.
Entre las denuncias más repetidas aparecen:
- Hacinamiento en las zonas de alojamiento
- Falta de acceso a medicamentos
- Pérdida significativa de peso por escasez de alimentos
- Uso de la fuerza por parte de guardias de seguridad
- Angustia psicológica entre los detenidos
Incluso se registró recientemente un brote de sarampión, algo que encendió aún más las alarmas dentro del sistema migratorio y entre las familias hispanas que viven en ciudades como Houston, Dallas, Los Ángeles, Chicago, Nueva York o Miami, donde muchos tienen a un hermano, primo o amigo detenido en algún centro de ICE.
Durante los primeros cinco meses de operación, el centro acumuló cifras preocupantes:
| Incidente reportado | Cantidad aproximada |
|---|---|
| Llamadas al 911 | 130 |
| Muertes registradas | 2 |
| Intentos de suicidio | Varios |
| Emergencias médicas | Decenas |
Estas situaciones han provocado que algunos legisladores pidan directamente el cierre del lugar, mientras grupos de la comunidad latina organizan vigilias, misas y protestas frente a instalaciones de ICE y oficinas de congresistas.
LA PRESIÓN POLÍTICA PARA CERRAR LA INSTALACIÓN
Una de las voces más críticas ha sido la congresista Veronica Escobar, representante demócrata de El Paso, quien ha visitado el campamento en múltiples ocasiones y se ha convertido en una de las caras más visibles de la oposición a este tipo de centros ante la audiencia hispana en Estados Unidos.
Escobar dijo sentir alivio por el reemplazo del contratista, pero dejó claro que sus preocupaciones siguen.
Según la legisladora, el problema no es solo quién administra el lugar, sino las condiciones estructurales del centro.
En varias intervenciones públicas ha insistido en tres puntos principales:
- Investigar posibles irregularidades en los contratos
- Determinar si hubo fraude contra los contribuyentes
- Evaluar el cierre definitivo del campamento
Además, advirtió que el gobierno federal está considerando abrir instalaciones aún más grandes para detención migratoria en todo el país, algunas con capacidad para hasta 8.500 personas, algo que preocupa a comunidades fronterizas y también a ciudades santuario donde la comunidad latina ha ganado peso político con el tiempo.

LO QUE PODRÍA PASAR CON CAMP EAST MONTANA
Por ahora, el futuro del centro sigue siendo incierto. El contrato provisional con Amentum Services durará seis meses mientras el ICE evalúa si el campamento seguirá funcionando, si será reestructurado o si eventualmente pudiera cerrarse.
Mientras tanto, el debate continúa en Estados Unidos: cómo manejar el aumento de detenciones migratorias sin repetir los problemas que han marcado a instalaciones como Camp East Montana. Para muchas familias hispanas que ya vivieron la separación de familias, el Título 42 y los cambios constantes en las cortes de inmigración, este campamento es un recordatorio de que la política migratoria no es una discusión abstracta en Washington, sino algo que se siente en carne propia en los barrios, las iglesias y los trabajos de la comunidad latina.
Y créeme, este es un tema que probablemente seguirá generando titulares. No solo por lo que ocurre dentro de ese campamento en Fort Bliss, sino porque refleja un debate mucho más amplio sobre la política migratoria, los derechos humanos y el sistema de detención en el país, en un momento en que el voto hispano y la conversación en español sobre inmigración tienen cada vez más peso en Estados Unidos.
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