Bolivia: ¿qué hay detrás de la detención de su fiscal general acusado de proteger al narcotráfico?

El caso adquiere una dimensión mayor por una coincidencia temporal difícil de ignorar: apenas dos días antes de la detención, Estados Unidos había revocado la visa de Mariaca y de otros funcionarios bolivianos por supuestos vínculos con la corrupción y el narcotráfico. Y este jueves 1, después de conocerse el operativo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, felicitó públicamente al gobierno boliviano.

“Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero”, declaró Rubio, según la agencia AFP. El funcionario añadió en X que la Administración Trump “respalda firmemente” al presidente Rodrigo Paz y a su gobierno por adoptar acciones contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado transnacional.

El respaldo estadounidense llega mientras las autoridades bolivianas sostienen que la operación fue ejecutada por agentes nacionales, aunque reconocen que contó con cooperación de agencias de Estados Unidos. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que se había desarticulado una organización criminal “enquistada” en el Ministerio Público y acusó a Mariaca de encabezar una estructura destinada a “proteger” el narcoterrorismo. Según AP, el fiscal general enfrenta acusaciones por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de drogas.

La operación alcanzó a otras 13 personas y también incluyó allanamientos en oficinas de la Fiscalía. El gobierno informó además sobre el hallazgo de dinero en efectivo oculto en una ambulancia que habría salido del domicilio de Mariaca. Sin embargo, la fiscalía cuestionó inicialmente el procedimiento. Un fiscal antinarcóticos afirmó que Mariaca había sido detenido sin una orden y funcionarios del Ministerio Público denunciaron como ilegal la intervención de sus instalaciones. EFE informó que la Fiscalía también calificó la detención como supuestamente ilegal en las primeras horas del operativo.

Antes de ser detenido, Mariaca rechazó las acusaciones formuladas por Washington y calificó la revocación de su visa como un acto de “injerencia” y “presión política”. Su abogado, Romel Ipamo, sostuvo que colaborarían con la investigación, pero pidió que se garantizara el debido proceso.

El episodio también resulta llamativo por la relación de Mariaca con uno de los principales casos de narcotráfico de Bolivia. Durante su gestión, las autoridades capturaron en marzo al uruguayo Sebastián Marset, quien posteriormente fue enviado a Estados Unidos con apoyo de la DEA. Días después de la detención del fiscal general comenzó a circular un video en el que Marset supuestamente afirma que Mariaca era su amigo. No obstante, la agencia AFP advirtió que no pudo verificar la autenticidad de esas imágenes.

El gobierno de Rodrigo Paz ha profundizado durante los últimos meses la cooperación con Washington en materia de seguridad. Bolivia se incorporó al denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por la administración de Donald Trump contra el crimen organizado transnacional. La captura de Marset fue presentada anteriormente por autoridades estadounidenses como un resultado de ese nuevo acercamiento entre ambos países.

En ese contexto, el respaldo de Rubio a la detención de Mariaca introduce una dimensión geopolítica en una investigación que corresponde a las autoridades bolivianas. Para Raúl Peñaranda, politólogo boliviano, la secuencia entre la sanción estadounidense y el arresto constituye una muestra de la influencia de Washington sobre el gobierno del mandatario boliviano.

“Yo creo que es una demostración de la influencia que tiene el gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de Bolivia”, sostuvo Peñaranda. En su interpretación, las dudas sobre Mariaca ya existían desde antes de que fuera fiscal general y, por ello, considera que la coincidencia temporal no puede entenderse simplemente como casualidad.

Además, Peñaranda considera que la cooperación antidrogas está estrechamente vinculada con el reposicionamiento internacional de La Paz. Según explicó, el gobierno boliviano busca mostrarle a Washington que está alineado con sus prioridades de seguridad. “El gobierno boliviano identifica al gobierno estadounidense como un respaldo, como una protección”, señaló el politólogo, quien considera que la actual administración busca en Estados Unidos un aliado frente a sus dificultades internas.

La lectura del analista también apunta a una consecuencia regional. Peñaranda sostiene que Bolivia todavía presenta niveles de violencia vinculada al crimen organizado menores que los observados en países como Ecuador, aunque advierte que los casos de sicariato han aumentado. A su juicio, la evolución del narcotráfico en Bolivia explica parte de la creciente atención internacional sobre el país.

Francisco Belaunde, analista internacional, coloca el foco en otro aspecto: la crisis institucional que representa que la máxima autoridad del Ministerio Público sea detenida por presuntos vínculos con una estructura criminal.

“Siendo la cabeza de la Fiscalía, evidentemente esto es una crisis”, afirmó Belaunde. A su juicio, el problema trasciende la situación personal de Mariaca porque vuelve a poner bajo cuestionamiento al sistema de justicia boliviano. Según explicó, la detención del fiscal general puede deteriorar todavía más la confianza ciudadana en una institución cuya función es precisamente investigar delitos y ejercer la acción penal.

Belaunde también considera relevante la cercanía temporal entre las medidas de Washington y la operación boliviana. “Estoy especulando, pero Estados Unidos pudo haber proporcionado información a las autoridades bolivianas”, añadió. En su lectura, Mariaca ya habría estado bajo sospecha antes de la decisión estadounidense y la información procedente de Washington pudo haber contribuido a acelerar el operativo.

La nueva relación entre Bolivia y Estados Unidos aparece así como uno de los elementos centrales para comprender el caso. Belaunde considera que la cooperación internacional contra el narcotráfico puede resultar útil para las autoridades bolivianas, pero advierte que el punto sensible está en las condiciones que eventualmente acompañen esa asistencia. “El tema es qué es lo que te pide Estados Unidos a cambio y que ahí podemos entrar en problemas”, señaló.

El propio comportamiento de Washington después de la detención refuerza la relevancia de esa discusión. Rubio no se limitó a referirse a la lucha contra el narcotráfico: vinculó explícitamente las acciones bolivianas con el liderazgo regional que Estados Unidos espera de sus aliados y expresó su respaldo al gobierno de Paz.

Para Peñaranda, la detención de Mariaca puede profundizar todavía más la cooperación antidrogas entre ambos países. En su análisis, la captura de Marset y el actual operativo forman parte de una misma orientación de política exterior y de seguridad: “están alineadas con los objetivos y los pedidos y las necesidades del gobierno norteamericano”.

En cambio, Belaunde plantea que el desafío inmediato para Bolivia es recuperar la credibilidad de sus instituciones. El fiscal general interino Luis Montaño Morales ya asumió el cargo tras la detención de Mariaca, mientras la Asamblea Legislativa deberá intervenir en el proceso para elegir a un nuevo titular. El procedimiento y el desarrollo de la investigación serán determinantes para establecer si el caso se convierte en una depuración institucional o si profundiza las dudas sobre la independencia de la Justicia boliviana.

En cualquier caso, la dimensión política del episodio ya trascendió las fronteras de Bolivia. La detención de un fiscal general acusado de proteger al narcotráfico, ocurrida inmediatamente después de una sanción estadounidense y seguida por el respaldo público de Marco Rubio, coloca a La Paz en el centro de la estrategia regional de Washington contra el crimen organizado.

La investigación deberá determinar ahora si las acusaciones contra Mariaca se sostienen ante la Justicia y cuál fue exactamente el alcance de la cooperación estadounidense. En ese sentido, el caso deja una pregunta de fondo para Bolivia: ¿cómo combatir la penetración del narcotráfico en sus instituciones sin que esa lucha termine debilitando aún más la autonomía y la credibilidad de esas mismas instituciones?.