El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, descartó la ejecución de operaciones militares de Estados Unidos contra el crimen organizado en su país, en una entrevista este lunes con la AFP.
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró hace una semana a la cadena CBS que Washington podría ejecutar en Guatemala y Ecuador acciones militares como la que dio muerte en Venezuela a Héctor Guerrero, alias "Niño Guerrero“, jefe de la banda criminal Tren de Aragua.
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Arévalo, quien participa en Panamá en la Asamblea General de la OEA, negó que haya aprobado ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en territorio guatemalteco, como afirmó a fines de mayo el diario The New York Times.
El mandatario aseguró a la AFP que la Constitución guatemalteca lo impide, aunque destacó la cooperación como parte de la Coalición Anticarteles de las Américas que impulsa el presidente Donald Trump.
Según Arévalo, esa colaboración se reforzó tras concluir hace mes y medio la gestión de ocho años de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por 40 países, encabezados por Estados Unidos, que la consideran corrupta y antidemocrática.
Porras lideró una ofensiva contra Arévalo en 2024 para impedir su investidura y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados. El presidente designó en su lugar a Gabriel García Luna.
– ¿En qué consiste la cooperación con Washington?
Lo que necesitamos es capacitación, acompañamiento a nivel de operaciones tácticas para planificación de operativos e intercambio de inteligencia.
– ¿Operarán militares estadounidenses en Guatemala?
Operando militarmente, portando armas (…) la ley no lo permite.
Nuestra Constitución no permite la conducción de operaciones militares conjuntas como las que se realizan en otros lugares, pero tenemos operaciones cooperativas.
Estados Unidos nos apoya a que las fuerzas de seguridad de Guatemala tengan la capacidad de ser más efectivas en su combate al narcotráfico.
– ¿Pero EE.UU. le planteó la posibilidad?
Estados Unidos lo que preguntó es los términos en los que estaríamos dispuestos a establecer estos mecanismos.
Respondimos, claro que sí, en el marco de estos parámetros que son los que podemos políticamente, porque tenemos un interés compartido; pero además legalmente porque tenemos ciertas limitaciones para actuar.
Las operaciones (como la ejecutada contra Héctor Guerrero) las podemos ejecutar con personal policial y militar guatemalteco.
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– ¿En qué cambia la relación con EE.UU. tras la salida de la fiscal?
Teníamos una fiscal cuya responsabilidad era la persecución del narcotráfico, que implica una coordinación muy fluida con Estados Unidos, pero no podía viajar a ese país por estar sancionada.
Cuando el Ministerio Público estaba cooptado por la élite político-criminal era imposible la coordinación. Tenía un contacto mínimo con las fuerzas de seguridad, lo que impedía (…) operativos específicos de persecución contra el crimen organizado.
Con la salida de Consuelo Porras la coordinación interna en la lucha contra el crimen (…) empieza a funcionar normalmente. Además, permite una coordinación más efectiva con nuestros socios internacionales.
– ¿Aún hay en el Estado operadores del “pacto de corruptos”?
Lo que hicimos fue comenzar un proceso de desmantelamiento de las estructuras de corrupción dentro del Ejecutivo. Ha sido un proceso no fácil.
Con Porras, la élite político corrupta mantenía la cooptación del Estado.
La recuperación del Estado es un proceso gradual en el que vamos avanzando.
En el momento en el que el Ministerio Público ya no está en manos de estos grupos, el edificio se empieza a desmoronar. No se ha terminado de hacer la tarea.
– ¿Quedarán impunes las acciones de la fiscal?
Empezarán procesos (para) deducir las responsabilidades legales.
– ¿Volverán los exiliados?
Se van a ir cayendo muchos de estos casos espurios (…) y podrán ir regresando. ¿De quién estaban huyendo? De la persecución y la criminalización del Ministerio Público.
La Fiscalía ya no está en manos de los criminales, está en manos de la justicia.
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– ¿Cómo ve el avance de la ultraderecha en América Latina?
Hay que visualizar a la región más allá de los vaivenes electorales y avanzar en la consolidación de estructuras democráticas.
Advertí que la polarización que existe en América Latina (…) es una de las vías al autoritarismo y que tenemos que contenerla.
En la medida en que la política de la polarización continúe, vamos a empezar a caer en la deslegitimación de nuestros propios conciudadanos.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó el lunes 20 de abril en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda. (AFP) SOBRE EL AUTOR
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