La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este martes dos órdenes de arresto, una contra el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y otra contra el presidente de la Corte Suprema, Abdul Hakim Haqqani, por persecución por motivos de género en Afganistán al menos desde agosto de 2021.
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El tribunal ordenó la detención de ambos líderes, que han ejercido autoridad de facto al menos desde el 15 de agosto de 2021, por considerar que “han cometido, al ordenar, inducir o solicitar” el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género contra niñas, mujeres y otras personas “que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género”.
También son víctimas de la persecución por parte de los talibanes los percibidos como opositores a estas políticas, “incluso de forma pasiva o por omisión”, lo que incluye a quienes fueron descritos como “aliados de niñas y mujeres” y que eran vistos como “opositores políticos”.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, había solicitado la aprobación de estas órdenes de detención el pasado enero, pero los jueces no las respaldaron formalmente hasta este martes, tras meses analizando las evidencias presentadas por la fiscalía.
“Los talibanes han implementado una política de gobierno que ha resultado en graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la población civil afgana, en relación con actos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desapariciones forzadas”, creen los magistrados.
“Si bien los talibanes han impuesto ciertas reglas y prohibiciones a toda la población, han dirigido sus ataques en concreto contra niñas y mujeres por razón de su género”, añaden.
Esta “privación” de derechos y libertades se ha impuesto, en concreto, mediante “decretos y edictos” emitidos por las autoridades.
“Los talibanes han privado severamente a niñas y mujeres de sus derechos a la educación, la privacidad y la vida familiar, así como de las libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión”, subraya la CPI.
Además, otras personas “fueron blanco por manifestar formas de sexualidad y/o identidad de género consideradas incompatibles con la política talibán” sobre el género.
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La CPI cree que estos crímenes se han cometido en el territorio afgano desde la toma del poder por parte de los talibanes el 15 de agosto de 2021 y que han continuado al menos hasta el 20 de enero de 2025.
Para aprobar estas órdenes de arresto, la Sala de Cuestiones Preliminares II tuvo en cuenta “el objetivo más amplio” del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, de “proteger a las poblaciones civiles frente a violaciones graves y sistemáticas de sus derechos fundamentales, especialmente aquellas dirigidas contra grupos vulnerables”.
“La persecución por motivos de género abarca no solo actos directos de violencia, sino también formas de daño sistemático e institucionalizado, incluida la imposición de normas sociales discriminatorias”, señaló la sala.
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