(Foto: EFE)
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Virginia Rosas

A 100 días de su salida definitiva de la Unión Europea, Gran Bretaña está atrapada en un callejón sin salida, resultado de la gran irresponsabilidad de algunos de sus políticos que, atacados súbitamente por la corriente nacional populista que recorre el mundo, despertaron en los electores las nostalgias de un imperio definitivamente sepultado a mediados del siglo XX.

El acuerdo –trabajado durante 18 meses por la primera ministra Theresa May con la UE– hace agua por todos lados, empezando por su propia familia política –los conservadores– que le quitaron la confianza el 12 de diciembre, y por Bruselas, que le señaló claramente que no habrá más negociaciones. El  está previsto para el 29 de marzo del 2019 y punto.

Ante este ‘impasse’, cada vez cobran más fuerza las voces que reclaman un nuevo referéndum en el que los electores –a diferencia de la consulta popular del 23 de junio del 2016– estén más informados sobre las consecuencias del voto.

Según las encuestas, un 45% de los británicos desea un nuevo referéndum, mientras que el 35% se opone. A esta demanda se suman dos ex primeros ministros: Tony Blair y John Major, gran parte de los diputados laboristas y parte de los conservadores. Además de los independentistas escoceses y un largo etcétera. Y si el referéndum se realizara, el 55% votaría por seguir formando parte del grupo.

May, que tiene pocas habilidades políticas y una obstinación a toda prueba, se opone a esta propuesta porque, según sus palabras, resulta peligrosa para la democracia británica, en un país profundamente fracturado por el Brexit.

No se sabe bien de qué democracia habla. Si se trata de la de las urnas habría que señalar que los británicos fueron a votar en medio de una campaña de mentiras en la que primaba el tema de la inmigración y el del financiamiento de la salud. Uno de los principales instigadores del Brexit, Boris Johnson, que pasará a la historia de la infamia, prometía que saliendo de la UE se desembarazaban de los problemas –la libre circulación de ciudadanos del grupo de los 28– y se conservaban las ventajas comerciales.

Cuando en marzo del 2017 Theresa May activó el procedimiento de salida, no tenía la menor idea de lo que se le vendría encima. Creía que podía impedir la libre circulación de ciudadanos de la UE, pero seguir manteniendo el libre acceso al mercado europeo. Cuando los 27 tomaron la decisión unánime de rechazar sus pretensiones, May no fue capaz de explicar las consecuencias económicas y territoriales que tendría un divorcio a la mala.

Para comenzar, la exacerbación del separatismo escocés y el lío de la frontera abierta con la República de Irlanda, que permanece en la UE. Sin mencionar que la economía británica es una de las más dependientes de los trabajadores provenientes de Europa Central y del Este.

Quedaría por decidir las preguntas de este supuesto nuevo referéndum. ¿Volver a la cuestión inicial de salir o quedarse? ¿Preguntar a los electores si están a favor o en contra del plan negociado por May? O presentar tres opciones en la cédula de votación: 1)Aprobar o no el acuerdo de May, 2) Un Brexit sin negociación alguna, o 3) Quedarse en la UE.

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