La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, avaló este jueves la investigación y suspensión penal de partidos políticos en el país centroamericano exclusivamente cuando sean acusados por delitos vinculados a la ley contra la delincuencia organizada.
La decisión de la corte fue divulgada ante una consulta del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco, después de que en julio pasado un juez penal decretara la suspensión del partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
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De acuerdo al dictamen pronunciado este jueves, un juez penal no podrá suspender a un partido político si la acusación no es por delitos vinculados a la ley contra la delincuencia organizada, y será entonces el tribunal electoral el que deba sancionar a la agrupación sindicada.
La decisión de este jueves por parte de la corte fue rápidamente criticada, ya que según diversos sectores, da vía libre a que la Fiscalía en Guatemala intente suspender al Movimiento Semilla y a Arévalo de León.
“La Corte de Constitucionalidad acaba de tumbarse la última vía institucional. Le regaló Guatemala a un grupo de golpistas”, aseguró el diputado del Movimiento Semilla Samuel Pérez Álvarez, en referencia al dictamen oficializado hoy por la noche.
Desde julio pasado, la Fiscalía intervino, de forma inédita, en el proceso electoral de Guatemala, con el decomiso de actas de votaciones, allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y también al Movimiento Semilla.
La Fiscalía acusa a dicho partido del presunto uso de firmas falsas para su fundación en 2018, aunque las acusaciones en su contra nacieron hasta el 12 de julio, después de que Arévalo de León sorpresivamente avanzara al balotaje en los comicios generales de junio.
El caso se encuentra “bajo reserva”, una medida judicial que permite acceso al expediente solo a la partes involucradas. Sin embargo, al Movimiento Semilla no le han permitido ver la acusación pese a más de 30 solicitudes, de acuerdo a la agrupación política.
Diversas fuentes también consideran que la Fiscalía intenta armar el caso en contra del Movimiento Semilla como una acusación por delincuencia organizada, cuando la ley establece que debería ser un tema administrativo.
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Debido a las acciones de la Fiscalía, miles de ciudadanos, en su mayoría indígenas, han bloqueado carreteras desde el lunes en un paro nacional que ha ido creciendo gradualmente durante la semana para exigir la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público.
Porras y la cúpula de la entidad, independiente a los tres organismos estatales, han sido sancionados en los últimos dos años por Estados Unidos con el retiro de su visa, bajo señalamientos de “socavar” la Justicia en el país centroamericano.
Arévalo de León acusó el pasado 1 de septiembre a Porras y la Fiscalía de llevar a cabo “un golpe de Estado” en su contra para evitar su investidura, programada para el próximo 14 de enero, después de ganar los comicios en agosto pasado.
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