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El Capitolio Nacional de Colombia abrió este martes 12 sus puertas para que los ciudadanos acudan a despedir al senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, quién falleció en la madrugada del lunes 11 luego de batallar por su vida durante los 64 días posteriores al atentado que sufriera en un mitin improvisado en Bogotá, y que le produjo severas heridas en la cabeza.
El Capitolio Nacional de Colombia abrió este martes 12 sus puertas para que los ciudadanos acudan a despedir al senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, quién falleció en la madrugada del lunes 11 luego de batallar por su vida durante los 64 días posteriores al atentado que sufriera en un mitin improvisado en Bogotá, y que le produjo severas heridas en la cabeza.
Gran cantidad de gente está acudiendo al velatorio del joven político de 39 años, quien fuera abogado de la Universidad de los Andes con estudios en Harvard y que en el 2022 se convirtió en el senador más votado de la agrupación derechista Centro Democrático.
Mientras transcurre el día de duelo decretado por el Gobierno Colombiano, el país continúa conmocionado por el fatal desenlace del ataque ocurrido el 7 de junio y ve con inquietud el panorama electoral, y los retos de seguridad que ello impone, puesto que a fines de mayo del 2026 se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Uno de los políticos que habló de manera más descarnada fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó como “muy grave” la situación del país. “Este no es un momento para callar, han asesinado a un candidato de oposición al gobierno de Gustavo Petro”, pronunció en un homenaje a Uribe Turbay.
El burgomaestre de la capital antioqueña acusó a Petro de exacerbar con su discurso y de “generar odio en contra de Miguel Uribe”, añadiendo que lo que se está viviendo actualmente en Colombia “es como si nos hubieran regresado a los años más oscuros” de la violencia política de los años 80 y 90 del siglo XX.
Los colombianos no olvidarán jamás la campaña presidencial de 1990, desarrollada en pleno auge de los cárteles del narcotráfico. En un lapso de apenas ocho meses, tres candidatos fueron asesinados antes de los comicios, entre ellos el archifavorito Luis Carlos Galán. A fines del 2016, casi tres décadas después del magnicidio ocurrido en agosto de 1989, la Corte Suprema condenó a 30 años de prisión al general Miguel Maza Márquez, que durante aquella campaña dirigía el hoy desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), acusándolo de haber debilitado deliberadamente el esquema de seguridad del político acribillado.
Para la justicia colombiana, el jefe de la policía secreta y figura clave en la lucha contra el cártel de Medellín en los años 80 se alió con esa mafia a pesar de haber sido él mismo blanco de intentos de asesinato ordenados por Pablo Escobar. Las FARC y sus financiadores del narcotráfico lograron ‘comprar’ a su mayor enemigo. Según recuerda la cadena BBC, Maza tenía “amigables vínculos” con el jefe paramilitar Henry Pérez, a quien Escobar le ordenó cometer el crimen contra Galán. A fines del siglo XX, el Estado amplió sus capacidades para prevenir tal situación, pero ello se ha ido perdiendo en los últimos años, según varios medios del país cafetero.
Hoy está en la mira la Unidad Nacional de Protección (UNP), liderada por Augusto Rodríguez, hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro. De acuerdo con “El Tiempo”, 23 mensajes de Miguel Uribe para aumentar su resguardo no fueron atendidos por esta oficina dependiente del Ministerio del Interior y el día del ataque el equipo de seguridad fue rebajado a la mitad de lo usual. A menos de 10 meses de los comicios presidenciales, líderes opositores temen que se repitan los atentados por la infiltración de dinero sucio en instituciones como la UNP y han pedido que sus aparatos de seguridad sean manejados por la policía, en la cual dicen confiar más.
“El primer impacto que tuve cuando supe de la noticia del atentado contra Miguel Uribe fue estremecerme, no solo por saber lo que le habían hecho a él, sino por saber que le podrían haber hecho lo mismo a cualquiera de nosotros”, reconoció la precandidata conservadora y expresentadora de radio y televisión Vicky Dávila al diario “El Tiempo”. Para poner aún más complicada la situación, en marzo del 2026 también habrá comicios legislativos en los cuales participarán más de 3.000 candidatos, así que el desafio de seguridad se duplica debido a que la campaña regional es más intensa y no pocos aspirantes deben pedir incluso permiso a los ilegales para hacer proselitismo.











