Meta y un pago histórico por perjuicio a menores: los cambios que traerá en sus servicios y cuán posible es replicar una demanda así

Meta acordó el pago de 16.700 millones de dólares para dar final a un gigantesco litigio iniciado por autoridades estatales de EE.UU. que acusaban a la empresa tecnológica de haber diseñado servicios como Facebook e Instagram de forma deliberadamente adictiva, perjudicando la salud mental de niños y adolescentes. Se trata de la indemnización más alta en la historia de la compañía y es también una cifra récord para el sector tecnológico.

La resolución deberá ser aprobada por un juzgado federal en Oakland (California) y como parte de esta la compañía se comprometió a introducir restricciones al uso de sus plataformas entre los menores para salvaguardar su bienestar.

La demanda federal original fue entablada en el 2023 de forma colectiva por 29 estados -entre los que se encuentran California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey- ante el citado tribunal de Oakland, mientras que otros 18 estados y gobiernos subnacionales se sumaron posteriormente o presentaron demandas individuales en otros juzgados. En total, 51 estados y territorios abrieron procesos contra el gigante tecnológico.

Rob Bonta, fiscal general del estado de California, señaló que el gigante tecnológico “aceptó hacer grandes transformaciones que reducirán el riesgo de causar daño” y que estas modificaciones deberán introducirse en los próximos meses.

Por su parte, la firma indicó en su blog que desea “garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva” mientras hacen uso de sus plataformas y que con esta finalidad están “ampliando sus esfuerzos de larga data para empoderar a los padres” y dar apoyo a los menores.

Meta inicialmente argumentó que generaba tal afectación a los menores porque no había una definición clara en salud para “la adicción a las redes”, pero terminó dando marcha atrás. De no haber llegado a un acuerdo, la sumatoria de las demandas habría podido llegar a indemnizaciones superiores a los 200.000 millones de dólares según los estados demandantes.

Solo Virginia recibirá US$ 353 millones, según reveló el fiscal general del estado, Jay Jones. Texas no formaba parte de la demanda original, pero Meta pactó con este vasto territorio una compensación de 1.000 millones de dólares.

La reciente reparación pactada por Meta y las autoridades de Estados Unidos pone fin a una historia iniciada en el 2021 tras la aparición de informes periodísticos que advirtieron que la firma sabía que las funciones de sus redes sociales podían afectar a los adolescentes.

ORIGEN Y

PRECEDENTES

1

2021

Setiembre y octubre

Una ingeniera de Meta llamada Frances Haugen filtró documentación a The Wall Street Journal y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. que mostraba que a nivel interno la empresa sabía que el uso de Instagram afectaba la salud mental y percepción corporal de los adolescentes, siendo las mujeres particularmente vulnerables.

2

2023

Octubre

Se presenta en California una demanda por parte de 33 fiscales generales de distintos estados donde se acusa a Meta de haber causado perjuicio a los usuarios jóvenes y contribuido a una “crisis de salud mental” en Estados Unidos. Los denunciantes indicaban que esto se producía a través de funciones altamente adictivas como el ‘scroll’ infinito y las notificaciones frecuentes.

3

2026

Marzo

Meta sufre un importante revés de cara a la jurisprudencia en otro juicio, pues un tribunal de Los Ángeles la declara culpable junto a YouTube de provocar adicción a las redes sociales a una joven a causa de sus características de diseño. La compañía de Mark Zuckerberg —quien tuvo que testificar ante el juzgado— fue a la que se asignó la indemnización más alta a favor de la afectada: cerca de US$ 2,1 millones.

4

2026

Agosto

Un juzgado de Nuevo México impone a Meta una sanción de US$ 567 millones por no advertir los peligros de sus servicios para los menores. El monto se suma a otra multa de US$ 375 millones como parte de este mismo caso en marzo.

Los cambios en camino

El compromiso de Meta la obliga a limitar sustancialmente el funcionamiento de sus servicios entre menores de edad y en su comunicado la firma hizo “un llamado” a TikTok y YouTube para que se unan a estas reformas de sus servicios.

La firma de Silicon Valley asegura que tras la aprobación judicial del acuerdo los nuevos sistemas de control y protección “se aplicarán automáticamente a los menores de 18 años en Instagram y Facebook” y que los padres tendrán la posibilidad de gestionar muchas de las funciones disponibles. Los nuevos términos de uso estarán vigentes a lo largo de la próxima década.

En primera instancia, los cambios establecerán controles de verificación más estrictos para evitar que los menores de 13 años, edad mínima para el uso de redes sociales en EE.UU., creen cuentas o accedan a contenido no apto para su rango etario.

Asimismo, las redes de Meta pasarán a tener un límite de tiempo de uso establecido por los tutores, el cual únicamente podrá ser desactivado con permiso de estos últimos.

A esto se suma un modo nocturno predeterminado, una suerte de toque de queda digital que limita la mayor parte de las funciones entre la medianoche y las 6 a.m., y un modo escolar en el que las notificaciones estarán silenciadas por defecto desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m.

