El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker (izquierda) junto a la primera ministra británica, Theresa May. (EFE)
El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker (izquierda) junto a la primera ministra británica, Theresa May. (EFE)
Virginia Rosas

Así como no se debe permitir a los niños jugar con fósforos o con la electricidad, por más útiles que resulten en nuestra vida diaria, no se debería permitir que políticos irresponsables utilicen las buenas herramientas de la democracia para manipular al electorado y llevarlo a tomar decisiones cuyas consecuencias desconocen. Eso es lo que ha sucedido con el ‘’: un electorado desinformado participó en un referéndum para decidir la permanencia o no del Reino Unido en la (UE).

Ganó el No y, con ello, se inició una pesadilla que tiene bloqueado al país desde hace dos años y medio para llegar a un acuerdo imposible entre los Veintisiete y Londres: cómo salirse de la Unión Europea sin alejarse demasiado. ¿Conocía acaso el electorado el costo social y financiero que significaría para Gran Bretaña este divorcio después de 46 años de vida en común? Por supuesto que no. Azuzado por políticos populistas, aupados en las corrientes nacionalistas que resurgen, el pueblo tomó una decisión más visceral que racional de la que, inevitablemente, saldrá perdiendo.

Así nos encontramos con este embrollo que, tras 17 meses de pacientes negociaciones entre la primera ministra británica, Theresa May, y el negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, ha dado como resultado un documento de 585 páginas y tres protocolos especiales sobre Irlanda, Chipre y Gibraltar. El resultado es todavía incierto, pues si es aceptado en la cumbre europea extraordinaria –que tendrá lugar mañana en Bruselas– deberá ser aprobado luego en el Parlamento Europeo y en la Cámara de los Comunes, el 11 de diciembre. Y es en su propio Parlamento donde May tiene todas las de perder.

Los británicos votaron en el referéndum del 23 de junio del 2016 para, supuestamente, “recuperar la soberanía nacional”. Pero para conservar la integridad de su propio territorio tendrán que plegarse a una serie de reglas de la Unión Europea, como la Unión Aduanera, sin tener derecho a participar en su elaboración. Específicamente en el caso de Irlanda del Norte, que permanecerá en el mercado interior europeo (de los 27) para la circulación de mercaderías, so riesgo de incumplimiento de los acuerdos de paz con esa provincia anexada, tras décadas de conflicto.

Los jefes de Estado y de Gobierno que se reunirán mañana en Bruselas firmarán una declaración política de 26 páginas que debe definir un marco para las relaciones que se establecerán tras el divorcio, pero este documento no es vinculante, como el tratado de 585 páginas.

Queda pendiente en ambos documentos el tema de la pesca, que preocupa tanto a Francia, Holanda, España, Portugal y Dinamarca, que esperaban obtener la garantía del acceso de sus pescadores a aguas británicas.

El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, ha declarado que España no firmará el texto principal si no se añade el derecho de veto de su país sobre la situación futura de Gibraltar, que los españoles consideran una colonia británica. Luego de tanta amenaza pública, es imposible que Sánchez regrese de Bruselas sin haber añadido siquiera una línea alusiva al peñón en el documento.

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