(Foto: AFP)
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Farid Kahhat

Analista internacional

fkahhat@comercio.com.pe

era un periodista de nacionalidad saudita que formaba parte de la “oposición leal” en su país. Es decir, respaldaba la monarquía como régimen político y mantenía sus críticas dentro de los límites que este decidía tolerar.

Sin embargo, en setiembre del 2017 decidió autoexiliarse, tras lo cual elevó el tono de sus críticas pero sin cuestionar jamás la legitimidad de la monarquía. Pese a ello, las críticas moderadas de un exiliado habrían causado preocupación en el príncipe heredero y literal poder tras el trono, Mohammed Bin Salman, porque consideraba a Khashoggi vocero oficioso de sus opositores dentro de la propia élite saudita.

Hace unas semanas ingresó para realizar trámites al consulado de su país en Estambul, del cual jamás salió. El régimen saudita alegaba que debería investigarse el tema antes de concluir que estuvo involucrado en su desaparición, pese a la evidencia en su contra: existen cámaras de seguridad que registran su ingreso a la legación diplomática, pero no su salida. Antes de ingresar, Khashoggi advirtió a su prometida sobre el riesgo de ser detenido, por lo que esta lo esperaba afuera y fue quien alertó a las autoridades sobre su desaparición.

Algunos demócratas en Estados Unidos critican al presidente Trump dado que, al hacer de Arabia Saudita el destino de su primer viaje al exterior y concertar con ese país ventas de armamento por más de cien mil millones de dólares sin condicionarlas a cosas tales como su conducta en Yemen, habría inducido al régimen saudita a creer que, por así decirlo, tenía licencia para matar.

Lo cual olvida, sin embargo, el precedente establecido por Barak Obama: fue su gobierno el que, por vez primera, ordenó mediante ataque de aviones no tripulados el asesinato de ciudadanos estadounidenses sin mediar ningún tipo de proceso legal. Si bien, cuando menos en el primero de esos casos (el de Anwar al Awlaki), sus vínculos con Al Qaeda estaban fuera de toda duda, en casos posteriores (como el asesinato de un hijo menor de edad de Al Awlaki) no existía ese tipo de evidencia.

Pero cuando menos, parte de la crítica contra el presidente Trump tiene validez. A saber, ¿por qué, para su gobierno, asesinar a un ciudadano saudita en el exilio es un crimen pasible de castigo, pero no lo es asesinar a miles de civiles en Yemen?

Según un informe de Naciones Unidas, entre marzo del 2015 y junio del 2018 se produjo la muerte de 6.475 civiles, mientras otros 10.231 resultaron heridos. Si bien el informe responsabiliza a todos los contendientes por esos hechos, establece que la mayoría de esos civiles fueron víctimas de la coalición liderada por Arabia Saudita. Amnistía Internacional añade que el conflicto produjo además tres millones de desplazados y colocó a más de 22 millones de personas (la gran mayoría de la población) en necesidad de asistencia humanitaria.

La razón por la que, a diferencia de la desaparición de Khashoggi, esos hechos no ameritaron la amenaza de una eventual sanción la sugiere un documento del Departamento de Estado. Según este, al proveer al régimen saudita de armas, municiones, reabastecimiento aéreo e información de inteligencia para su empleo en Yemen, el Gobierno Estadounidense corría el riesgo de ser considerado ante el derecho internacional coautor de los crímenes cometidos en ese país.