El Gobierno del presidente Nayib Bukele “continuó eliminando” los controles al poder Ejecutivo en El Salvador y “aumentó la represión” contra defensores de derechos humanos, críticos y periodistas, alertó Human Rights Watch (HRW) en su informe global 2026 publicado este miércoles.
La organización recordó la detención del líder comunitario José Ángel Pérez y del joven activista y abogado Alejandro Henríquez -quienes ya se encuentran en libertad luego de enfrentar un proceso penal- y de la defensora de derechos humanos y abogada, Ruth López -aún en prisión-.
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También expuso el caso del abogado y crítico del gobierno, Enrique Anaya, detenido en junio del año pasado.
HRW señaló que “el deterioro” en la situación de derechos humanos llevó a la salida del país o al cierre de sus oficinas a varias organizaciones civiles y de derechos humanos, como en el caso de la reconocida ONG Cristosal y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Apuntó que, entre mayo y septiembre de 2025, al menos 140 defensores de derechos humanos y periodistas -incluido el personal de El Faro, un destacado medio digital- “huyeron del país temiendo represalias por su trabajo”.
El Faro ya había trasladado sus operaciones legales a Costa Rica en 2023, recordó.
Además, mencionó la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de la Ley de Agentes Extranjeros que grava con un impuesto del 30 % a la ayuda extranjera y contempla multas y sanciones penales.
Diversas organizaciones han señalado que esta ley “es una herramienta para el control autoritario de organizaciones y personas, pues, abre la puerta a la imposición de sanciones discrecionales, establece un impuesto punitivo y es un marco para la vigilancia estatal, la censura y el castigo”.
HRW enfatizó que la Unión Europea (UE) expresó, por primera vez, su preocupación sobre la situación de El Salvador y el deterioro de la situación de derechos humanos en este país, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La organización recordó que, en julio del año pasado, diputados del partido gobernante Nuevas Ideas (NI) aprobaron enmiendas constitucionales permitiendo la reelección presidencial indefinida, entre otros cambios.
Apuntó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que las medidas representan un “grave revés para la democracia y el estado de derecho en el país”.
Asimismo, expuso que “el uso excesivo por parte de las autoridades de clasificaciones de secreto y la débil supervisión por parte de la institución encargada de hacer cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, dificulta la transparencia y contribuyó al aumento de la percepción de corrupción en el sector público”.
Señaló que, por ejemplo, “restricciones gubernamentales al acceso público a datos de homicidios y otros delitos, y cambios en qué asesinatos se cuentan como homicidios en las estadísticas oficiales, dificultan la evaluación de la exactitud de las afirmaciones oficiales sobre la reducción y prevalencia de los delitos”.
HRW enfatizó en que el estado de emergencia -régimen de excepción- promulgado en marzo de 2022 sigue vigente, suspendiendo derechos constitucionales.
“Las autoridades han cometido abusos generalizados, incluyendo abusos arbitrarios masivos, desaparición forzada, tortura y maltrato a los detenidos”, señaló.
Agregó que organizaciones locales e internacionales de derechos humanos “han documentado desapariciones forzadas, detención arbitraria masiva, tortura y, en algunos casos, violencia sexual contra mujeres y chicas en detención”.
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