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Assange en el banquillo de los acusados, por Farid Kahhat

El internacionalista Farid Kahhat explica las razones por las que el gobierno estadounidense buscaría la extradición del fundador de Wikileaks

Assange en el banquillo de los acusados, por Farid Kahhat

Julian Assange en el banquillo de los acusados, por Farid Kahhat. (AFP)

Julian Assange fue acusado por dos mujeres en Suecia por delitos sexuales. Según un escrito de acusación formulado por Robert Mueller, durante las elecciones estadounidenses del 2016, Wikileaks habría actuado como instrumento del gobierno ruso para perjudicar la candidatura presidencial de Hillary Clinton. Además, a diferencia de los cables del Departamento de Estado publicados por cinco diarios en el 2010, aquellos que publicó Wikileaks sin editar pusieron en riesgo a informantes y funcionarios del gobierno estadounidense. Comenzaré diciendo, por ende, que no comparto la perspectiva de quienes nos presentan a Julian Assange como un personaje heroico.

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Dicho eso añadiría, sin embargo, que esas no son las razones por las que el gobierno estadounidense buscaría su extradición y que los derechos que le asisten no dependen de su bonhomía personal. Por ejemplo, cuando Wikileaks hizo públicos los correos obtenidos del servidor del Partido Demócrata Donald Trump dijo, literalmente, “Amo a Wikileaks” y el entonces congresista republicano, Mike Pompeo, citaba esos correos entre sus argumentos contra sus rivales políticos. Es solo en abril del 2017, cuando ya era jefe de la CIA y Wikileaks publicaba documentos sobre los programas de piratería informática empleados por dicha agencia, que Pompeo sostuvo que Wikileaks se comportaba “como un servicio de inteligencia hostil”.

Esa denominación guarda relación con los cargos que se formulan contra Assange. Este no es acusado por propalar información oficial de interés público proveniente de fuentes cuya identidad mantenía en reserva: eso es algo que hacen los medios de comunicación en Estados Unidos cuando menos desde los años setenta amparados por la Constitución, según un fallo de la Corte Suprema. La acusación contra Assange no es por propalar esa información sino por ser parte de una conspiración para obtenerla de manera ilegal. Cargo respecto al cual la evidencia, en caso de existir, no es de dominio público. Y aunque no es acusado formalmente de espionaje, es posible que ese cargo se sume luego a aquellos que sustentarían el pedido de extradición.

Sume a lo anterior la acusación de haber mantenido vínculos con la inteligencia oficial rusa y comprenderá la gravedad de los cargos que se formulan contra Assange y Wikileaks. En palabras del propio Pompeo, aquella organización a la que solía citar con fruición en campaña se ha convertido ahora en “un servicio de inteligencia no estatal de naturaleza hostil, el cual actúa a menudo en complicidad con actores estatales como Rusia”. Claro que, a diferencia del personal de inteligencia ruso, Assange no está recibiendo mayor respaldo de ningún Estado (incluyendo a su Australia natal).

Aunque en principio las cortes que lo juzgarían en Estados Unidos son independientes del poder político, los antecedentes recientes del gobierno estadounidense harían que el proceso tenga lugar en un entorno ominoso. De un lado están la ausencia del derecho al debido proceso en Guantánamo, las prácticas de tortura en ese y otros centros de detención alrededor del mundo, o el prolongado confinamiento solitario de Chelsea Manning (la presunta socia de Assange en la conspiración). De otro, están las declaraciones de Mike Pompeo y Donald Trump reivindicando las técnicas de tortura empleadas por la CIA en centros de detención clandestinos, así como las declaraciones de políticos republicanos que, como el precandidato a la presidencia Mike Hukabee, pidieron públicamente la pena de muerte para Assange.

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