“Las calificadoras de riesgo soberano ya emitieron su veredicto: ahora le toca al Perú”, por Irma Montes Patiño

Cuando los analistas peruanos debaten una segunda vuelta electoral en términos de izquierda vs derecha cometen el error más común del periodismo político local: confundir el escenario con la obra. Lo que se decide este domingo 7 no es una disputa ideológica entre dos visiones de país. Es una decisión de política exterior que determinará si el Perú aprovecha o desperdicia la ventana geopolítica más importante de su historia moderna.

Entre los años 2022 y 2025, la inversión extranjera en minerales críticos en América Latina creció un 288%, según el McKinsey Global Institute. La región concentra el 68% de las reservas mundiales de litio y el 33% de las de cobre. En ese mapa, Perú posee el 10,2% de las reservas mundiales de cobre y ocupa el segundo lugar en producción global. En el 2024 Estados Unidos firmó con Lima un memorando de entendimiento para asegurar cadenas de suministro de minerales críticos. No lo firmó con Venezuela ni con Bolivia bajo el MAS. Lo firmó con el Perú y lo hizo bajo el amparo de la Constitución del 93, que reconoce un banco central independiente, así como el respeto irrestricto a los contratos y a la propiedad privada.

En los primeros dos meses del 2026, la inversión minera en el Perú superó los 871 millones de dólares, un incremento del 35,7% interanual, con el 38% proveniente de Canadá y el 4% de Australia. Ese capital no llega por simpatía hacia Lima. Llega porque el marco institucional vigente hace que los proyectos sean jurídicamente predecibles. Como advirtió esta semana el presidente del Simposio Minero Nacional: el problema del Perú no es geológico, el desafío es convertir ese potencial en proyectos viables, y eso exige estabilidad institucional y reglas claras y de largo plazo.

Eso es exactamente lo que está en juego el 7 de junio. Las dos grandes calificadoras de riesgo soberano que monitorean la deuda peruana lo dijeron con una claridad que el debate político local no ha procesado. La primera advirtió que un gobierno de Roberto Sánchez introduciría incertidumbre sobre la inviolabilidad de los contratos, el trato a la inversión extranjera y la independencia del banco central. La segunda fue igualmente directa: mientras Keiko Fujimori mantiene una postura alineada con disciplina fiscal y políticas de mercado, Sánchez promueve intervención estatal, asamblea constituyente y el uso de reservas internacionales para financiar gasto corriente. Moody’s y Fitch no tienen ideología electoral peruana. Califican deuda soberana y sus opiniones mueven el costo del crédito para millones de peruanos que jamás han leído un informe financiero. Cuando ambas emiten advertencias simultáneas sobre el mismo candidato en la misma semana, no hacen campaña. Registran un riesgo real que el capital internacional ya está procesando.

Ahí es donde el espejo boliviano deja de ser metáfora y se convierte en evidencia estructural. Bolivia no perdió inversión extranjera porque Evo Morales fuera de izquierda. La perdió porque nacionalizó hidrocarburos, renegoció contratos por decreto y destruyó la predictibilidad jurídica que el capital requiere. Hoy Bolivia arde para proteger la impunidad de ese mismo hombre, y entre quienes financian el incendio figuran las mismas redes campesinas del altiplano aymara que cruzan la frontera hacia Puno. Brígida Curo, candidata a la vicepresidencia de Sánchez, es secretaria de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, investigada por su rol como cabecilla en varias asonadas ilegales en Puno y que se declara simpatizante de Pedro Castillo, preso por intentar disolver el Congreso. Es la misma matriz organizativa, el mismo altiplano, el mismo método.

Los principales ejecutivos de banca, minería y agroexportación coincidieron esta semana en que el Perú podría volver a crecer entre 5% y 9% anual si se recupera la confianza inversora, recordando que la pobreza cayó de 55% a 22% en los años de mayor expansión con precios de minerales similares a los actuales. Ese crecimiento no requiere un presidente perfecto. Requiere uno que no renegocie los TLC por decreto, que no convoque una asamblea constituyente para redefinir la propiedad del subsuelo y que no prometa retirar al presidente del Banco Central de Reserva el primer día de gobierno, como Sánchez dijo en campaña antes de que su equipo técnico lo desmintiera sin poder citar el plan de gobierno propio.

El 7 de junio, las cancillerías de Washington, Ottawa y Canberra mirarán los resultados con más atención que cualquier analista peruano. No por ideología. Porque el Perú es el segundo productor mundial de cobre en el momento en que el cobre es el mineral más estratégico del planeta para la transición energética y la carrera tecnológica contra China. Y porque la diferencia entre un Perú confiable y un Perú inestable se mide en décadas de desarrollo perdido. Eso no es izquierda ni derecha. Es aritmética geopolítica.

(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University.