El abogado constitucionalista y crítico del Gobierno de Nayib Bukele, Enrique Anaya, fue detenido este sábado por la Policía salvadoreña bajo el cargo de lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
“Este día, se ha ejecutado la captura de Salvador Enrique Anaya Barraza, por el delito de Lavado de Dinero y Activos. Será remitido a los tribunales correspondientes en los próximos días”, publicó escuetamente la FGR en X.
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De acuerdo con publicaciones de medios salvadoreños, la detención se dio en la residencia de Anaya, donde habrían llegado investigadores vestidos de civil, sin que la FGR o la Policía hayan brindado detalles del caso.
Las grabaciones publicadas por el medio Revista Elementos, dan cuenta de que también varios agentes uniformados y fiscales participaron en el operativo.
Anaya es un fuerte crítico del Ejecutivo del presidente Bukele, enfocado principalmente en aspectos jurídicos y que en las últimas semanas ha denunciado desde redes sociales las que considera irregularidades en el proceso penal que enfrenta la abogada anticorrupción Ruth López, detenida el pasado 18 de mayo y procesada por enriquecimiento ilícito.
“Cada vez más cuestionada y confrontada la dictadura bukeleana en el plano internacional: ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dice la última publicación de Anaya en X.
Esto fue en referencia a un comunicado de la CIDH publicado el viernes, en el que el organismo, que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), manifestó su preocupación por las “detenciones recientes contra personas defensoras de derechos humanos”.
Hizo referencia a las detenciones de la abogada y defensora de derechos humanos López, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el pastor evangélico y líder comunitario José Ángel Pérez, y al portavoz de una organización humanitaria Fidel Zavala.
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Además, destacó la existencia de “órdenes de arresto contra Ivania Cruz y Rudy Joya, todos defensores de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios”, junto a Zavala.
“Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que las causas penales serían una forma de represalia por su labor con personas detenidas durante el régimen de excepción y por denuncias de abusos en las cárceles”, expuso la CIDH.
También apuntó que “frente a las alegaciones sobre el uso indebido del derecho penal con el posible fin de intimidar, castigar o impedir las actividades de defensa de derechos humanos, la CIDH llama al Estado a abstenerse de incurrir en esta práctica”.
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