Mientras el grueso de la opinión pública se extravió en la habitual pirotecnia discursiva de Donald Trump y su retórica de la fuerza en la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas en Nueva York, el verdadero vector de análisis para la geopolítica hemisférica radica en una paradoja temporal: el Perú ha ingresado al Escudo de las Américas justo en el instante en que la coalición abandona lo declarativo para transformarse en un aparato operativo. Con más de quince naciones alineadas, el bloque ha dejado atrás las buenas intenciones para activar un torniquete financiero y logístico contra veinticuatro organizaciones criminales bien identificadas.
En los fueros internacionales, llegar tarde a un club suele traducirse en penalización política; sin embargo, ingresar cuando las reglas de juego y los protocolos de inteligencia táctica se están redactando en tiempo real, otorga la ventaja estratégica de coescribir el guión. Keiko Fujimori pareció captar este margen de maniobra con mucho pragmatismo, ejecutando un movimiento de ajedrez que introduce al Perú en un escenario de doble filo donde la soberanía y la seguridad nacional se juegan en el mismo tablero.
La inserción peruana en este engranaje no se sostiene en la sumisión, como muchos critican desde un análisis básico, sino en la validación de un método. Al romper el protocolo ceremonial ante Trump por mediación de Marco Rubio, Fujimori declinó el rol de invitada espectadora para exigir un intercambio simétrico de inteligencia bilateral, entendiendo que en la diplomacia del poder precisar el requerimiento operativo es asumir el control de la agenda.
Más que una súplica, Perú exhibió una credencial histórica de gran valor: la derrota de Sendero Luminoso y del MRTA. Ante un auditorio alineado con la retórica marcial de Trump -centrada en la “dureza”-, la postura peruana aportó una tesis contraintuitiva: el terrorismo no se venció con violencia desmedida, sino mediante el trabajo quirúrgico, paciente y silencioso de la inteligencia policial. La captura de Abimael Guzmán en 1992, ejecutada sin hacer un solo disparo, demuestra que la intervención de Fujimori frente a sus pares no fue decorativa, fue crucial para trazar un límite claro y demostrar que, en un bloque enfocado en el intercambio de datos, este conocimiento práctico es un activo escaso. En un foro saturado de promesas bélicas, el Perú no acudió a asimilar doctrinas ajenas, sino a exportar una metodología de derrota que hoy es una moneda escasa en el continente.
Esta validación metodológica se complementa con un factor geográfico clave: la reciente adhesión de Chile y Colombia, sumada a la presencia inicial de Ecuador y Bolivia, cierra un cerco estratégico sobre la cadena logística andina y pacífica. El Escudo abarca ahora el corredor completo, controlando desde el cultivo de coca a gran escala en Perú hasta sus puertos de salida y mercados globales. Hasta ahora, la respuesta estatal dependía de la improvisación bilateral, como ocurrió cuando el FBI facilitó la captura del cabecilla de Los Pulpos en Bolivia. El Escudo busca institucionalizar esa casualidad diplomática en una rutina interconectada, dotando a las autoridades de herramientas de gran calado como la doctrina del material ‘support’. Este enfoque es vital frente a una criminalidad transfronteriza que incluye extorsión, minería ilegal y lavado de activos, pues permite arrastrar al banquillo a los financistas y facilitadores logísticos que históricamente han gozado de impunidad.
Hay en esta estrategia, además, un juego de espejos sumamente pragmático en el plano legal y militar. Al buscar el aval internacional de la coalición para equiparar formalmente la criminalidad organizada con el terrorismo, el gobierno peruano construye un blindaje externo para legitimar la reforma legal interna que busca desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía. No obstante, a diferencia de los antiguos pactos de defensa colectiva del siglo pasado como el TIAR, el diseño del Escudo opera como una coalición de cooperación soberana que excluye compromisos automáticos de intervención extranjera. Al ratificar que cualquier ingreso de tropas aliadas exige la autorización explícita del Congreso de la República, el filtro constitucional deja de ser un mero formalismo burocrático para erigirse como un activo de negociación política. Este equilibrio dota a Perú de un seguro geopolítico fundamental: permite un alineamiento cerrado con Washington en materia de seguridad fronteriza sin la necesidad de sacrificar el pluralismo comercial con el eje asiático, manteniendo intacta la proyección geoeconómica del megapuerto de Chancay y la continuidad del foro APEC.
La verdadera validez de este giro estratégico no se midió en los aplausos de Manhattan, sino en el día a día operativo en el que una alerta temprana de inteligencia útil toque las puertas de nuestro país. La ventaja de haber llegado al final solo cobrará sentido si el aparato estatal peruano demuestra la madurez institucional de transformar esos datos reservados en capturas impecables, procesos judiciales blindados y sentencias definitivas. Solo en ese momento se sabrá con certeza si el Perú llegó tarde al Escudo de las Américas, o exactamente a tiempo.
(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University.
