Juanita Goebertus: “No veo el interés de Estados Unidos en impulsar una transición hacia la democracia en Venezuela”

Por Sergio Gómez Maseri, corresponsal de “El Tiempo” en Washington

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el año pasado y las decisiones adoptadas por su administración desde entonces han profundizado aún más la deriva autoritaria que ya se venía consolidando en América Latina. Esa es, a grandes rasgos, una de las conclusiones centrales del informe anual sobre derechos humanos de Human Rights Watch (HRW), que será presentado oficialmente este miércoles.

En entrevista exclusiva con el diario colombiano “El Tiempo” y el Grupo Diarios América (GDA), Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, habla sobre el panorama regional y se muestra muy pesimista sobre una transición democrática en Venezuela en el corto o mediano plazo.

Para Goebertus, el reciente golpe militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, lejos de abrir la senda democrática, habría consolidado la estructura autoritaria venezolana al dejar intacto el aparato de represión. “Mientras puedan sacar petróleo y devolver migrantes -sostiene-, me temo que muy poco más va a cambiar bajo Trump en Venezuela”.

-El eje temático del capítulo sobre América Latina es la influencia negativa que, a juicio de HRW, está teniendo Trump en la región. ¿En qué lo están viendo?

América Latina ya tenía una dosis alta de autoritarismo desde antes del regreso de Trump a la Casa Blanca. Pero, sus acciones e influencia han profundizado el deterioro. Primero, por la acción directa de EE. UU. con la ejecución extrajudicial de más de 120 latinoamericanos en aguas del Caribe y el Pacífico. Segundo, por la política exterior de retaliación arancelaria y amenaza de expansión territorial que permitió que países altamente democráticos como Panamá y Costa Rica detuvieran arbitrariamente a cientos de migrantes y solicitantes de asilo de terceros países como Afganistán, Irán y China. Tercero, por la ausencia de EE. UU. como un garante de los derechos humanos en la región y el retiro de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y al periodismo independiente. Esto dio vía libre para la aprobación de leyes anti-ONG en Perú, El Salvador y Ecuador que antes habían sido frenadas por la acción de las embajadas de EE. UU. a nivel local.

-Algo aupado por varios gobiernos...

Varios gobiernos afines ideológicamente a Trump han usado de manera directa su retórica y sus políticas para violar derechos humanos. El Salvador torturó de manera sistemática a los 252 venezolanos deportados desde EE. UU. Al centro penitenciario Cecot. Ecuador siguió caracterizando el crimen organizado como un fenómeno de conflicto armado, lo que generó un incremento significativo en las desapariciones forzadas. Y Argentina desmontó buena parte de su servicio exterior de carrera y abandonó posiciones históricas en materia de DD. HH. para alinearse con Trump y Netanyahu. El precedente que se está sentando es muy grave para toda la región: un abierto desconocimiento del derecho internacional.

-El informe dice que el golpe militar del 3 de enero sobre Venezuela podría consolidar la dictadura en el país. Pero la lectura promovida por EE. UU. es que es un camino para el retorno a la democracia. ¿Por qué lo dicen?

El ataque militar de EE. UU. a Venezuela solo decapitó al régimen, pero no impidió su continuación. Sacar a Maduro para dejar a Delcy Rodríguez en el poder no solo desconoce el derecho de las y los venezolanos a elegir de manera libre a sus gobernantes, sino que deja intacta la estructura de represión y de violación de los derechos humanos. Cuando Trump minimiza el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González, desconoce la voluntad que fue expresada en las urnas en julio de 2024. Cuando Trump dice que Delcy Rodríguez es una buena señora, desconoce que el Sebin -la inteligencia responsable de una parte importante de la represión y la persecución contra opositores y defensores de derechos humanos- le reportaba formalmente a ella como vicepresidenta, al menos hasta 2021.

Así que, desafortunadamente, no veo el interés de EE. UU. en impulsar una transición hacia la democracia. Mientras puedan sacar petróleo y devolver a los migrantes, me temo que muy poco más va a cambiar bajo Trump en Venezuela.

-¿Ve algún efecto positivo?

El único efecto positivo real ha sido la liberación de más de 300 presos políticos que llevaban detenidos de manera arbitraria y que, en muchos de los casos, habían estado privados de su libertad en incomunicación y sufriendo otros graves abusos. Pero aún hay más de 700 presos políticos esperando su liberación.

-En el caso de Colombia, ustedes concluyen que la política de paz total de Petro se ha traducido en mayor control de los grupos ilegales en comunidades rurales. ¿A pocos meses de abandonar el cargo, equivale eso a un fracaso de la iniciativa?

Desafortunadamente, la política de paz total y la política de seguridad humana de Petro fracasaron. Entre 2022 y 2025 crecieron los homicidios, los secuestros, el desplazamiento, el confinamiento y el reclutamiento de menores. El ELN, las disidencias y el Clan del Golfo ampliaron su control territorial y usaron las distintas negociaciones para afianzar su control sobre la población civil. Nuestro trabajo de campo en el Catatumbo y en Putumayo nos mostró que la ausencia de una política de seguridad efectiva en el territorio, los ceses al fuego no debidamente monitoreados ni verificados y la implementación de acuerdos con los grupos mientras estos siguen en armas pusieron a la población civil en un riesgo aún mayor.

-En el informe ustedes mencionan cómo EE. UU. critica a menudo las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero ignora los graves abusos en El Salvador, Ecuador y Perú. ¿Es decir, hay una valoración diferente para violaciones a los DD. HH. dependiendo de dónde se cometan?

