En esta foto del 5 de mayo de 2011, mujeres sirias vitorean a las tropas del ejército que salen del de Daraa, epicentro de la Primavera Árabe en Siria. (Foto de Louai Beshara / AFP).
En esta foto del 5 de mayo de 2011, mujeres sirias vitorean a las tropas del ejército que salen del de Daraa, epicentro de la Primavera Árabe en Siria. (Foto de Louai Beshara / AFP).
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Hace 10 años millones de manifestantes soñaban con un cambio político en los países árabes pero en muchos las esperanzas se han esfumado y las decenas de miles que no han muerto se pudren en la cárcel, sobre todo en Egipto y Siria.

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En El Cairo o Damasco, capitales históricas del mundo árabe, el autoritarismo no ha sido derrotado y los regímenes han reprimido metódicamente las voces disidentes.

Egipto, dirigido por Abdel Fattah al Sisi, tiene unos 60.000 “presos políticos”, según organizaciones de derechos humanos. Este país de 100 millones de habitantes es una “prisión al aire libre”, según la ONG Amnistía Internacional.

El movimiento popular, que derrocó al presidente Hosni Mubarak en 2011, permitió la liberación de miles de prisioneros, principalmente islamistas.

Pero cuando todavía no habían transcurrido tres años, el presidente democráticamente elegido Mohamed Morsi, de la cofradía islamista Hermanos Musulmanes, fue derrocado por el ejército de Abdel Fattah al Sisi tras manifestaciones multitudinarias. Le siguió una represión sangrienta y el encarcelamiento de miles de islamistas.

En Siria, el régimen de Bashar al Asad resistió y la revuelta se convirtió en una guerra civil. Diez años después, los detenidos siguen muriendo en cárceles donde la tortura es frecuente, según las ONG.

Damasco ha empleado “la tortura y las desapariciones forzadas como un medio para someter a la oposición desde hace décadas”, señaló Amnistía en 2017. “Sin embargo, desde 2011, la magnitud y la gravedad de las violaciones del gobierno sirio contra los detenidos han aumentado drásticamente”.

Un informe del Human Rights Data Analysis Group (Grupo de Análisis de Datos de Derechos Humanos) indica que 17.723 personas murieron en las cárceles sirias desde diciembre de 2011 hasta marzo de 2015, es decir, con una frecuencia de “300 muertes” por mes.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), que cuenta con una amplia red de fuentes, estima que “100.000 personas han muerto en las cárceles” del país desde 2011.

De izquierda a derecha, el presidente egipcio Hosni Mubarak, el presidente de Túnez Zine El Abidine Ben Ali, el presidente de Libia Muamar Gadafi y el presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh. (Fotos de AFP).
De izquierda a derecha, el presidente egipcio Hosni Mubarak, el presidente de Túnez Zine El Abidine Ben Ali, el presidente de Libia Muamar Gadafi y el presidente de Yemen Ali Abdullah Saleh. (Fotos de AFP).

Detenciones “sistemáticas”

El Cairo y Damasco niegan categóricamente estas acusaciones y consideran a las ONG “parciales” y/o “a sueldo del extranjero”.

“No hay detenciones arbitrarias, hay detenciones en aplicación de la ley”, declaró en noviembre el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Sameh Chukry.

En la era de la lucha contra los yihadistas, estos gobiernos afirman que solo están contribuyendo a la lucha “contra el terrorismo”.

Entre tanto las familias pasan años buscando a sus seres queridos.

En 2018, la esperanza se desvaneció en Siria para cientos de ellas cuando Damasco informó que muchos llevaban años muertos.

“Incluso en el duelo, tenemos miedo y tenemos que ocultar nuestro dolor”, declaró Salwa a la AFP bajo anonimato después de que se anunciara la muerte de su sobrino, un activista sirio detenido en 2011 del que llevaba sin noticias desde entonces.

En Egipto, desde la llegada a la presidencia de Sisi en 2014, la represión se ha extendido a disidentes de todo tipo, islamistas pero también activistas de izquierda, intelectuales y artistas.

Ejemplo: el exdiputado y opositor Ziad al Elaimi, de 40 años, fue detenido en junio de 2019, por su implicación en la formación de una “Coalición de la esperanza” para las elecciones legislativas, según su madre Ikram Yusef. Se le acusa de pertenecer a los Hermanos Musulmanes y de haber ayudado a financiar un complot para derrocar al régimen.

Yusef, una periodista de 64 años, lamenta que la vida de su hijo “se arruine sin motivo alguno”. Pero, dice, que “es el alto precio que se paga para que gane la revolución”.

El régimen de prisión preventiva se ha utilizado “sistemáticamente (...) para castigar a los considerados opositores políticos”, según Amnistía.

“Emigrar”

Las ONG también denuncian un “reciclaje de casos”: las autoridades renuevan las acusaciones contra disidentes cuyo período máximo de prisión preventiva ha superado los dos años previstos por la ley, con el fin de mantenerlos entre rejas.

Algunos detenidos, como el ingeniero Alaa Abdel Fattah Seif, de 39 años, apenas tuvieron tiempo de saborear la libertad. Esta figura central del levantamiento de 2011 fue liberado en marzo de 2019 bajo control judicial antes de ser arrestado en septiembre del mismo año.

Acusada de incitar a manifestaciones y de “difundir informaciones falsas” sobre el coronavirus, su hermana Sanaa Seif, de 26 años, también fue detenida en junio de 2020.

Su madre, Leila Sueif, no sabe nada de ellos, salvo que la semana pasada su hijo fue incluido en la “lista negra terrorista” del Estado egipcio.

Esta profesora de matemáticas de la universidad de El Cairo anima a “emigrar a todos aquellos que no pueden vivir aquí”, un exilio por el que ya han optado muchos militantes perseguidos.

“Si la revolución no hubiera tenido lugar, ni Alaa ni Sanaa hubieran sido encarcelados”, dice Sueif.

Pero asegura que no se arrepiente de su compromiso. La revolución “no está condenada” al fracaso, proclama.

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