Detenciones, deportaciones y recorte de fondos: el giro represivo de Trump contra las universidades en EE. UU.

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Ozturk cursaba un doctorado en la Universidad de Tufts y contaba con un visado de estudiante en vigor. Sin embargo, fue arrestada sin que hasta la fecha se hayan presentado cargos en su contra. Según su abogada, Mahsa Khanbabai, la razón detrás de la detención podría estar relacionada con un artículo de opinión que coescribió en 2024 y fue publicado en el periódico universitario. En él, los autores pedían al centro académico cortar vínculos con empresas relacionadas con Israel y mencionaban el “genocidio palestino” en Gaza.

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La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, escribió en su cuenta de X que Ozturk habría participado “en actividades de apoyo a Hamás”, aunque no aportó pruebas.

“Un visado es un privilegio, no un derecho. Glorificar y apoyar a terroristas que matan a estadounidenses es motivo suficiente para poner fin a la expedición de visados”, agregó.

Su nombre figura actualmente en los registros del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en un centro de detención en Luisiana. “El ejercicio de su derecho a la libertad de expresión parece haber desempeñado un papel en su detención”, dijo la abogada de la estudiante, según recoge el diario El País.

El caso de Ozturk no es aislado. El pasado 8 de marzo, Mahmoud Khalil —exestudiante de la Universidad de Columbia— fue arrestado en el edificio donde vivía con su esposa estadounidense. Ese mismo día, el Gobierno de Trump revocó su permiso de residencia permanente, alegando supuestos vínculos con Hamás, también sin pruebas.

Un juez de distrito bloqueó la deportación y solicitó su retorno a Nueva York desde el centro de detención en Jena, Luisiana. Khalil había sido uno de los líderes de las protestas propalestinas que el año pasado estallaron en Columbia y se replicaron en otros campus universitarios.

Desde entonces, al menos tres académicos o investigadores han sido detenidos por motivos similares. Entre ellos, una doctora de la Universidad de Brown, quien fue deportada en el aeropuerto de Boston tras regresar del Líbano, donde supuestamente asistió al funeral del líder de Hezbolá, Hassan Nasrala. También fue arrestado un investigador indio de la Universidad de Georgetown, acusado por su vínculo matrimonial con la hija de un alto mando de Hamás.

Nicolás Terradas, docente de Relaciones Internacionales en la PUCP, comenta a El Comercio que desde su punto de vista estas acciones parecerían responder a una estrategia política deliberada. “Mi impresión es que estas medidas forman parte de una serie de señales que la administración Trump busca enviar, especialmente en estos primeros meses de gestión, para demostrar que está cumpliendo con promesas hechas durante la campaña”.

“Lo hemos visto también en el tipo de nombramientos que se han realizado para cargos clave como Agricultura o el Departamento de Estado: son decisiones con una carga simbólica fuerte, que apuntan a ciertos sectores del electorado”, señala.

De acuerdo al experto, la retórica utilizada por el gobierno ha girado en torno a la idea de que estas personas —como la estudiante turca u otros detenidos— estarían “diseminando” mensajes propalestinos o incluso pro-Hamás.

“Es una lógica peligrosa, porque amplía el concepto de ‘radicalización’ hasta abarcar a personas que simplemente expresan posturas críticas hacia Israel”, dice.

Y aquí entra en juego un concepto clave de las relaciones internacionales: la “securitización”. Se refiere a cuando un gobierno invoca la seguridad nacional para tomar decisiones excepcionales, muchas veces sin transparencia y con escaso control judicial.

“Al etiquetar estas expresiones como vinculadas al terrorismo, la administración puede justificar medidas que, en otro contexto, serían vistas como violaciones a la Constitución o a derechos fundamentales como la libertad de expresión y de culto”.

Terradas hace hincapié; sin embargo, en que hay que ser prudentes, ya que aún no tenemos toda la información y podría ser que en los próximos días la administración presente pruebas que respalden sus decisiones. “Pero hoy, lo que se observa es un uso instrumental del aparato de seguridad y migración para perseguir expresiones políticas, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional”.

Más allá de las detenciones, la administración republicana ha endurecido su discurso contra lo que califica como “una corriente organizada de antisemitismo” en las universidades. La Universidad de Columbia, por ejemplo, fue amenazada con la retirada de 400 millones de dólares en fondos federales si no tomaba medidas más estrictas para frenar las expresiones propalestinas.

Ante esta presión, la universidad terminó por ceder y aplicar una serie de medidas exigidas por el Gobierno. Entre ellas, se incluyó la prohibición del uso de mascarillas durante las protestas (una práctica común entre los manifestantes para evitar ser identificados), el nombramiento de un vicerrector para supervisar los departamentos de Estudios de Oriente Medio y Estudios Palestinos, la reforma de su proceso de admisión y el fortalecimiento del control policial en el campus. Además, 36 agentes de seguridad universitaria recibieron autorización para detener estudiantes durante manifestaciones.

Para Terradas, estos episodios sientan precedentes “muy peligrosos”. “Estamos apenas en el primer año de esta administración y ya se están tomando decisiones que rozan —o incluso traspasan— los límites del respeto a la libertad de expresión, incluso tratándose de personas con visados válidos o becas académicas”, señala.

Menciona además que él mismo fue becario Fulbright, como Ozturk, y destaca que ese programa —altamente competitivo y administrado por el Departamento de Estado— incluye procesos de selección rigurosos. “Me cuesta pensar que alguien que ha pasado por ese sistema esté involucrado en actividades terroristas. Lo que estamos viendo parece más bien una operación de carácter político”.