(Foto: Reuters)
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Virginia Rosas

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Cuando Estados Unidos anunció que retiraba a sus tropas de Siria, las fuerzas kurdas sirias –que habían combatido contra el autodenominado (EI)– quedaron desprotegidas y debieron emprender la retirada. Incapaces de movilizarse llevando consigo a los prisioneros que custodiaban, decidieron enviarlos a sus respectivos países para ser juzgados de acuerdo a sus leyes.  

La posibilidad de recibir en su suelo a los terroristas que habían cometido atentados tan sangrientos como los del Bataclan o “Charlie Hebdo” no entusiasmaba para nada a los franceses. Según las encuestas, el 89% se mostraba preocupado con el retorno de estos ciudadanos que –pese a haber sido criados y educados según los principios republicanos del país que se jacta de defender los DD.HH.– se habían convertido, por voluntad propia, en enemigos de su propio Estado.






El Gobierno Francés, influenciado por una opinión pública que apoyaba la propuesta de juzgarlos en Iraq (82%), decidió enviarlos a Bagdad, donde son recibidos a cambio de un pago de US$2 millones por cada reo. Cantidad que desembolsa el país de origen que, en resumidas cuentas, decidió ‘tercerizar’ la justicia para evitarse problemas.

Sorprende ahora que París se rasgue las vestiduras porque en Iraq acaban de condenar a muerte a once yihadistas franceses. Nunca fue una novedad que en ese país existiese la pena capital y que esta se ha venido aplicando con regularidad a los combatientes del Estado Islámico.

El tema encierra una gran hipocresía, porque de un lado Francia no puede extraditar a ciudadanos a países que aplican la pena de muerte y, de otro lado, para permitir que los yihadistas sean juzgados en Iraq, París aceptó las leyes iraquíes, cuya soberanía reconoce. Bagdad no se comprometió en ningún momento a otorgar un trato especial a los condenados extranjeros, pues ello equivaldría a aplicar un doble rasero de acuerdo al origen de los procesados. Un principio inaceptable para un país que busca reafirmar su sistema de justicia, tras la derrota del Estado Islámico.

Según el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean Yves Le Drian, los procesos han sido justos y los ciudadanos recibieron la ayuda consular necesaria, pero reconoce que la oposición de su país a la pena de muerte es un principio intangible, desde que en 1981 el entonces ministro de Justicia Robert Badinter la abolió. ¿Cómo sustentar esta falta de coherencia si no es por el exclusivo propósito de complacer a la opinión pública?

Y esto recién comienza. De los 1.700 yihadistas franceses que partieron a Siria, quedan 450 todavía en manos de las fuerzas kurdas. Si todo sigue igual, muchos de ellos pasarán a engrosar las filas de los que esperan en el corredor de la muerte.

Ante la ausencia de empatía de la opinión pública francesa hacia los terroristas del Estado Islámico, es nada menos que la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo la que reclama respeto por los derechos fundamentales de los yihadistas, se opone a la pena de muerte para ellos y pide que sean juzgados por los tribunales franceses. Aquellos que sufrieron en carne propia las consecuencias de la violencia asesina anhelan la victoria contra la barbarie y el oscurantismo.

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