
Gladis Yolanda Chávez Pineda, madre inmigrante originaria de Honduras, residió por diez años en Chicago. Aunque tenía un caso de asilo abierto y asistía puntualmente a sus controles migratorios, fue detenida por agentes de ICE el 4 de junio, luego de acudir a una cita previamente programada.
La cita, parte del programa de supervisión alternativa, era un trámite más dentro del proceso que Yolanda venía siguiendo con regularidad. Sin embargo, ese día fue diferente. Aunque acudió acompañada de sus abogados, no se les permitió ingresar con ella.
Dentro de la oficina, agentes de ICE la detuvieron, alegando que existía una orden de deportación en su contra. Ella, sorprendida, preguntó: “¿Por qué, si he pagado impuestos y tengo un caso pendiente?” La respuesta fue seca: “Tienes una orden”.

A partir de ese momento comenzó un duro recorrido que incluyó su paso por al menos cinco centros de detención ubicados en Illinois, Indiana, Kentucky y Louisiana.
Durante su detención, Chávez Pineda asegura haber enfrentado condiciones precarias e inhumanas, algo que, como activista comunitaria, decidió denunciar públicamente: “Lo que más me dolía era lo injusto que estábamos pasando. Yo cumplí con mi cita, con mi deber con migración”, dijo.
La madre de tres hijos, incluida una menor de 17 años, fue finalmente deportada a Honduras, un país que no pisaba desde hace 10 años.

Actualmente se encuentra en Santa Rosa de Copán, desde donde intenta recuperarse emocionalmente: “La verdad, estoy aquí recuperándome psicológicamente porque mis hijos los dejé. Igual todo lo que vivimos ahí, al escuchar a las madres que dejaban a sus hijos, de la manera que los agarraron…”, expresó con tristeza.

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