Nuevos requisitos para vendedores ambulantes en San Francisco y cuánto realmente podrían costar

En los últimos años, la venta ambulante de comida en San Francisco ha dejado de ser vista únicamente como economía informal para convertirse en parte clave del ecosistema gastronómico de la ciudad, especialmente en barrios con fuerte presencia latina como el Mission District, la Tenderloin o el SoMa. Si vives allí y has caminado por la calle 16, por Mission, por la Calle 24 o incluso por alrededores de estaciones de BART y Muni, sabes que detrás de cada carrito de elotes, pupusas, tamales, hot dogs envueltos en tocino o fruta picada con chile y limón hay historias de esfuerzo, migración y supervivencia que se repiten una y otra vez entre familias que llegaron de México, Centroamérica y Sudamérica buscando una vida mejor. Para muchas de estas personas, el carrito no es solo un negocio informal: es la forma de pagar la renta, mandar remesas, sostener a sus hijos y mantenerse a flote en una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Por eso, cada cambio en las reglas no es un simple trámite administrativo, sino algo que impacta directamente en la vida diaria de cientos de familias que ya vienen lidiando con alquileres altos, transporte caro y un costo de vida que no deja de subir.

Ahora, con la llegada de 2026, la ciudad decidió dar un paso más en la regulación de este sector. Lo que a primera vista suena como una mejora en seguridad alimentaria, en la práctica está generando inquietud y hasta miedo entre muchos vendedores ambulantes. Y no es para menos: cumplir con las nuevas normas podría significar inversiones bastante elevadas para personas que viven al día.

¿QUÉ CAMBIÓ CON LA NUEVA ORDENANZA?

A finales de marzo, la Junta de Supervisores aprobó una ordenanza que busca alinear las normas locales con la ley estatal SB 972. Esta ley, aprobada en 2022 en California, despenalizó la venta ambulante de comida en todo el estado, pero también abrió la puerta a exigir estándares sanitarios más parecidos a los de un restaurante formal.

La normativa fue impulsada por el San Francisco Department of Public Health (DPH), que ahora establece reglas más claras —y también más estrictas— sobre cómo deben operar los vendedores ambulantes en la ciudad.

NUEVOS REQUISITOS: MÁS CONTROL, MÁS INVERSIÓN

Uno de los cambios más importantes es la creación de la categoría Compact Mobile Food Operations (CMFO). En términos simples, se trata de una clasificación para carritos y puestos, dividida en niveles de riesgo según el tipo de comida y la forma en que se prepara:

• Bajo riesgo: alimentos sin preparación compleja (por ejemplo, productos empacados o bebidas selladas).
• Riesgo moderado: manipulación limitada de alimentos (como cortar fruta o preparar bebidas frescas).
• Alto riesgo: preparación completa, como comida caliente hecha en el momento.

Aquí aparece el punto crítico: muchas personas que hoy trabajan con mesas plegables, hieleras y equipo básico tendrán que migrar a carritos mucho más equipados y certificados si quieren cumplir con las nuevas reglas y seguir trabajando de manera legal.

NUEVAS EXIGENCIAS TÉCNICAS

Según los lineamientos del DPH, los carritos tipo CMFO deberán contar con requisitos técnicos que antes muchos vendedores no tenían, como:

• Lavamanos incorporado con suministro de agua.
• Sistema de refrigeración adecuado para mantener alimentos a temperatura segura.
• Superficies aprobadas sanitariamente, fáciles de limpiar y desinfectar.
• Estructura tipo carrito certificado, diseñado específicamente para venta de comida.

Todo esto se traduce en un gasto inicial que, en una ciudad como San Francisco, no es nada menor.

¿CUÁNTO PODRÍA COSTAR REALMENTE?

Aquí es donde la preocupación se vuelve muy concreta. Aunque la ciudad ha eliminado o reducido algunas tarifas administrativas para vendedores ambulantes, el gasto real para operar sigue siendo alto cuando se suman equipo, renta de cocina y otros costos.

Costos estimados para vendedores:

• Carrito CMFO equipado: entre US$8,000 y US$15,000.
• Adaptaciones adicionales (modificaciones, permisos, ajustes de diseño): hasta US$5,000.
• Uso de cocina comercial (commissary kitchen): hasta US$2,400 al mes, dependiendo del lugar y las horas.
• Registro de negocio y otros trámites: costo variable según el tipo de licencia y el proceso.

En algunos casos, el costo total inicial podría acercarse o superar losUS$20,000, una cifra muy difícil de asumir para vendedores que, en muchos días, apenas logran cubrir gastos básicos y juntar algo extra para la familia.

EL FIN DE COCINAR EN CASA

Otro cambio clave es que ya no se permitirá preparar alimentos en el hogar. La comida tendrá que hacerse en cocinas comerciales autorizadas, conocidas como commissaries o commercial kitchens.

Esto implica:

• Un gasto adicional mensual fijo.
• Ajustar horarios para coincidir con la disponibilidad de la cocina.
• Traslados extra desde casa o desde el barrio (por ejemplo, del Mission, Excelsior o Bayview) hasta la cocina y luego al punto de venta.

Aquí aparece una crítica fuerte desde la comunidad: San Francisco decidió no implementar el programa MEHKO (Microenterprise Home Kitchen Operations), que sí fue adoptado en otros condados cercanos como Alameda County o San Mateo County. Ese programa habría permitido a pequeños vendedores cocinar legalmente desde casa con ciertas reglas y controles, reduciendo costos y facilitando la transición a la formalidad.

Sin MEHKO, la sensación entre muchos vendedores es que se les obliga a dar un salto muy grande sin ofrecerles una escalera intermedia.

LO QUE VIENE: APLICACIÓN E INCERTIDUMBRE

Aunque la ordenanza ya fue aprobada por la Junta de Supervisores, todavía hay detalles en discusión entre distintas agencias de la ciudad. El comité de Presupuesto y Finanzas sigue afinando aspectos clave sobre cómo se aplicarán estas normas en la práctica, incluyendo plazos, posibles apoyos económicos y el tipo de sanciones.

Mientras tanto, el temor principal entre los vendedores ambulantes hispanohablantes de San Francisco es bastante claro:

• No poder adaptarse a tiempo a las nuevas exigencias.
• Ser sancionados o retirados de las calles donde siempre han trabajado.
• Perder su principal fuente de ingresos en una ciudad donde conseguir otro empleo estable tampoco es sencillo.

Al final, este tema deja de ser algo técnico y se vuelve profundamente humano. Porque detrás de cada carrito en la Mission, en la Calle 24, afuera de un estadio, en un festival o a la salida de una escuela, hay personas que están tratando de salir adelante. Cualquier regulación nueva —por más buena intención que tenga— necesita considerar esa realidad concreta, escuchar a la comunidad y buscar un equilibrio entre seguridad, formalización y supervivencia económica.

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