Presidente de Guatemala designa reemplazo de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos
La decisión, trascendental para la lucha contra la corrupción durante los próximos años en el país centroamericano, fue anunciada por el mandatario en un mensaje a la nación.
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante una conferencia de prensa en el Palacio de la Cultura en Ciudad de Guatemala el 6 de abril de 2026. (Foto de JOHAN ORDONEZ / AFP).
La decisión, trascendental para la lucha contra la corrupción durante los próximos años en el país centroamericano, fue anunciada por el mandatario en un mensaje a la nación donde dijo que espera que “este sea el inicio de una nueva etapa de justicia” en Guatemala.
Arévalo de León se inclinó por García Luna de un listado de seis abogados compuesto también por Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.
“Esta decisión la he tomado guiado por la convicción que tengo como presidente de la necesidad imperiosa de contar con personas íntegras al frente de nuestras instituciones”, expuso el gobernante.
El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel García Luna, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala, el 28 de abril de 2026. (Gobierno de Guatemala / EFE)
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dEl presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, gesticula durante una conferencia de prensa semanal en el Palacio de la Cultura en Ciudad de Guatemala el 6 de abril de 2026. (Foto de JOHAN ORDONEZ / AFP)
“El Ministerio Público recibe una nueva autoridad que no llega para servir a un presidente, al Gobierno de turno ni a intereses políticos particulares o espurios”, añadió.
El nuevo fiscal general empezó su carrera dentro del Organismo Judicial hace 29 años, en 1997, como oficial y secretario de juzgados, para después pasar a ser juez de paz, de primera instancia y magistrado de Sala en el área penal.
Graduado de la universidad Rafael Landívar (privada) y doctor en Derecho por la Universidad de San Carlos (estatal), su perfil como juez se complementa con su experiencia docente al impartir clases de licenciatura y maestría en ambas casas de estudio.
Asimismo, ha colaborado como instructor en la Escuela de Estudios Judiciales en el área de Derecho Penal, fue presidente de la Junta de Disciplina Judicial y también asesor de la Procuraduría General de la Nación.
“Es el momento de dejar atrás ese pasado. Al doctor García Luna le deseo claridad, firmeza y serenidad para asumir la responsabilidad que recibe”, apostilló Arévalo de León.
El nuevo jefe del Ministerio Público tomará posesión el próximo 17 de mayo en reemplazo de Porras Argueta, quien estuvo en el cargo por ocho años desde 2018, marcados por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, quienes la han señalado de socavar la democracia al intentar derribar los resultados electorales de 2023 y también bajo acusaciones de corrupción en casos de alto impacto.
Un listado de seis candidatos
El listado de seis candidatos finales fue concretado por una comisión de Postulación, como establece la ley guatemalteca, de casi 80 aspirantes, en un proceso criticado por organizaciones sociales debido a que no se tomó en cuenta como válida la experiencia de quienes han sido jueces, lo que provocó el descarte de varios candidatos.
Los cuestionamientos también tuvieron lugar sobre la comisión de Postulación tras aplicarle a Porras Argueta la nota más alta de todos los aspirantes, incluso cuando se le impugnó su candidatura a reelegirse, debido a señalamientos de plagiar su tesis doctoral.
Varios expertos y organizaciones sociales ya habían advertido que García Luna era la mejor opción para el puesto.
La lucha contra la corrupción en Guatemala tuvo su auge entre 2014 y 2018 con la fiscal Thelma Aldana y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que destaparon más de un centenar de casos de sobornos estatales donde estaban involucrados políticos y empresarios.
Sin embargo, tras la llegada de Porras Argueta inició una persecución judicial en contra de fiscales anticorrupción, periodistas, abogados y jueces, quienes en la gran mayoría de casos tuvieron que salir al exilio.
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