El tribunal iraní que investiga el mayor escándalo bancario en la historia del país desde el comienzo de la revolución islámica condenó a cuatro de los acusados a pena de muerte.

Los cuatro condenados estaban acusados de malversación de unos US$3.000 millones. En muchas ocasiones, el fraude se cometió utilizando documentos falsos para lograr préstamos que permitieran adquirir empresas estatales.

Según los analistas, las estrictas sentencias muestran que Irán quiere mandar un mensaje claro de que este tipo de delitos no serán tolerados y aseguran que el caso aumenta la preocupación sobre el rumbo de las privatizaciones que lleva a cabo el gobierno, ya que algunas de las compañías en las que se detectó fraude habían sido vendidas por el estado.

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