El Congreso estadounidense ha retomado los esfuerzos para derogar la legislación de 1991 y 2002 que autorizaba al presidente la actuación militar en Irak, con el objetivo de recuperar el control legislativo sobre los ataques y despliegues en ese país.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, indicó este martes en ese hemiciclo que inició el proceso para poder someter esa propuesta a voto, algo que se espera que tenga lugar la próxima semana, coincidiendo con el 20 aniversario del inicio del conflicto en Irak.
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La resolución aprobada en 1991 por el Congreso autorizó “el uso de la fuerza militar” para la aplicación de resoluciones de las Naciones Unidas que incluían la salida de Irak de Kuwait -invadido en agosto de 1990- y la eliminación, por parte de Bagdad, de sus armamentos químicos, biológicos y nucleares.
La de 2002 abrió la puerta para la invasión de Irak en 2003, algo que George W. Bush decidió con el pretexto de que el régimen de Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva.
La utilización de la fuerza contra posibles enemigos es una potestad que constitucionalmente recae sobre el Congreso pero que se trasladó parcialmente a la Presidencia tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Schumer apuntó en su comparecencia que tener esas resoluciones en vigor posibilita que futuras Administraciones abusen de ellas o las usen mal.
“Los poderes de la guerra deben estar en manos del Congreso. (...) La guerra de Irak acabó oficialmente hace más de diez años. La realidad sobre el terreno ha cambiado desde entonces, y las leyes deben hacerlo también”, dijo el líder demócrata de la Cámara Alta, que aseguró tener apoyo bipartidista para que salga adelante.
En el anterior Congreso, donde los demócratas controlaban ambas cámaras, la Cámara de Representantes dio su visto bueno a una resolución en esa misma línea, pero esta nunca llegó a ser tramitada en el Senado.
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Aunque se deroguen esas dos leyes, todavía seguiría en vigor otra legislación aprobada en 2001 para autorizar la invasión en Afganistán y que, desde entonces, ha sido usada por todos los presidentes de EE.UU. para justificar ataques contra grupos terroristas en todo el mundo, incluido el Estado Islámico (EI).
El debate en torno a esa última ley es más complejo, ya que algunos legisladores estadounidenses creen que podría incentivar ataques terroristas y debilitar la posición de Washington en el mundo.
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