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Desde este viernes 11, millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos deben tomar una complicada decisión: inscribirse en un nuevo registro federal impuesto por el gobierno de Donald Trump, lo que los pondría en la mira de las autoridades para su deportación, o exponerse a sanciones que incluyen la cárcel. La medida ha desatado una ola de preocupación entre las comunidades migrantes, mientras los tribunales evalúan la posibilidad de frenar su implementación.
¿De qué trata todo esto? El llamado “Requisito de Registro de Extranjeros”, anunciado en marzo por la administración Trump, exige a todos los extranjeros indocumentados mayores de 14 años que han permanecido más de 30 días en el país registrarse a través del sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Los menores tendrán que ser inscritos por sus tutores, aunque en ese caso no se les tomarán las huellas dactilares.
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El proceso implica, además, proporcionar datos personales como lugar de residencia, fecha de ingreso al país y antecedentes penales; así como la toma de las huellas dactilares. Se exige también llevar en todo momento un comprobante de registro. Quienes no cumplan podrían enfrentar sanciones más severas que la actual falta civil por estar indocumentados.
El gobierno ha justificado sus acciones amparándose en una ley creada durante la Segunda Guerra Mundial: la Ley de Registro de Extranjeros (también conocida como Ley Smith), promulgada el 28 de junio de 1940. Esta norma legal surgió en medio de un creciente temor hacia los inmigrantes y los agitadores políticos en los primeros días de la guerra. Los requisitos actuales provienen de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952.
En el 2001, tras los atentados del 11 de setiembre, se estableció el Sistema de Registro de Entradas y Salidas de Seguridad Nacional, el cual requería que todos los hombres no ciudadanos mayores de 16 años de 25 países —todos ellos de mayoría árabe o musulmana, salvo uno— se registraran ante el gobierno de Estados Unidos. El programa no condujo a condenas por terrorismo, pero llevó a más de 13.000 personas a procedimientos de deportación. Fue suspendido en el 2011 y disuelto en el 2016.
Sin embargo, de acuerdo a la agencia de noticias AP, los expertos señalan que a lo largo de las décadas el requisito de registro rara vez se ha aplicado.
En este nuevo proceso, no registrarse o no presentar un comprobante válido podría conllevar sanciones civiles de hasta US$5.000, prisión de hasta seis meses o ambas. Estas mismas sanciones civiles y cargos por delitos menores se extienden a los padres o tutores de los menores que no se registren. La norma también incluye sanciones penales para quienes no informen un cambio de domicilio dentro de los diez días posteriores a la mudanza, si el extranjero estuvo sujeto al proceso de registro.
No se trata de un nuevo requisito
Gustavo Arévalo, profesor de derecho internacional de la Universidad de Lima, señala a El Comercio que “esta orden ejecutiva del presidente Trump, en estricto sentido, no está imponiendo un nuevo requisito migratorio, lo que está haciendo es ejecutar una ley antigua, que ha sido aprobada por el Congreso de Estados Unidos”.
El docente considera que el gobierno federal actual, por muy criticado que sea, tiene dentro de sus facultades regular una ley. “Que la política hacia el migrante haya cambiado, sí, es lamentable, pero está dentro de los márgenes legales”, señala.
Además, considera totalmente comprensible la angustia y zozobra que pueden sentir los inmigrantes afectados ante esta situación. “Hay argumentos de abogados migratorios que consideran que este registro podría violar la Quinta Enmienda, que protege contra la autoincriminación. Y es comprensible: si soy indocumentado y me registro voluntariamente, pues reconozco haber entrado irregularmente y facilito mi ubicación”, comenta a este Diario.
De acuerdo con especialistas consultados por la agencia de noticias EFE, el requisito vulnera la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege contra la autoincriminación, es decir, de verse obligadas a entregar información que pueda ser utilizada en su contra en un proceso legal.
Cabe tener en cuenta que la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU. protege a todas las personas —no solo ciudadanos— de ser forzadas a declarar en su contra, lo que incluye no tener que entregar voluntariamente información que pueda incriminarlas.
Sin embargo, Arévalo explica que, desde el punto de vista jurídico, la Ley Federal de Registro establece que toda la información es confidencial y no puede utilizarse para procesos criminales. Ello en teoría debería ofrecer cierto nivel de protección a los afectados.
“El problema es cómo se aplica en la práctica. Dado el carácter hostil del actual gobierno hacia la migración irregular, es válido temer que esta información se use para acelerar deportaciones. A eso se suma que, si no te registras, enfrentas multas y hasta cárcel. Podría verse como una estrategia de cerco legal para presionar al migrante a autodeportarse”, analiza.
Entre el miedo y la resistencia
“Pues la verdad no sé qué hacer. Por el lado que usted vea, las opciones nos perjudican a nosotros”, dijo a EFE Carlos Cifuentes, un indocumentado que vive en Estados Unidos desde hace más de 15 años.
Mientras algunos migrantes consideran acatar la medida por miedo a sanciones, abogados de inmigración y organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho un llamado a no participar en el registro.
“No, no hay que inscribirse. Esa orden ejecutiva de Trump es inconstitucional”, ha advertido el abogado de inmigración Alex Gálvez a la citada agencia internacional.
Organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, la Unión de Trabajadores Agrícolas y CASA han señalado que esta norma expone a millones de personas a posibles abusos y persecuciones.
Cuatro organizaciones comunitarias presentaron una demanda ante un tribunal federal en Washington para bloquear la medida. En la audiencia celebrada el martes último, el juez Trevor McFadden, designado por Trump, se mostró receptivo a los argumentos de los demandantes.
La querella señala que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incumplió los procesos establecidos, al implementar una medida de este alcance sin someterla a consulta pública.
Ahora, ¿puede un tribunal frenar esta medida? Arévalo cree que es difícil. “En el fondo, no se está violando la ley. Lo que se ha hecho es reactivar una norma ya existente, aplicándola ahora de manera más estricta, algo que no se venía haciendo en los últimos años. Por tanto, no se puede hablar de un nuevo requisito. La orden ejecutiva está actuando dentro del marco legal, ya que no requiere aprobación del Congreso: la ley en la que se basa fue aprobada por el Legislativo en su momento”, expresa.
“Desde mi perspectiva, la única posibilidad real de frenar esta medida sería que el propio Congreso —controlado en su mayoría por el Partido Republicano— decida modificar la ley, lo cual está dentro de sus atribuciones. Pero que un juzgado federal logre bloquearla me parece poco probable”, puntualiza.
Una política de cerco más amplia
El plan de registro se enmarca en una política migratoria más amplia del gobierno de Trump, que incluye iniciativas como el acceso a información del IRS sobre declaraciones fiscales de inmigrantes. Para activistas y expertos, esto marca una peligrosa expansión del aparato de control sobre los migrantes.
“Esta norma es una invitación al abuso generalizado”, señaló Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración. La organización, junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), lidera la defensa legal contra la nueva exigencia.
La incertidumbre reina en los hogares de millones de personas que llevan años construyendo sus vidas en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular. La pregunta para todos ellos sigue latente: ¿protegerse entregando su información o resistir con el riesgo de ser detenidos?
“No hay que alimentar el miedo que esta administración quiere imponer. Hay que luchar y mantenerse informado”, insistió el abogado Gálvez.
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