Es un buen ejemplo del uso ideológico de los derechos humanos por parte del gobierno Trump. Desde HRW hemos documentado por décadas los abusos cometidos bajo las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Hemos acompañado a los familiares de presos políticos, expuesto los abusos que han sido cometidos durante la represión de protestas y en las cárceles, y hemos abogado por transiciones a la democracia. Pero, eso nunca nos ha impedido denunciar las violaciones cometidas por el gobierno de Bukele en El Salvador o por el gobierno de Noboa en Ecuador. Los derechos humanos no son para defender a los amigos y atacar a los enemigos. Son una regla para medir a todos los gobiernos con el mismo rasero, independientemente de la geopolítica.

-¿Desde la perspectiva de HRW, cuál es la principal amenaza que enfrenta la región?

El crimen organizado y la forma en la que los gobiernos están respondiendo a este fenómeno. Somos el continente con las tasas de homicidio más altas del mundo. Las víctimas son en su mayoría hombres jóvenes y pobres, y la mayoría de los casos quedan en la impunidad. El caso más extremo es el de Haití, donde las pandillas llegaron a controlar el 90 por ciento de Puerto Príncipe. Ante esta amenaza, la mayoría de los países de la región se debatieron entre respuestas restrictivas de derechos y respuestas omisivas.

El Salvador mantuvo en detención a más de 100.000 personas con suspensión total de su debido proceso. Gobiernos como los de Honduras, Perú, El Salvador y Ecuador siguieron en estados de excepción prolongados. La consigna es que para tener seguridad la ciudadanía debe aceptar la restricción de sus derechos.

Por otro lado, países como Colombia y Perú permitieron que la criminalidad siguiera fortaleciéndose. En Perú, el Congreso legisló abiertamente en favor de la criminalidad.

-¿Cuál es su advertencia?

Si las democracias de América Latina no logran poner en marcha políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos, vamos a perder la batalla contra el autoritarismo.

-¿Cómo quedan Brasil y México, los dos grandes de América Latina, frente a la influencia de Trump y la situación de DD. HH. en sus propios países?

Claudia Sheinbaum y Luis Inácio Lula da Silva han intentado liderar una posición crítica del impacto de Trump en la región, mientras negocian con él para evitar los impactos negativos de sus aranceles y sanciones. A nivel comercial y de opinión pública les ha dado buenos resultados. Pero la contradicción con algunas de sus políticas domésticas y de política exterior les resta credibilidad.

-¿Qué han priorizado Brasil y México?

El año pasado, una redada policial en Río de Janeiro resultó en 122 muertes. En total, más de 6.200 personas, principalmente afrodescendientes, perdieron la vida a manos de la policía en 2025. Si bien la seguridad en Brasil depende de los gobernadores, el gobierno de Lula no ha priorizado suficientemente enfrentar este gravísimo fenómeno.En México, el gobierno lideró una reforma que le aseguró el control del poder judicial a Morena, el partido de gobierno, reduciendo de manera significativa la independencia judicial. Y ha introducido amplias reformas a la inteligencia que restringen los derechos de todos los mexicanos. Ni Sheinbaum ni Lula estuvieron dispuestos a colaborar con Edmundo González y María Corina Machado para impulsar una transición a la democracia en Venezuela, a pesar de los informes del panel de expertos de la ONU y del Centro Carter que reconocían el fraude electoral de Maduro en 2024.

Si países como México y Brasil no lideran con el ejemplo, no será posible defender una visión creíble de democracia y Estado de derecho basada en el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional.

-Su eje es América Latina, ¿pero qué valoración hacen sobre avances o retrocesos en los DD. HH. en EE. UU. durante este primer año de Trump?

El gobierno del presidente Trump se ha caracterizado por el ataque frontal a los derechos humanos y el desconocimiento abierto del derecho internacional. Desde la deportación de migrantes violando su debido proceso, pasando por el despido masivo de funcionarios públicos de carrera y los ataques frontales al periodismo crítico, hasta el asesinato de ciudadanos norteamericanos por parte de agentes federales, haciendo un uso arbitrario de la fuerza. Es como si quisieran devolver al país a 1950, antes del movimiento de derechos civiles y políticos.

-En términos más globales, su director, Philippe Bolopion, habla del avance del autoritarismo y plantea que revertir esa tendencia es la cruzada de toda una generación. ¿Así de grave ven las cosas?

Tristemente, sí. La democracia ha bajado a los niveles de 1985. Hoy, el 72 por ciento de la población global vive bajo autocracias. Estados Unidos, que antes lideraba una visión del mundo basada en la democracia liberal, el respeto por el derecho internacional y los derechos humanos, hoy está trabajando activamente para desmantelar ese sistema. Revertir esa tendencia es posible, pero no será nada fácil y tomará mucho tiempo. Tenemos que recuperar la confianza en la democracia y los derechos humanos, y para lograrlo es fundamental que haya gobiernos democráticos que den resultados en materia de seguridad, reducción de la pobreza y la desigualdad, y lucha contra la corrupción.

-¿Hay algún país o situación en la región que le genere esperanza?

El gobierno de (Bernardo) Arévalo, en Guatemala, se juega todo este semestre con la elección de autoridades judiciales. Si el gobierno es capaz de entregar un sistema judicial más independiente, que deje de estar cooptado por la corrupción y el crimen organizado, su legado trascenderá las fronteras de su país. También me alegró ver al presidente Rodrigo Paz, en Bolivia, priorizar por fin la reforma judicial como una prioridad nacional. Ojalá sirviera para dejar de usar la justicia como herramienta de persecución política contra los opositores en el país. Pero, en general, siempre me da esperanza reunirme con organizaciones de la sociedad civil y líderes locales que, a pesar de todo, siguen dando la batalla por la defensa de los derechos humanos y la democracia en sus países.