Policías y agentes anticorrupción surcoreanos accedieron este viernes al domicilio del presidente suspendido Yoon Suk-yeol en Seúl para tratar de arrestarlo pese a la presencia de sus seguidores, constataron periodistas de AFP.
Agentes de la Oficina de Investigación de la Corrupción, encargada de la causa contra Yoon por declarar brevemente una ley marcial el 3 de diciembre, accedieron a través de las barricadas de seguridad a la residencia del presidente para intentar detenerlo.
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“Ha empezado la ejecución de la orden de arresto contra el presidente Yoon Suk-Yeol”, afirmó este organismo.
Suspendido ya de sus funciones por la Asamblea Nacional y con su destitución en manos del Tribunal Constitucional, Yoon puede convertirse en el primer presidente en el cargo en ser arrestado en la historia de Corea del Sur.
El dirigente conservador, antes un célebre fiscal en el país, lleva encerrado en su residencia desde que la justicia aprobó la orden de detención en su contra a principios de semana.
Desde su encierro, Yoon prometió combatir a las autoridades que buscan detenerlo e interrogarlo por haber declarado la ley marcial y haber enviado al ejército a la Asamblea Nacional.
No está claro si el servicio de seguridad del presidente, que todavía lo protege como jefe de Estado, facilitará su detención. Previamente, sus miembros habían bloqueado varios intentos de registro en las dependencias presidenciales.
La zona está acordonada por un importante dispositivo policial. En los alrededores de la residencia están concentrados cientos de partidarios de Yoon, algunos de los cuales pasaron allí toda la noche.
En medio de un fuerte despliegue judicial y mediático, los partidarios del presidente coreaban su nombre y entonaban cánticos como “La orden de captura ilegal no es válida”.
La agencia de prensa local Yonhap asegura que se han desplegado 2.700 agentes y 135 vehículos policiales para evitar enfrentamientos entre los seguidores del presidente y manifestantes de signo contrario presentes también en la zona.
Yoon sumió al país en una grave crisis política al declarar por sorpresa la ley marcial por primera vez en la historia democrática de Corea del Sur en la noche del 3 de diciembre.
Horas más tarde se vio obligado a dar marcha atrás presionado por los diputados opositores mayoritarios en la Asamblea Nacional y por miles de manifestantes que se echaron a las calles.
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Tanto el presidente como algunos de sus colaboradores enfrentan ahora una investigación por “insurrección”, un delito que puede castigarse con cadena perpetua o pena de muerte.
El equipo legal de Yoon presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar bloquear la orden de arresto que consideran “inválida e ilegal”.
Pero el jefe de la oficina anticorrupción, Oh Dong-woon, alertó que si alguien intenta impedir la detención puede ser perseguido judicialmente.
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