El 14 de enero del 2026 el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que elevó al Perú al estatus de Aliado Principal Extra-OTAN, (Major Non-NATO Ally, MNNA) una designación que solo comparten una corta lista de países en el mundo y ahora el Perú entró a ese exclusivo “club de amigos con derechos preferentes” en el que solo otros tres estados en Latinoamérica han sido formalmente elevados a esa categoría (Argentina en 1997, Brasil en el 2019 y Colombia en el 2022). Para el observador casual, podría parecer un reconocimiento rutinario de décadas de cooperación antinarcóticos. Pero bajo la superficie de este gesto diplomático se desarrolla una partida de ajedrez geopolítico de altísimas apuestas, donde las fichas son el litio, el cobre, las tierras raras y el control del Pacífico sudamericano.
La decisión de Washington no ocurre en el vacío. Semanas atrás, el escándalo ‘Chifagate’ sacudió Palacio de Gobierno cuando se revelaron reuniones secretas entre el presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. Las reuniones no registradas desataron una crisis política que ha debilitado al gobierno meses antes de las elecciones de abril. El momento, convenientemente alineado con la profundización de la cooperación militar estadounidense, plantea preguntas incómodas sobre coincidencias demasiado perfectas.
Porque detrás de los comunicados oficiales sobre narcotráfico, lo que realmente está en juego es el control de los recursos que definirán el siglo XXI. El Perú no es simplemente el segundo productor mundial de cobre; posee vastos depósitos de litio en Falchani (Puno) que podrían romper el monopolio del triángulo Argentina-Bolivia-Chile. Quien controla el litio controla las baterías, los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía renovable. China lo comprende perfectamente.
Beijing ha invertido 57.000 millones de dólares en 19 países para asegurar minerales críticos. En el Perú, las empresas chinas controlan el 30% de la inversión minera con proyectos como Las Bambas y Toromocho, que extraen millones de toneladas de cobre anualmente. Pero la verdadera joya estratégica es el puerto de Chancay, una puerta estratégica que podría convertirse en terminal privada para el flujo masivo de minerales hacia Asia.
Washington observa este avance con alarma. La designación MNNA viene con autorización para desplegar personal militar, incluidas fuerzas especiales, durante el 2026. El Perú también comprará cazas F-16V después de las elecciones, reemplazando su flota de MiG-29 rusos y Mirage 2000 franceses, en una reorientación hacia sistemas estadounidenses que crea dependencia tecnológica a largo plazo.
Pero la estrategia estadounidense es más sofisticada que la simple confrontación. Reconociendo que no pueden desalojar la presencia económica china, los estrategas en Washington buscan suficiente influencia para evitar que el Perú se convierta en estado-cliente de Beijing. La presencia militar les permite monitorear actividades chinas, proyectar poder hacia Venezuela y ofrecer a las élites peruanas una alternativa de seguridad que Beijing no puede igualar.
Aquí el ‘Chifagate’ adquiere su verdadera dimensión geopolítica. Independientemente de si fue una operación de inteligencia meticulosamente orquestada, la explotación oportunista de corrupción genuina, o simplemente una casualidad extraordinariamente conveniente, el escándalo ha logrado objetivos estratégicos casi perfectos desde la perspectiva estadounidense: dañar el capital político chino precisamente en el momento en que la cooperación militar estadounidense se formaliza, crear presión doméstica sobre Jerí para demostrar que el Perú no es un estado-cliente de Beijing y proporcionar justificación política para girar hacia Washington. Esta sincronización ejemplifica cómo se libran las guerras modernas entre grandes potencias, donde la geoestrategia impulsa a la disputa en salas de reunión, titulares de prensa y narrativas de corrupción antes que en campos de batalla convencionales. Como en el conocido arte marcial asiático, jiu jitsu, cuya técnica usa y aprovecha la fuerza del oponente, así EE.UU. aplica este interesante “arte” de relaciones internacionales 2.0 en un mundo cada vez más dinámico y versátil.
Lo que emerge en el Perú es el modelo de competencia del siglo XXI: China construye puertos y extrae minerales mientras Estados Unidos asegura bases militares y vende armamento. Así, por un lado, Beijing ofrece capital sin condiciones políticas; Washington ofrece seguridad y acceso a mercados. El ganador no será quien controle todo, sino quien mantenga suficiente influencia para vetar las ambiciones estratégicas del otro. Nuevamente, una batalla que jamás llegará a las armas convencionales pero desde luego que ya está en las artes donde “vale todo”. Que -curiosamente- es el nombre que recibe otro estilo de combate, de origen brasileño, sin apenas reglas.
Para el Perú, atrapado entre estas fuerzas tectónicas, la pregunta no es si elegir un lado sino cómo navegar entre ambos sin convertirse en campo de batalla. La respuesta determinará no solo el futuro peruano, sino el equilibrio de poder en toda Latinoamérica.
(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University.
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