El lucro de la muerte en la Filipinas de Rodrigo Duterte
El lucro de la muerte en la Filipinas de Rodrigo Duterte
Rodrigo Cruz

El número de personas asesinadas en Filipinas desde que es presidente es impresionante: más de siete mil homicidios en los últimos siete meses. Mil muertos cada 30 días. 33 en 24 horas. Si usted deja de leer este Diario y lo retoma en 60 minutos, es posible que en Filipinas hayan matado a uno. O dos. Y lo más probable es que la víctima haya sido pobre y que le haya quitado la vida un policía o un desconocido armado. 

También es muy probable que este asesino haya recibido una recompensa económica por la ejecución, y que el dinero haya sido entregado por una autoridad o una funeraria desesperada por conseguir clientes. Son las consecuencias de la “economía de la muerte”, que se ha instaurado en Filipinas, a raíz de la brutal campaña antidrogas que Duterte ha ordenado desde julio del año pasado, con el propósito, según él, de acabar con todos los drogadictos de su país. Así sean millones. 

“Hitler masacró a tres millones de judíos. Ahora hay aquí tres millones de adictos. Me gustaría masacrarlos a todos”, dijo Duterte a dos meses de iniciado su mandato. 

La denuncia de esta economía paralela es de Amnistía Internacional (AI), una ONG de derechos humanos que ha visto escandalizada cómo se extermina a filipinos, en especial de bajos recursos, ante la sola sospecha de que puedan ser consumidores o traficantes de drogas. 

“Si eres pobre, te matan”. Así se llama la investigación que AI presentó hace pocas semanas. En ella, cuenta la historia detrás de 59 homicidios extrajudiciales ocurridos en 20 ciudades diferentes de este país del sudeste asiático. Denuncia, sobre todo, la aparición de grupos al margen de la ley y motivados por la retórica de Duterte que reciben dinero por cada cadáver de drogadicto que presentan. 

“Nosotros entrevistamos a un alto oficial de la policía que estaba directamente involucrado en la campaña antidrogas. Él nos dijo que están recibiendo un pago bajo la mesa por cada ‘encuentro’. Es decir, disparar a muerte a personas presuntamente involucradas con las drogas”, cuenta a El Comercio Matt Wells, uno de los autores de la investigación de AI. 

“En Filipinas se ha creado una economía secreta que gira en torno a la matanza de personas. Hemos encontrado a policías operando de manera fraudulenta con funerarias que les dan pagos por llevarles cuerpos. Y estas están incrementando sus costos a las familias que, muy seguido, se prestan dinero para poder enterrar a sus seres queridos”, añade Wells. 

—Escuadras de sicarios—

Según la investigación de AI, los policías recibirían entre 160 y 300 dólares por los muertos que entregan. Sin embargo, una gran mayoría de agentes prefiere contratar a asesinos a sueldo por 100 dólares por cada consumidor de drogas que matan y 300 dólares por cada pequeño vendedor. “Nos pagan en efectivo, en secreto, las jefaturas. No hay incentivos por detener”, dijo el alto oficial policial entrevistado por AI.

La investigación también arroja que los policías estarían sembrando pruebas, creando expedientes y robando las pertenencias de las víctimas. Es el caso de Gener Ondina, un ex consumidor de drogas que, pese a que dijo que se iba a entregar, fue arrestado en su casa en Cebú. Y fue sacado solo cuando ya era cadáver, el cual fue arrastrado por las calles. “Se lo llevaron como a un cerdo”, dijo uno de los vecinos.

La familia de Ondina, consultada por AI, dijo que no se les permitió entrar a la escena del crimen hasta luego de seis horas. Cuando lo hicieron, vieron una habitación manchada de sangre y se percataron de que faltaban pertenencias, como una laptop, relojes y dinero. 

Las cifras señalan que al menos 2.500 personas fueron asesinadas por policías. El gobierno se defiende y dice que estas muertes se deben a que las víctimas se resistían al arresto o abrían fuego. Proyecto Tokhang es el nombre de la campaña antidrogas que significa, en cebuano, lengua materna de Duterte, “golpea e implora”.

Otros cuatro mil homicidios están relacionados a desconocidos armados. La modalidad más popular se llama viajando en tándem: dos personas en una moto disparan a matar contra un transeúnte. Luego huyen a toda velocidad del lugar. 

Según AI, la lista de objetivos por matar proviene de nóminas sin verificar que generalmente son elaboradas por autoridades locales, y muchas veces completadas de forma arbitraria. 

Las denuncias contra esta campaña antidrogas también han sido respaldadas por otros organismos de derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica en Filipinas, el tercer país más católico del mundo. De hecho, la Conferencia de Obispos denunció a principios de febrero el “reino del terror” que ha creado Duterte.

"La preocupación más grande en Filipinas es la deshumanización de cualquier persona que es acusada de usar o vender drogas. El camino que están tomando el gobierno es uno basado en castigar en vez de tratar el uso de drogas como un problema de salud pública y enfrentar los problemas de fondo como la pobreza y la falta de oportunidades de trabajo que está llevando a la gente al uso y venta de drogas", dijo Wells.

Duterte, un ex fiscal de 71 años, llegó al poder impulsado por su discurso de erradicar la delincuencia a cualquier costo, precedido porque actuó de similar manera cuando fue alcalde de la ciudad de Davao. ‘El Castigador’, como también se lo conoce, prometió que iba a terminar con los drogadictos en sus primeros seis meses.

Desde fines de enero, la campaña antidrogas de Duterte está suspendida, tras el escándalo del asesinato de un empresario surcoreano a manos de la policía. Pero el presidente ha dicho que la reanudará en cuanto pueda y que la prolongará hasta el final de su mandato en el 2022. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que continúen los asesinatos en las calles de Filipinas, un país de 98 millones de habitantes con un crecimiento estimado del PBI de 6,7%, pero que aún conserva profundas desigualdades sociales, las cuales han quedado más expuestas con esta brutal campaña.

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