La Fiscalía de Guatemala entregó este lunes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un informe de una cuestionada investigación sobre supuestas anomalías por las que considera “nulas” las elecciones ganadas por el opositor Bernardo Arévalo.
El viernes la Fiscalía anunció que había detectado irregularidades en el escrutinio de votos de la primera vuelta electoral de junio, pero la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, señaló ese mismo día que los resultados de los comicios “son inalterables” y que Arévalo debe asumir el poder el 14 de enero.
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“La Fiscalía Especial contra la Impunidad remitió a la Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral, la investigación que en materia penal ha desarrollado la fiscalía, a efecto que luego del análisis, puedan adoptar la decisión que consideren conveniente”, señaló la entidad en la red social X (antes Twitter).
Según la Fiscalía, hubo una serie de anomalías en las acta finales de cierre de escrutinio en las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones y diputados al Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticaron los intentos de la Fiscalía guatemalteca por socavar los resultados de los comicios.
El cuestionado jefe de la fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, aseguró el viernes que toda “la información que fue consignada en el acto de cierre y escrutinios en todas las juntas receptoras de votos deberían anularse”.
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“Estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo, y perverso. Los golpistas están dando patadas de ahogado”, dijo Arévalo el viernes al reaccionar al anuncio de la Fiscalía.
Arévalo, sociólogo de 65 años, sostiene que la Fiscalía busca evitar que asuma el poder el 14 de enero, pues poderosos sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción.
Este lunes Estados Unidos anunció restricciones de visado a unos 300 guatemaltecos, entre ellos un centenar de diputados, y condenó los intentos de “socavar” la democracia por parte de la Fiscalía.
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