"No negociamos con terroristas": Escucha el podcast de Farid Kahhat

"No negociamos con terroristas". Tal vez haya oído esta expresión en labios de más de un jefe de Estado. Sean democracias representativas o regímenes autoritarios. Sea lo que sea que piense usted respecto a esta máxima, lo que puedo decirle es que como afirmación de hecho es falsa.

La mayoría de gobiernos que han enfrentado a grupos irregulares armados -a los que consideraron en algún momento terroristas- han tendido a negociar con ellos.

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Por ejemplo, entre 1975 y el año 2011 se firmaron 216 acuerdos de paz, 196 de los cuales involucraron a grupos irregulares armados. O sea, organizaciones a los que hasta la víspera los gobiernos que negociaban con ellas consideraban terroristas.

En ese sentido, lo que acabamos de ver en Colombia no es una novedad. ¿Por qué gobiernos que se plantean el objetivo de no negociar con organizaciones a las que califican como terroristas terminan haciéndolo?

Para responder a esta pregunta podríamos remitirnos a lo que está ocurriendo en Doha, Qatar, en este momento, donde el gobierno de EE.UU. está negociando con el movimiento talibán.

¿Por qué lo hace? Recordemos que el movimiento talibán es el que gobernaba Afganistán en el momento en que EE.UU. invade ese país en el año 2001. Y lo invade precisamente porque el movimiento talibán era sindicado como cómplice de Al Qaeda, el grupo terrorista que orquestó los atentados contra las Torres Gemelas, entre otros objetivos en EE.UU., el 11 de setiembre del 2001.

Por qué Estados Unidos negociaría con un grupo que está vinculado al mayor atentado terrorista jamás cometido en territorio norteamericano. Pues sencillamente porque lo ha combatido 18 años en Afganistán. Y no solo no ha conseguido derrotarlo, sino que hoy en día el movimiento talibán controla más territorio que en cualquier momento en el transcurso de esta guerra.

Luego entonces Estados Unidos negocia con el talibán no porque tuviera vocación de contemporizar con movimientos como este sino sencillamente porque no logró derrotarlo a un costo aceptable para sí mismo.

Ese es el patrón habitual. La mayoría de gobiernos preferirían derrotar por la vía de las armas a movimientos terroristas, pero terminan negociando cuando esto no es un objetivo alcanzable a un costo tolerable para el gobierno en cuestión.

Si bien es común que gobiernos de distintas partes y distinto signo político negocien con organizaciones que califican como terroristas –lo sean o no-, también es común lamentablemente que los acuerdos alcanzados en esas negociaciones se rompan tarde o temprano. Y Colombia es una muestra de las razones para que estos acuerdos no siempre funcionen.

En primer lugar está el hecho de que una vez que el grupo en cuestión se desarma, no hay garantía de que sus militantes no sean asesinados por el gobierno con el cual firmaron el acuerdo o por otros grupos irregulares armados que no abandonaron el uso de la fuerza.

Por ejemplo, en la década del 80 las FARC intentó crear un partido político: la Unión Patriótica. Y 3.000 militantes de la Unión Patriótica fueron asesinados por grupos irregulares armados, sobre todo paramilitares, algunos de los cuales tenían vínculos con sectores del gobierno. Incluyendo el gobierno, dicho sea de paso, de Álvaro Uribe en su momento.

Por eso las FARC desistió del intento, en la década del 80, de insertarse en el sistema político colombiano.

La segunda razón por la que estos acuerdos suelen fracasar es que una vez desarmado el movimiento, incluso si sus milicianos no son exterminados, qué garantía hay de que el Gobierno que hizo ciertas concesiones bajo la presión de las armas mantenga su compromiso de llevarlas a cabo ahora que su enemigo se desarmó.

Por ejemplo, distribución de tierras entre ex milicianos de las FARC y campesinos, tierras que muchas veces fueron tomados a la fuerza por grupos paramilitares luego de que el gobierno ha cesado de estar bajo la presión de un grupo irregular armado. Por no mencionar otros componentes del acuerdo.

Según algunos cálculos, cerca de 150 militantes de las FARC fueron asesinados desde que se desarmaron en el 2016. El problema obvio es -y eso ayuda a explicar en buena memoria que un sector minoritario pero no insignificante de las FARC volviera a las armas- que no se cumplen los acuerdos pactados. O cuando menos no se cumplen con la celeridad establecida en los términos acordados. Y eso explica que muchas veces, en todo o en parte, los grupos que firman estos acuerdos retomen el uso de la fuerza.

Solo para dar un dato que va más allá del caso colombiano: según una fuente, entre 1945 y el año 2009, en 103 conflictos armados internos, solo en 44 de esos casos la paz se mantuvo luego de llegar a un acuerdo. En el resto de casos los acuerdos se rompen en los años siguientes a su suscripción. Lamentablemente, en ese sentido, lo que ha pasado en Colombia no es una novedad.

Ni es una novedad que un gobierno democráticamente elegido firme un acuerdo de paz con un grupo que usó al terrorismo como táctica. Ni es una novedad que estos acuerdos no lleguen a cumplirse y por ende en más de la mitad la violencia se retome al cabo de un tiempo.