
Miles de inmigrantes en Estados Unidos están en el centro de una controversia legal sin precedentes. Lo que parecía una medida administrativa se ha convertido en un litigio que podría cambiar la manera en que ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) aplica sanciones económicas.
Multas que alcanzan los $1.8 millones
María L., de Massachusetts, y Nancy M., de Florida, son dos de las afectadas. Ambas recibieron multas millonarias por no abandonar voluntariamente el país, a pesar de cumplir con la ley y mantener contacto con las autoridades.
Ahora, lideran una demanda colectiva que integra a más de 21,500 personas, sumando sanciones que superan los $6 mil millones desde enero de 2025.
Charles Moore, abogado de Public Justice, denunció que esta medida refleja una estrategia del expresidente Trump para “intimidar y hostigar a las comunidades inmigrantes”.“Si el gobierno va a imponer estas multas, al menos debe respetar la Constitución. Eso no está sucediendo”, explicó Moore.

Sanciones sin revisión individual
La demanda, presentada en la Corte de Distrito de Massachusetts, señala que las multas se aplican sin evaluar si son apropiadas en cada caso. Esto violaría la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
“Estas multas buscan aterrorizar a las familias”, declaró Hasan Shafiqullah, de The Legal Aid Society. “Quienes buscan protección legal enfrentan confiscación de salarios, autos e incluso casas”.
Participan RAICES, la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York, Free Migration Project, Covington & Burling LLP y el ILRC, defendiendo a las demandantes y a las comunidades afectadas.
Javier Hidalgo, de RAICES, afirmó: “Se trata de castigar a quienes ejercen su derecho legal a protegerse. La administración busca deshumanizar y coaccionar”.
Multas diarias y presión constante
Parte de la estrategia del DHS incluye presionar a los indocumentados para que se vayan voluntariamente, mediante aplicaciones como CBP Home, bajo amenaza de $998 diarios de multa.
Las sanciones alcanzan a quienes solicitan alivio migratorio, cumplen con órdenes de ICE o no pueden regresar a su país de origen. María L. y Nancy M. enfrentan sanciones exorbitantes a pesar de actuar dentro de la ley.

¿Qué busca la demanda?
El objetivo es anular la norma que autoriza estas multas, declarar las sanciones ilegales e inconstitucionales, y prohibir permanentemente al gobierno imponer este tipo de castigo financiero.También argumenta una posible violación a la Cláusula de Multas Excesivas de la Octava Enmienda, dado que las multas de hasta $2 millones son “desproporcionadas y ruinosas económicamente”.
Hasta ahora, la demanda colectiva incluye a afectados de varias partes del país, liderados por María L. y Nancy M., quienes buscan poner fin a un sistema abusivo que amenaza a miles de familias inmigrantes.
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