Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Están por cumplirse en Brasil tres años de un acto que ha marcado la historia política reciente de ese país. El 8 de enero del 2023, miles de partidarios radicales del bolsonarismo tomaron por asalto, durante unas horas, los tres poderes del Estado en Brasilia. Ocurrió una semana después de que Lula da Silva fuera investido y tomara la posta de Jair Bolsonaro, a quien había vencido en las elecciones de fines del año anterior.
Están por cumplirse en Brasil tres años de un acto que ha marcado la historia política reciente de ese país. El 8 de enero del 2023, miles de partidarios radicales del bolsonarismo tomaron por asalto, durante unas horas, los tres poderes del Estado en Brasilia. Ocurrió una semana después de que Lula da Silva fuera investido y tomara la posta de Jair Bolsonaro, a quien había vencido en las elecciones de fines del año anterior.
Las acciones vandálicas, que buscaban arrastrar a las Fuerzas Armadas en su intención de derrocar el recién instalado gobierno de Lula, guardaron muchas similitudes con el ataque al Capitolio de Estados Unidos protagonizado dos años antes por hordas trumpistas que buscaban interrumpir una sesión legislativa e impedir la certificación de la victoria de Joe Biden en los comicios presidenciales del 2020.
A diferencia de Estados Unidos, donde la justicia empezó a actuar pero no alcanzó de lleno a Donald Trump (hoy convertido nuevamente en jefe de Estado), en Brasil el Supremo Tribunal Federal (STF) llegó hasta Jair Bolsonaro y varias altas autoridades.
En total, y con diversos grados de participación, la corte suprema halló culpables de complot a 29 de 31 acusados, contra los que dictó penas de entre uno y 27 años de cárcel. Sumadas las condenas del proceso, que incluyeron al exmandatario, varios exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas, ellas rebasan los 400 años de prisión.
En las últimas semanas el ambiente político en torno a la sentencia ha vuelto a remecerse y todo apunta a que la historia judicial que involucra al líder derechista brasileño está todavía muy lejos de un final.
Jair Bolsonaro se encuentra recluido en un cuarto apartado de una instalación policial de Brasilia, pero fuera de ella el ruido en torno a él continúa fuerte. La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto que le atenuaría la pena en medio de un debate caótico que llegó a los empujones y una gresca con la policía legislativa. Y el domingo 14 miles de brasileños marcharon por las calles de la capital y de otras ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, Florianópolis o Salvador bajo lemas como “Aún estamos aquí para despertar al Congreso” o “Congreso, enemigo del pueblo”, en claro rechazo a la decisión de la cámara baja.
El exmandatario brasileño fue condenado en setiembre a más de 27 años de cárcel bajo la acusación de “liderar” un complot golpista para “perpetuarse en el poder” tras perder las elecciones del 2022. Bajo las reglas actuales, la prisión efectiva sería de unos ocho años, pero la iniciativa aprobada podría reducirla a 2 años y 4 meses. Esta semana el Senado completó la tarea: tras su aprobación en una comisión, el pleno de la cámara alta ratificó -con 48 votos a favor y 25 en contra- la luz verde al proyecto, que según sus detractores no solo beneficiaría al exgobernante sino que también concedería libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada.
El presidente Lula da Silva no tardó en anunciar, al día siguiente de la decisión del Senado, que “cuando llegue a mi mesa, vetaré esa ley”. Ya hace varios días el gobernante izquierdista había señalado que Bolsonaro y todos los que hayan cometido crímenes contra la democracia brasileña “tienen que pagar” su condena. Sin embargo, Lula no podría salirse precisamente con la suya, ya que el Parlamento tiene la potestad de votar de nuevo para remover el veto y aprobar el proyecto sin la firma del mandatario. Los aliados de Bolsonaro en un Congreso de mayoría conservadora han remarcado que seguirán promoviendo una amnistía total para su líder.
Estas idas y venidas judiciales y políticas se producen en medio de los problemas de salud que aquejan al lider derechista, de 70 años. Sus abogados han pedido su traslado a un hospital lo antes posible para que sea sometido a dos cirugías, una para tratar un hipo recurrente y otra para reparar una hernia inguinal. Este diciembre frenético se da también en víspera de un año electoral que se avizora intenso. En octubre del 2026, Lula buscará un cuarto mandato (ejerció dos entre el 2003 y el 2010 y viene transitando por el tercero) y tendría como mayor rival al senador Flavio Bolsonaro, hijo del exjefe de Estado. Salvo que este sea amnistiado y pueda postular nuevamente.