El senador demócrata estadounidense Chris Van Hollen logró este jueves reunirse con el salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien se encuentra detenido en la megacárel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, tras ser deportado desde Estados Unidos a pesar de tener un estatus legal en el país norteamericano.
Así lo confirmaron en la red social X tanto el senador estadounidense como el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quienes además compartieron fotografías en la que se ve a Hollen con Ábrego.
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“Dije que mi principal objetivo en este viaje era reunirme con Kilmar. Esta noche tuve la oportunidad”, publicó el senador.
Además, el parlamentario agregó que llamó “a su esposa, Jennifer, para transmitirle su mensaje de cariño”.
“Espero poder darles una actualización completa a mi regreso”, concluyó Van Hollen.
Unos minutos antes de la publicación de Van Hollen, el presidente Bukele compartió unas fotografías donde se ve a Ábrego con Van Hollen y escribió: “Kilmar Ábrego García, que se levantó milagrosamente de los ‘campos de muerte’ y la ‘tortura’, ahora está bebiendo margaritas con el senador”.
Y continúo: “¡Van Hollen en el paraíso tropical de El Salvador!”.
Además, Bukele indicó, en una publicación en X posterior, que “ahora que se ha confirmado su salud, le corresponde el honor de permanecer bajo custodia de El Salvador”, en un mensaje acompañado por las banderas de Estados Unidos y El Salvador y dos manos unidas en un saludo.
El encuentro del senador con Ábrego se da horas después de que el estadounidense buscara ingresar al Cecot para verificar el estado del salvadoreño, lo que no fue posible porque un retén militar a unos metros de la entrada de la prisión se lo impidió.
Van Hollen pidió en una conferencia de prensa, brindada hoy en San Salvador, a los gobierno de Estados Unidos y de El Salvador que se lleve a cabo un debido proceso al salvadoreño.
Además, durante su visita a El Salvador, el senador estadounidense solicitó al vicepresidente Félix Ulloa la liberación de Ábrego.
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El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. el pasado 16 de marzo y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de defensa de los derechos humanos han calificado como “desaparición forzada”.
El Gobierno del presidente Donald Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las organizaciones delictivas transnacionales Tren de Aragua, que surgió en una cárcel de Venezuela, y la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo que respalda la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a “facilitar” el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.
Durante una visita a la Casa Blanca esta semana, el presidente Bukele se negó a liberar a Ábrego, tildándolo de terrorista y señalando erróneamente que traerlo de vuelta a EE.UU. sería ilegal.
Por su parte, el Gobierno de Trump se ha negado a dar información sobre Ábrego al tribunal, al alegar que el acuerdo entre San Salvador y Washington es “clasificado” y limitándose a informar que el hombre de 24 años está vivo.
El salvadoreño, que fue arrestado por autoridades migratorias en un retén de tráfico, tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.
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Ábrego García residía en el estado de Maryland, tras huir de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Cecot, una megaprisión sobre la que pesan denuncias de abusos a los derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario del país centroamericano.
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