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La crisis migratoria de Ceuta parecía haber perdido fuerza después de la llegada masiva de unos 72.000 migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. Sin embargo, cinco semanas después, el episodio volvió al centro del debate político español. Esta vez no por una nueva oleada, sino por las dudas que todavía persisten sobre lo ocurrido, las protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el papel que pudo haber desempeñado Marruecos.
El miércoles 2, miles de personas participaron en manifestaciones en distintas ciudades españolas para reclamar soluciones a la situación de Ceuta y cuestionar la gestión del Ejecutivo. Según señala la BBC, las movilizaciones fueron impulsadas principalmente desde municipios donde el Partido Popular (PP) y Vox tienen presencia, y en Madrid participaron más de 50.000 personas, según cifras del Gobierno. Los manifestantes también reclamaron la dimisión de Sánchez.
En Ceuta, la protesta estuvo acompañada de consignas como “Ceuta no está en venta”, mientras que desde la oposición se acusó al Ejecutivo de haber actuado tarde frente a la llegada masiva. La BBC señala que los residentes de la ciudad autónoma mantienen protestas casi diarias debido a la presencia de miles de migrantes que permanecen allí.
De acuerdo con AP, alrededor de 5.000 personas continúan en Ceuta, entre ellas unos 1.200 menores, aunque las autoridades locales manejan una cifra superior. La situación representa un desafío para una ciudad de menos de 85.000 habitantes y mantiene abierta la discusión sobre cómo gestionar el retorno de los menores y de otros migrantes.

A ello se suma la incertidumbre sobre las circunstancias que permitieron el cruce masivo. La agencia AP señala que, cinco semanas después, todavía no está claro cómo unas 72.000 personas pudieron atravesar en tan poco tiempo la frontera entre Marruecos y el enclave español. El Gobierno de Sánchez sostiene que la movilización estuvo impulsada por la desinformación en redes sociales y una mala interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo.
Sin embargo, el papel de Marruecos continúa siendo uno de los principales puntos de controversia. Según la BBC, un informe policial español señaló una “permisividad total” de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la llegada de migrantes. El documento menciona que el despliegue policial en torno a la frontera era menor de lo habitual y recoge testimonios de personas que describieron una actitud pasiva de los agentes.
Sánchez ha rechazado que existan pruebas de que el Gobierno marroquí haya organizado o ejecutado la entrada masiva. AP también señaló que el presidente aseguró ante los legisladores que ninguna institución española, europea o internacional había entregado evidencias sólidas que demostraran una planificación por parte de Rabat. Al mismo tiempo, reconoció que la gendarmería marroquí permitió el cruce durante unas 10 horas el 30 de julio, cuando las entradas alcanzaron su punto máximo.
La aparente contradicción entre ambos elementos es precisamente uno de los problemas que enfrenta el Ejecutivo.

El dilema de Sánchez
Para Enrique Banús, politólogo español radicado en Perú, la posición de Sánchez debe entenderse a partir del acercamiento que España emprendió hacia Marruecos en los últimos años, especialmente después del cambio de postura de Madrid respecto al Sáhara Occidental.
El analista considera que la publicación del informe policial coloca al presidente del gobierno español en una situación particularmente complicada. “No creo que sea una actitud de prudencia, sino simplemente que no sabe qué hacer”, sostiene Banús, quien considera que una acusación frontal contra Rabat podría poner en riesgo el acercamiento diplomático construido por Sánchez.
Añade que el problema es que Marruecos posee capacidad para influir sobre los flujos migratorios hacia Ceuta y Melilla. Banús recuerda que un segundo llamado para intentar una entrada masiva, difundido posteriormente en redes sociales, pudo ser contenido por las autoridades marroquíes. “Marruecos tiene capacidad para blindar la frontera. Ahora, que lo haga o no depende de la voluntad política”, afirma.
Esto coloca a Madrid ante un delicado equilibrio. Una confrontación abierta con Rabat podría perjudicar la cooperación migratoria, mientras que una postura excesivamente cautelosa puede alimentar las críticas internas contra Sánchez.

De hecho, el gobierno español ha intentado separar ambos asuntos. EFE señala que Sánchez defendió ante el Congreso una política de “buena vecindad” con Marruecos y aseguró que no pretende iniciar un conflicto diplomático sin “hechos sólidos” que demuestren la participación de un tercer Estado.
Pero el episodio también ha devuelto al debate la histórica disputa territorial. Marruecos mantiene reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles ubicados en el norte de África y que constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.
Según El País, Rabat ha vuelto a llevar la crisis hacia el terreno de la soberanía. Para Banús, esa reivindicación no representa una novedad, pero sí demuestra que Marruecos mantiene una política exterior de largo plazo respecto a los territorios.
Francisco Belaúnde, analista internacional, coincide en que la cuestión territorial permanece latente. A su juicio, el problema migratorio puede terminar convirtiéndose en una crisis diplomática si las dudas sobre la actuación marroquí persisten.
“El tema de Ceuta y Melilla es típico de Marruecos: está latente y no aparece totalmente, pero cuando ocurre ese tipo de incidente resurge”, explica.

Una crisis con costo electoral
El otro frente complejo para Sánchez está dentro de España. Las manifestaciones del miércoles muestran que la inmigración volvió a convertirse en un asunto capaz de movilizar a sectores importantes de la sociedad y de alimentar el discurso de la oposición.
Belaúnde considera que el episodio puede beneficiar especialmente al PP y Vox, que han endurecido sus posiciones sobre inmigración y seguridad al utilizar lo ocurrido en Ceuta para atacar al gobierno.

De hecho, la oposición no dejó pasar este acontecimiento para cuestionar al presidente del gobierno español. Según AP, durante la comparecencia de Sánchez ante el Congreso, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular de centroderecha señaló: “Ceuta no sufrió una crisis migratoria, fue una invasión que continúa, lo dijo usted mismo”. Asimismo, dirigiéndose a Sánchez dijo “diagnosticó un ataque contra la integridad territorial de la nación, y acto seguido se largó”.
Belaunde también advierte que el problema puede adquirir una dimensión electoral. Las próximas elecciones municipales y regionales aumentan la preocupación dentro del PSOE por el impacto que la crisis podría tener en determinados territorios.

Banús coincide en que las protestas representan un problema político para Sánchez, especialmente porque algunas voces vinculadas al propio Partido Socialista han tomado distancia de la gestión gubernamental. Para el analista, la situación puede favorecer el crecimiento del voto más radical y antimigratorio.
Sin embargo, la crisis no necesariamente apunta hacia una ruptura inmediata entre España y Marruecos. Banús considera poco probable una escalada fuerte en el corto plazo y apuesta por un escenario de tensión controlada. “No creo que ahora haya inmediatamente escaladas fuertes porque no les conviene”, afirma. En su opinión, lo más probable es un “tira y afloja” acompañado de episodios menores y una constante guerra de declaraciones.

Belaúnde también considera que la evolución dependerá en buena medida de la voluntad de Rabat. Marruecos tiene capacidad para reforzar el control fronterizo y evitar nuevos episodios de gran magnitud, pero la decisión de hacerlo dependerá de sus intereses y de la relación que mantenga con Madrid.
Así, más de un mes después de la oleada migratoria, Ceuta continúa siendo un problema abierto para Sánchez. La emergencia humanitaria inicial dio paso a una discusión sobre el control de las fronteras, el papel de Marruecos y la soberanía de los enclaves españoles. Mientras el Gobierno intenta evitar una confrontación diplomática con Rabat, las protestas muestran que el costo político de la crisis todavía no ha terminado.
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