Odebrecht: Cómo reaccionaron los países de la región

Hace un mes que una gran alcantarilla se ha destapado en América Latina, emanando un hedor que se ha expandido e impregnado, como nunca antes se ha visto, en al menos 10 países de manera simultánea. El 21 de diciembre, día en que se abrió la alcantarilla, a las 12:20 p.m. el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que multó a la constructora brasileña Odebrecht con US$2.600 millones, luego de que esta reconociera que utilizó el sistema financiero estadounidense para pagar US$788 millones en sobornos a políticos y funcionarios latinoamericanos. 

El Caso Odebrecht ha revelado que si hubo algo constante en nuestra región en la última década, han sido los sobornos sistemáticos de esta compañía brasileña, que no se guiaron necesariamente por preferencias políticas [Venezuela, después de Brasil, es el país que más sobornos ha recibido] sino por un afán comercial: Odebrecht reconoció que sobornó para ganar más de 100 obras entre el 2001 y el 2016, a través de una sofisticada red de testaferros y de empresas ‘offshore’. Con ello, obtuvieron ganancias superiores a los US$3 mil millones. 

El Caso Odebrecht también ha servido como un mecanismo de medición para comparar cómo han reaccionado los países involucrados frente al escándalo. El mismo 21 de diciembre, las fiscalías de Panamá, el Perú, República Dominicana y Ecuador, así como el gobierno de Colombia, anunciaron que iban a pedirle información a Estados Unidos. Al día siguiente, la fiscalía ecuatoriana allanó las oficinas de Odebrecht en Guayaquil.  El 23 de diciembre, en Colombia se informó que ya tenían identificado al primer funcionario corrompido. 

También hubo acciones más tardías: el 23 de diciembre la Secretaría de Función Pública de México, abocada a investigar casos de corrupción de funcionarios, anunció el inicio de una investigación. Pero hasta el momento no hay más novedades, más allá de ese anuncio. Lo mismo dijo ese día la fiscalía de Guatemala y añadió que iba a solicitar información a la justicia estadounidense. En Venezuela y Argentina, en cambio, no hubo mayores reacciones.

En el caso venezolano, el Congreso, controlado por una mayoría opositora, dijo que, en respuesta a la inacción del oficialismo, iba a investigar los sobornos de Odebrecht, los cuales se dieron entre el 2006 y el 2015 durante el gobierno de Hugo Chávez y parte de la gestión de Nicolás Maduro.

En Argentina, donde Odebrecht reconoce que pagó sobornos entre el 2007 y el 2014, época del gobierno de Cristina Fernández, tampoco ha habido una actuación concreta de la fiscalía ni del Poder Ejecutivo para esclarecer estos hechos. 

En los últimos días, en Argentina el caso más sonado ha sido la transferencia de US$600 mil dólares en el 2013 a Gustavo Arribas, el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, por parte de un operador financiero de Odebrecht a través de una ‘offshore’.

El presidente Mauricio Macri defendió a Arribas y explicó que este pago se hizo porque le compró un departamento al operador de la constructora cuando vivía en Brasil. Al menos dos legisladoras de la oposición han pedido investigaciones. A Macri, quien el 11 de enero inauguró una obra de Odebrecht en Córdova, también le ha salpicado el caso: su primo Ángel Calcaterra, dueño de Iecsa, una de las constructoras más importantes de Argentina, se ha asociado en varias ocasiones con esa empresa.

En Ecuador, en tanto, la oposición acusa al presidente Rafael Correa de utilizar el Caso Odebrecht para atacar a sus rivales electorales, dado que este 19 de febrero hay comicios generales. El alcalde de Quito, el opositor Mauricio Rodas, ha denunciado ante la OEA a Correa por “persecución política”.  “Es evidente que lo que Correa pretende es afectar a la oposición, específicamente a la alianza que formamos con Guillermo Lasso, el candidato opositor con mayores posibilidades”, ha dicho Rodas.

Correa –quien no se presenta como candidato, aunque el oficialismo está representado por el ex vicepresidente  Lenín Moreno– acusa al alcalde de ser cercano a un empresario que presuntamente se habría beneficiado con una obra en Quito. “Esperamos que EE.UU. publique rápido los nombres de corruptos con pruebas pertinentes. Sin embargo, en Ecuador las investigaciones avanzan”, dijo el presidente. 

—Detenidos y devoluciones—

Colombia, y recientemente el Perú, son los únicos países de la región que han empezado con las detenciones de funcionarios implicados en estos sobornos. La fiscalía colombiana detuvo el 12 de enero al ex viceministro de Transportes Gabriel García, a quien se lo acusa de recibir US$6,5 millones de Odebrecht por la construcción de una carretera. El 14 de enero, el ex senador Otto Bula fue arrestado al ser vinculado con un pago de US$4,6 millones con el fin de asegurar una licitación para la empresa brasileña. 

En el Perú se habría repetido el mismo modus operandi: Odebrecht habría sobornado al ex viceministro del sector Transportes y Comunicaciones Jorge Cuba [hoy prófugo de la justicia] para hacerse de la licitación de la línea 1 del metro de Lima. A cambio, Cuba, según la fiscalía, recibió una coima de más de US$8 millones. El que sí está detenido es Edwin Luyo, quien formó parte del comité que escogió a Odebrecht para que haga el metro.  

Las fiscalías de Panamá y República Dominicana son las únicas que han logrado que Odebrecht se comprometa a devolver el íntegro de los sobornos [aunque en el caso dominicano, la empresa entregará US$92 millones más en compensación]. En el Perú, Odebrecht ha dicho que devolverá de manera preliminar US$8 millones, de un total de US$29 millones que reconoce que sobornó.

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