Guatemala: salida de Cicig sigue en suspenso con pulso entre Constitucional y Gobierno

La salida anticipada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) quedó en suspenso mientras el pulso entre la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal) y el Gobierno aumentó por la diferencia de criterios.

Guatemala amaneció este miércoles con la resolución de los magistrados del Constitucional, que consideraron, por mayoría, dar marcha atrás a la decisión del presidente, Jimmy Morales, de anticipar de forma unilateral la salida de la Cicig del país por supuestas "resoluciones ilegales" y "extralimitación de funciones".

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Pero en la noche de este miércoles el Órgano Judicial informó que el Supremo tramitó una solicitud de antejuicio o desafuero contra tres magistrados del Constitucional por supuestamente "excederse en sus funciones" al suspender la orden de cesar a la Comisión tutelada por la ONU, y entregó el proceso al Congreso, que deberá decidir al respecto.

El tribunal constitucional exhortó a las autoridades denunciadas, que son Morales; su canciller, Sandra Jovel, y el Congreso, a que "en el ámbito de sus competencias, instruyan a los funcionarios y empleados de las dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la Cicig".

Al ser notificado de la resolución, el Gobierno dijo que "analizará" el fallo de forma conjunta con las instituciones involucradas, tras lo cual la postura oficial "se dará a conocer".

La resolución del Constitucional fue celebrado por decenas de organizaciones y cerca de un centenar de manifestantes aglutinados afuera del edificio de la alta Corte, quienes calificaron de "grave" la crisis que se vive en Guatemala y rechazaron la decisión de retirar a la Cicig.

Por su parte, el procurador de los DD.HH., Jordán Rodas, uno de los que interpuso el total ocho amparos que avaló la Corte, le recomendó al presidente "enmendar la plana" en lo que le resta de mandato, que caduca el 14 de enero de 2020.

Sin embargo, un nutrido grupo de manifestantes de organizaciones conservadoras aglutinadas en el denominado "Movimiento por la Libertad" también mostraron su fuerza en la Plaza de los Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, para apoyar al presidente en su determinación de terminar nueve meses antes del plazo con la Cicig.

Uno de los manifestantes que respalda a Morales, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, aseguró que la resolución del Constitucional de esta madrugada era "ilegal", debido a que al mandatario es a quien le corresponde definir la política exterior.

Pero otras 20 agrupaciones se pronunciaron a favor del fallo constitucional en una conferencia de prensa convocada por la Asociación de Estudiantes Universitarios de única universidad pública del país, expresando su "preocupación" por las acciones del Gobierno en contra del organismo de la ONU, pues éstas "debilitan la lucha contra la corrupción y la impunidad".

También se posicionaron activistas como Hellen Mack, Frank La Rue y la exfiscal general Claudia Paz, quienes recordaron que la Cicig surgió de la necesidad de combatir los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs), que continuaban operando tras el fin del conflicto armado (1960-1996).

Detallaron que fue en 2003 cuando la sociedad civil y la Procuraduría de DD.HH. solicitaron a la ONU el establecimiento de una Comisión Internacional para combatir a los Ciacs, cuyo acuerdo se suscribió en 2004 pero contó con un dictamen desfavorable de la Corte de Constitucionalidad y no fue ratificado por el Congreso.

Hasta que, con el pretexto de fortalecer a la Fiscalía, el Organismo Judicial y la Policía Nacional Civil, el Gobierno suscribió un nuevo acuerdo con Naciones Unidas en 2006 que, en agosto de 2007, el Congreso guatemalteco validó en ley para crear finalmente la Cicig, consiguiendo "disminuir en los últimos 10 años las tasas de impunidad y aumentado los niveles de seguridad".

Además, la calificadora de riesgo Moody's advirtió que la salida anticipada de Cicig produce "resultados negativos" en la economía y representa un "significativo retroceso para el país".

Por su parte, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, insistió que la entidad "finalizará con su mandato estipulado hasta septiembre", y que se analizan "distintas acciones a realizar para continuar con sus tareas", mientras el personal de la Comisión se encuentra fuera del país, luego de haber salido el martes.

Fuente: EFE