La decisión llega en medio de un clima cargado de tensión y protestas. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció que todos los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que participen en redadas migratorias en Minneapolis comenzarán a usar cámaras corporales de manera inmediata. La medida alcanza directamente a los equipos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se presenta como la respuesta más firme hasta ahora frente a la indignación provocada por la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos en esa ciudad. Estos hechos no solo provocaron manifestaciones en distintos puntos, sino que también expusieron el accionar de los agentes migratorios y reavivaron la discusión sobre los escasos controles durante las redadas.
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Cámaras tras presión por tiroteos en Minneapolis
El anuncio se conoció a través de la red social X, donde Noem explicó que la implementación de cámaras corporales no se limitará a Minneapolis, sino que se extenderá a nivel nacional a medida que se disponga de fondos. “Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país”, escribió la funcionaria, en un mensaje que busca mostrar una reacción rápida ante las críticas por el accionar de las agencias federales durante las redadas migratorias.
Los agentes del ICE en Minneapolis ahora deberán usar cámaras corporales tras la orden de la secretaria de Seguridad Nacional, en busca de mayor transparencia. | Crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP
Minneapolis se convirtió así en el epicentro del escrutinio público sobre la conducta de los agentes migratorios. Los tiroteos que terminaron con la vida de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra las redadas marcaron un antes y un después, al dejar en evidencia la falta de registros audiovisuales claros que permitan reconstruir qué ocurrió exactamente durante esos operativos.
Reclamos de transparencia y presión social
Desde entonces, organizaciones de derechos civiles, líderes comunitarios y legisladores federales intensificaron sus reclamos para que el DHS obligara a todos sus agentes migratorios a portar cámaras corporales, al menos en operativos de arresto y control en zonas sensibles. Para estos grupos, la ausencia de grabaciones favorece la impunidad, dificulta las investigaciones internas y deja a las familias sin respuestas en casos de uso letal de la fuerza.
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Las cámaras corporales aparecen, en ese sentido, como una herramienta clave para aportar transparencia, establecer responsabilidades y reducir la desconfianza entre las comunidades afectadas y las autoridades federales.
De Biden a Trump: el péndulo sobre las cámaras corporales
La orden de Noem también se explica en clave política. En 2022, el entonces presidente Joe Biden había ordenado que todos los agentes federales en tareas de seguridad portaran cámaras corporales, como parte de una reforma más amplia tras varios casos de brutalidad policial. Sin embargo, esa disposición fue revocada por Donald Trump poco después de iniciar su segundo mandato, bajo el argumento de que imponía trabas burocráticas a las fuerzas del orden.
ICE enfrenta críticas intensas en Minneapolis tras los recientes tiroteos que han sacudido a la ciudad y provocado protestas masivas. | Crédito: ROBERTO SCHMIDT / AFP
Ahora, el giro vuelve a producirse. Según trascendió, Noem avanzó con esta medida luego de que Trump respaldara públicamente la idea de que los agentes de inmigración usen cámaras corporales. Durante un vuelo de Florida a Washington, el presidente afirmó que este tipo de dispositivos “podrían ayudar a las fuerzas del orden”, una frase que terminó de destrabar la decisión dentro del DHS.
Qué implica para el ICE y la comunidad latina
En la práctica, la orden significa que los agentes del ICE y otras divisiones del DHS que operen en Minneapolis deberán actuar bajo registro constante. Esto podría aportar pruebas clave en casos de uso excesivo de la fuerza, arrestos irregulares o violaciones de protocolos durante las redadas.
Para la comunidad latina, históricamente afectada por estos operativos en domicilios, lugares de trabajo y espacios públicos, la medida es vista como un avance importante, aunque insuficiente si no se acompaña de reglas claras. Persisten preguntas centrales: quién controla las grabaciones, cuánto tiempo se conservan, en qué casos se hacen públicas y cómo pueden acceder a ellas la Justicia o las familias afectadas.
Además, el compromiso de extender el programa “cuando haya fondos” deja abierta otra incógnita clave: cuán rápido llegará esta política a otros estados como Texas, California, Florida o Illinois, donde las redadas del ICE forman parte de la vida cotidiana de millones de migrantes y donde la demanda de transparencia sigue creciendo.
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