Qué busca la inédita ley de criptomonedas aprobada en El Salvador que redobla la apuesta de Bukele por el bitcoin

Cuando el valor del bitcoin está por los suelos y las criptomonedas en general en tela de juicio a raíz de múltiples escándalos financieros internacionales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha redoblado su apuesta por la divisa digital.

Luego de que en septiembre de 2021 el bitcoin se convirtiera en una moneda de curso legal en el país -a la par del dólar-, el mandatario ha continuado comprando la criptomoneda con fondos públicos pese a las advertencias del alto riesgo al que quedan expuestos los recursos de la nación por la inestabilidad del precio de un activo digital que perdió más del 60% de su valor en 2022.

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En uno de los últimos movimientos para avanzar en su plan de convertir a El Salvador en la capital mundial del bitcoin, Bukele consiguió que la Asamblea Legislativa de su país, de mayoría oficialista, aprobara a comienzos de enero una inédita y controvertida Ley de Emisión de Activos Digitales.

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La ley intenta darles garantías a los inversores extranjeros para que hagan negocios en el pequeño país centroamericano de apenas 6,3 millones de habitantes, donde una de cada cuatro personas vive en situación de pobreza y la mitad de la población ha estado expuesta a inseguridad alimentaria.

Según el gobierno salvadoreño, entre los objetivos de la ley están “proteger los derechos de los compradores y emisores de activos digitales en El Salvador”, además de “disuadir a los estafadores de operar aquí”.

“El Salvador es el epicentro de la adopción del bitcoin y, por lo tanto, de la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura y la riqueza inconfiscable”, dijo Bukele.

En el contexto de convencer a los grandes inversores de que crean en su proyecto de “bitcoinizar” El Salvador y se atrevan a hacerle préstamos de alto riesgo, el gobierno explicó en Twitter que la nueva ley “allana el camino para los bonos volcán que pronto comenzaremos a emitir”.

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No es fácil en este momento para El Salvador pedir dinero prestado en los mercados internacionales a una tasa de interés conveniente porque es considerado como un país de alto riesgo.

“El país tiene casi cerrados los dos caminos para conseguir financiamiento que son los organismos multilaterales, como el FMI (Fondo Monetario Internacional), o los bonos tradicionales”, le dice a BBC Mundo Carlos Castaneda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Con los bonos tradicionales, los gobiernos emiten deuda, lo que en la práctica significa que inversores privados le prestan dinero al país a la espera de obtener una rentabilidad en un determinado período de tiempo.

En la jerga económica se dice que un país “emite un bono” que le asegura contar con los fondos públicos necesarios para financiar sus proyectos.

En el caso de El Salvador, como el país tiene una baja calificación crediticia y un alto nivel de deuda, equivalente a un 80% del Producto Interno Bruto(PIB), enfrenta serias dificultades para conseguir préstamos.

De ahí viene la idea del gobierno salvadoreño de emitir los llamados bonos volcán en vez de bonos tradicionales, para lo que la nueva ley da sustento.

Los llamados bonos volcán, explican especialistas, funcionarían de la siguiente manera: un inversor privado le presta dinero en dólares a El Salvador a cambio de una determinada tasa de interés, y El Salvador le paga en bitcoin cuando llegue el vencimiento de la deuda.

Si se concreta, sería la primera vez en la historia que un país emite un bono en bitcoin.

“Es un alto riesgo para los inversores”, le explica a BBC Mundo Fernando Alvarez, académico e investigador del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago.

Si eventualmente el país cayera en cesación de pagos (default), el inversor que compró los bonos perdería su dinero. Y si, por otro lado, eso no ocurre, no hay garantía de que el precio del bitcoin vaya a subir cuando le paguen sus fondos en la divisa digital.

En ese sentido, es una apuesta que puede resultar en grandes ganancias o grandes pérdidas.

El apodo “volcán” viene de un proyecto que el gobierno anunció en 2021 y que ha sido ampliamente publicitado en Estados Unidos para captar inversores interesados en sumarse a la iniciativa.

Bukele ha dicho que construirá una ciudad llamada “Bitcoin City” en el departamento oriental de La Unión, la cual sería alimentada por la energía geotérmica de un volcán de la zona.

