El presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo denunció el martes que la fiscalía y el juez que han emprendido una arremetida contra él, el proceso electoral y su partido el Movimiento Semilla le han vedado su derecho constitucional a la debida defensa al negarle acceso al expediente de la investigación en su contra.
En paralelo a los reclamos de Arévalo, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución con la que prepara una visita de buenos oficios al país, invocando la Carta Democrática Interamericana, en lo que se interpreta como un nuevo gesto de presión y el paso previo a medidas más fuertes.
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Arévalo se apersonó en el juzgado del magistrado Fredy Orellana en busca de información pero ésta le fue negada.
“Treinta y tres veces nos han negado la fiscalía y 15 veces el juzgado, eso es negación del derecho de defensa... y sólo se explica porque ellos están conscientes de las mentiras y patrañas que están construyendo en este caso”, dijo Arévalo a periodistas.
“Es una carpeta hecha de mentiras y por eso no nos dan acceso”, añadió.
Desde hace casi seis meses la fiscalía, liderada por la fiscal general Consuelo Porras, inició una arremetida contra el proceso electoral con el fin de evitar, según Arévalo, que pueda tomar posesión el 14 de enero como está establecido en la Constitución para gobernar el país los próximos cuatro años.
La fiscalía ha solicitado tres veces la retirada de inmunidad contra el presidente electo para investigarlo. Sin inmunidad, Arévalo podría enfrentar órdenes de aprehensión.
Ante la recurrencia de acciones, el Consejo Permanente de la OEA aprobó el martes una resolución en la que condena “enérgicamente el continuo abuso de poder por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala”.
Encomienda, además, al presidente del Consejo Permanente y al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que soliciten con urgencia el consentimiento del Gobierno de Guatemala para recibir una visita de buenos oficios del Consejo Permanente “cuanto antes, invocando el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana”
Según el excanciller guatemalteco Gabriel Orellana, con la resolución de la OEA “aquí estamos en la antesala de medidas más graves que pueda dictar el Sistema Interamericano contra Guatemala si el gobierno insiste en mantener toda esta parafernalia de medidas”.
El pronunciamiento se tomó con el apoyo de 29 estados, pero con Guatemala en contra. El Salvador se abstuvo y hubo dos ausencias.
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La resolución, propuesta por Estados Unidos, agrega que hay una seria preocupación por la “continua persecución política y judicialización de los procesos electorales y de transición democrática por parte del Ministerio Público y otras autoridades públicas de Guatemala”.
También llama al Secretario General de la OEA a continuar realizando esfuerzos diplomáticos a fin de defender la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
Aunque el gobierno de Alejandro Giammattei ha intentado desmarcarse de las acciones de la fiscalía y mantiene reuniones de transición con el equipo de Arévalo, los diputados de su partido y aliados se unieron a la fiscalía desaforando a los magistrados electorales para que éstos fueran investigados por la compra de un software de conteo rápido y paralelo de los resultados de las elecciones generales. Ante el retiro de inmunidad los magistrados abandonaron el país.
El viernes pasado la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo dijo en conferencia de prensa que había irregularidades en algunas actas electorales que registraron los votos —las que la fiscalía secuestró en un allanamiento— y que eso daba pie a anular las elecciones.
El Tribunal Supremo Electoral, ente al que por ley le corresponden todas las acciones relativas a elecciones, recalcó a través de su presidenta Blanca Alfaro que los resultados electorales estaban oficializados y son inalterables.
Las acciones del Poder Judicial han causado alerta en la comunidad internacional que ha advertido sobre un intento de golpe de Estado liderado por Porras.
El martes los senadores estadounidenses demócratas y republicanos Ben Cardin, Marco Rubio, Tim Kaine, Bill Cassidy y Dick Durbin llamaron a defender el Estado de derecho en el país y a realizar una transmisión pacífica del poder.
La toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo está prevista para enero de 2024.
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“Hacemos un llamado al Presidente Giammattei para que abogue por que las instituciones guatemaltecas se unan al sector privado y a la sociedad civil para apoyar y respetar una transición pacífica del poder, como se espera de toda democracia”, dijeron en su comunicado.
“El compromiso para defender el lugar de Guatemala entre la comunidad de naciones democráticas será crucial para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala” dijeron los senadores.
El lunes Estados Unidos sancionó a 300 ciudadanos guatemaltecos entre los que se encuentran más de 100 diputados, empresarios, funcionarios de gobierno y particulares por socavar la democracia en el país centroamericano.
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