La canciller colombiana Laura Sarabia presentó su renuncia el jueves 3 tras señalar “diferencias” con el presidente Gustavo Petro, lo que marca un nuevo episodio de inestabilidad en el primer gobierno de izquierda del país, donde más de 50 ministros han dejado sus cargos en menos de tres años.
Sarabia, considerada una de las funcionarias más cercanas a Petro desde su campaña presidencial, aseguró en una carta que en los últimos días se tomaron “decisiones que no comparto y que, por coherencia personal y respeto institucional, no puedo acompañar”. El mensaje lo compartió también en redes sociales.
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MIRA: Colombia: canciller Laura Sarabia renuncia por diferencias con el Gobierno de Gustavo Petro
— Laura Sarabia (@laurisarabia) July 3, 2025
La controversia del contrato que desató la crisis
La salida de la canciller ocurre mientras el Gobierno decide el futuro del millonario contrato para la fabricación de pasaportes, un proceso que ha desatado una intensa controversia política en el país.
“Todo funcionario público se enfrenta a una dificultad: una cosa es defender los intereses del gobierno y otra cosa es defender los intereses del Estado”, explicó Rafael Piñeros Ayala, internacionalista y docente de la Universidad Externado de Colombia, sobre el dilema que enfrentó la excanciller.
El conflicto sobre los pasaportes comenzó a finales del 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva suspendió el contrato con Thomas Greg & Sons, la empresa que fabricaba los pasaportes desde hace 17 años, al considerar que en la última licitación no hubo libre competencia.
De acuerdo con el internacionalista, Thomas Greg tiene numerosos contratos con el Estado en sectores como seguridad, software y, entre otros, la producción de pasaportes. En algunos de ellos se han presentado diferencias con las entidades públicas. Con la llegada de Álvaro Leyva como canciller, se decidió no renovar una licitación que, según los términos de referencia, parecía hecha a la medida de la compañía. Sin embargo, ninguna otra empresa mostró interés en participar.
Momento en que María José Pizarro pone la banda presidencial sobre Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022.
“Desde entonces, llevamos casi tres años de disputas legales, recursos ante la justicia, negociaciones truncas y desacuerdos que no se han resuelto”, señala el experto a este Diario.
Sin embargo, “el gobierno de Petro ha alimentado la idea, casi desde sus inicios, de que la empresa se beneficia indebidamente, aunque eso no es necesariamente cierto”, acota.
Ante la falta de acuerdo con la compañía, que demandó al Estado colombiano por 117.000 millones de pesos (unos 29,3 millones de dólares), el gobierno ha cambiado en varias ocasiones de postura sobre quién debe asumir la producción de los documentos, esenciales por los altos estándares de seguridad que exigen organismos internacionales.
“La producción de pasaportes no es algo que pueda hacer cualquier empresa. Requiere un manejo especial de la información personal y altos estándares de seguridad reconocidos internacionalmente”, advirtió Piñeros, quien subrayó que son pocas las compañías que cumplen estos requisitos.
El también docente explica que Colombia es un país de migrantes, con más de 4 millones de ciudadanos viviendo en el exterior y cientos de miles que viajan cada año. Si los pasaportes no cumplen estos requisitos, podrían surgir problemas para que los colombianos ingresen a otros países.
Sarabia, quien había anunciado el 24 de junio que se debía invocar una tercera urgencia manifiesta para celebrar un contrato con Thomas Greg debido a que aún no existía la infraestructura necesaria para que la Imprenta Nacional asumiera la tarea, quedó desautorizada cuando el jefe de Gabinete, Alfredo Saade, anunció días después un acuerdo con una empresa portuguesa.
“La Imprenta Nacional es responsable de documentos oficiales, pero no tiene la capacidad ni el equipamiento necesario para fabricar pasaportes electrónicos con los estándares de seguridad requeridos”, dice Piñeros.
El experto señala que se planteó un consorcio con la Casa de la Moneda de Portugal, pero no avanzó porque el Estado colombiano no contaba con la tecnología ni con los recursos para implementarlo.
“En la práctica, cortar el contrato actual implicaría quedarse sin quién produzca los pasaportes, pues no hay una alternativa lista”, apunta el especialista.
Laura Sarabia. (Foto: Cristian Garavito. Presidencia de Colombia)
Un conflicto que expone pugnas en el gobierno de Petro
La crisis se agrava por los enfrentamientos de Sarabia con Armando Benedetti, actual ministro del Interior y figura clave en la campaña de Petro, a quien la excanciller denunció penalmente por supuesto hostigamiento y quien arrastra investigaciones por corrupción y violencia de género.
Medios locales señalan que la llegada de Benedetti al gobierno ha generado tensiones con otros altos funcionarios, incluida la vicepresidenta Francia Márquez, y ha provocado la salida de varios ministros.
Sarabia, de 30 años, ha pasado la parte más importante de su vida pública junto a Petro, a quien acompañó como jefa de gabinete, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y como titular de la Cancillería desde enero pasado.
No es la primera vez que Sarabia abandona el gobierno de Petro: en junio de 2023 renunció como jefa de gabinete tras el escándalo por la denuncia de su niñera, quien la acusó de haberla sometido a una prueba de polígrafo después de que desapareciera un maletín con dinero en su casa.
Para Piñeros, la renuncia de Sarabia “es tal vez el resultado de múltiples discrepancias que se venían manifestando y que finalmente la llevaron a tomar esta decisión”.
“Nunca fue una defensora acérrima [del petrismo], pero sabía cómo, desde el discurso político, hacer lo que le pedían, sabía qué era lo que tenía que hacer y se enfocaban en ello”.
La inestabilidad en la cúpula del Ejecutivo podría dificultar la gobernabilidad y el avance de proyectos clave para el presidente, que en los últimos días ha denunciado una supuesta conspiración en su contra liderada por su excanciller Leyva.