Y con esa misma energía del volcán, el país podría generar nuevos bitcoin, dice.

En teoría, parte de esos nuevos bitcoin serían utilizados para pagarle a los inversores que compren los bonos volcán del país, es decir, los acreedores de la deuda pública.

El plan del gobierno de convertir al país en la capital mundial del bitcoin es parte de “la idea del presidente de modernizar el país”, apunta Alvarez. “Mi impresión es que hay demasiado optimismo”.

Según el economista Carlos Castaneda, la ley permitirá también que el propio gobierno, las empresas y las personas puedan financiarse con activos digitales.

Por ejemplo, adquiriendo criptomonedas directamente o su equivalente en dólares.

“Si usted pide prestados dólares, su respaldo son sus activos digitales”, explica. En ese sentido, la nueva norma crearía “una especie de bolsa de valores de activos digitales” por así decirlo.

Por otro lado, la norma crea toda una institucionalidad para regular el comercio de criptomonedas a través de unas entidades públicas donde “el poder va estar concentrado en el presidente”, argumenta el economista.

Lo que busca también la ley, agrega, es allanar el camino a las empresas de activos digitales (como los exchanges donde se compran y venden criptomonedas) “para que puedan operar sin mayores dificultades”.

Castaneda advierte que la nueva normativa también permite que se genere deuda privada en activos digitales, algo que, a su juicio, puede ser altamente riesgoso para una persona que, por ejemplo, quiera comprar una casa y consiga un crédito hipotecario con estos instrumentos.

Y desde otra perspectiva, el economista sostiene que “esta ley prácticamente convierte a El Salvador en un paraíso fiscal de activos digitales” porque las transacciones de este tipo no pagan impuestos.

“Este tipo de incentivos no está dirigido a mejorar las condiciones de vida de la población salvadoreña; está dirigido a proteger a grupos vinculados a los activos digitales y al propio gobierno, que intenta encontrar una bolsa de oxígeno”, critica.

El gobierno, en cambio, asegura que el futuro de El Salvador está en el bitcoin y que su adopción permitirá que toda la población prospere.

Cuando se aprobó la ley, el diputado oficialista William Soriano declaró en la prensa local que la ley busca “proteger no solo a los inversionistas, sino a quienes decidan comercializar este tipo de activos, y a los salvadoreños que ya forman parte de este mundo”.

El problema es que son muy pocas las personas comunes y corrientes que hacen transacciones en bitcoin a través de la aplicación promovida por el gobierno, Chivo Wallet, para masificar el uso de la criptomoneda.

El estudio “Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador” publicado en el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos, NBER, encontró que es mínima la cantidad de personas que usan Chivo Wallet para transar con bitcoin.

“La adopción ha sido muy baja”, explica Fernando Alvarez, uno de los coautores de la investigación.

Cercado por una crisis económica y con aspiraciones a ser reelecto en los comicios presidenciales de febrero de 2024, Bukele está en la encrucijada de enfrentar millonarios pagos de deuda entre 2023 y 2025.

Hasta ahora, las políticas económicas del gobierno han generado dudas en los acreedores, los compradores de los bonos salvadoreños y los mercados en general.

Entre las dudas que persisten entre los salvadoreños hay cosas muy básicas que permanecen en la sombra como, por ejemplo, la cifra exacta de bitcoin que ha comprado el gobierno y a qué precio.

Estimaciones de analistas hechas con la poca información disponible señalan que el gobierno ha invertido más de US$100 millones del erario público en bitcoin, una cifra que es imposible de comprobar con certeza.

En medio de esa opacidad, la oposición reclama que las promesas no se cumplieron.

“Que (el bitcoin) se volviera una moneda de curso legal no trajo el desarrollo que prometió, no trajo mayor inversión extranjera, no trajo remesas más baratas, no trajo inclusión financiera para las mayorías”, dice la diputada opositora Claudia Ortiz.

“Ha sido una política económica fracasada en un país pobre y endeudado”.

BBC Mundo contactó al gobierno salvadoreño pero no recibió respuesta.