Otra modificación sustancial es que los servicios de la empresa dejarán de presentar la opción de “me gusta” y los filtros estéticos o de maquillaje extremo. Los usuarios jóvenes tendrán la potestad de elegir de forma predeterminada tener un ‘feed’ que no esté personalizado por el algoritmo y también de desactivar la reproducción automática de contenidos.

Medidas adicionales serán mantener por defecto como privadas las cuentas de adolescentes en Instagram y Facebook, además de brindar herramientas para que los mismos menores denuncian la presencia de contenido dañino en las plataformas.

¿Precedente replicable?

Jorge Valencia Corominas, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, califica como “un gran triunfo de protección a los derechos de los niños” el reciente acuerdo de indemnización entre Meta y los gobiernos locales estadounidenses.

“Veo este tema como parte de una lucha global, pues el mundo está preocupado por el acceso de los niños y adolescentes a este tipo de plataformas, que pueden causar daño. No podemos decir que el acceso al mundo globalizado de comunicaciones esté mal, pero sí que el exceso de uso y la adicción de los menores de edad son obviamente negativos”, comenta el especialista en derecho infantil, familiar y de interés digital.

El docente universitario recuerda que como parte de esa atención sobre el tema se han sucedido iniciativas legislativas como la prohibición de redes sociales a menores de 15 años en Francia y otras medidas similares en países como Reino Unido, España y Grecia.

Dentro de ese contexto, Australia fue el primer país occidental en establecer restricciones de gran envergadura a las redes sociales al prohibirlas a los menores de 16 años en diciembre del año pasado.

Inspirado en la regulación de la nación oceánica, el gobierno británico anunció medidas similares en junio, prometiendo “ir más allá que cualquier otro país” en la protección de la población más joven en materia digital, mientras las autoridades francesas vienen trabajando en su propio proyecto desde enero de este año.

“La misma Comunidad Europea tiene un acta de servicios digitales que fue aprobada en el año 2022, la 2065, que exige a las grandes plataformas mayor responsabilidad respecto a los contenidos y la seguridad para los usuarios, sobre aquellos menores de edad”, comenta Valencia.

Si bien la pertinencia de restringir el uso a los menores ha sido debatida, países como Reino Unido y Australia han defendido la medida basándose en sus propios estudios sobre el impacto de Internet en los menores.

Una reciente investigación del gobierno británico realizada en 309 hogares determinó que los toques de queda digitales nocturnos y la eliminación de aplicaciones entre menores llevaba a que estos mejoraran su sueño, ánimo, concentración y el tiempo que pasaban en familia. No obstante, también se halló que las prohibiciones totales podían generar trastornos sociales.

Al ser consultado sobre la posibilidad de lograr acuerdos reparatorios como el recientemente alcanzado por Meta y las autoridades de EE.UU. en países como el Perú, el abogado explica que este caso no se puede replicar aquí en los mismos términos debido a las particularidades jurídicas del país norteamericano.

Valencia apunta que, específicamente para el caso peruano, hay normativas para el tratamiento de los datos personales, pero que delitos como los que llevaron a la demanda contra Meta “no están tipificados” penalmente y que hay una necesidad de una regulación clara todavía no cubierta.

“Esto ha sido aprobado en Estados Unidos, que tiene un sistema jurídico que permite llegar a acuerdos previos antes de iniciar un proceso judicial, y esto se llama al principio de disposición”, agrega Valencia Corominas.

“Los países latinoamericanos tienen un sistema jurídico basado en la tradición no neorromanista y aquí en el Perú es distinto, porque el sistema jurídico —en este caso penal— sigue en principio oficialidad. Se podría aplicar de manera excepcional el principio de oportunidad, pero en general lo que va a hacer el sistema o un fiscal es la persecución del delito”, agrega el docente de derecho.

Desde la perspectiva de Valencia, el procesamiento de Meta en EE.UU. tiene como uno de sus principales factores de viabilidad el hecho de que se trate de una compañía alojada en el territorio de ese mismo país.

El especialista en derecho infantil reconoce que territorios como la Unión Europea han logrado imponer multas y legislar a favor de los derechos digitales; sin embargo, precisa que el domicilio de las firmas tecnológicas sigue siendo un primer factor que dificulta el procesamiento judicial de estas.

“Aquí habría que tipificar el delito y ver contra quién dirigimos la acción. Tampoco hay que pensar en situaciones muy complejas, porque de repente un caso de este tipo lo podríamos llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasando por la Comisión Interamericana por violación de los derechos de los niños, pero habría que determinar cuál es la vulneración de los derechos que una empresa transnacional está cometiendo”, apunta Valencia.

El abogado señala que la creación de un andamiaje legal apropiado para la protección de los menores en Internet es un esfuerzo multisectorial e integral, que demanda responsabilidades desde diversos frentes, incluyendo el de la responsabilidad parental. En ese sentido, Jorge Valencia refiere que, ante la ausencia de una regulación clara, ese último punto sigue siendo un primer factor de protección ineludible

“Tiene que haber un control de los padres porque los menores de edad están sometidos a la patria potestad: los padres son los responsables del cuidado de sus hijos hasta que alcanzan la mayoría de edad, que en el Perú es a los 18 años”, remata el abogado.