La libertad de prensa en El Salvador está siendo “silenciada paulatinamente” por el Gobierno de este país centroamericano mediante amenazas y presiones contra periodistas y medios de comunicación, denunció el domingo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en un informe.
“La libertad de prensa está siendo silenciada paulatinamente por el gobierno nacional mediante amenazas, intimidaciones, descalificaciones y presiones en contra de medios de comunicación y periodistas independientes. Estas acciones han hecho que muchos comunicadores y salas de Redacción de medios importantes se marchen del país”, apunta el informe.
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El documento explica que “El Salvador se mantiene en la categoría de países con alta restricción en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa”, mientras que el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras “registró que el país descendió 61 posiciones en los últimos cinco años”.
Y agrega que “el Gobierno acusó el 1 de junio a medios de comunicación extranjeros y locales, así como a organizaciones no gubernamentales, de organizar un ‘ataque coordinado’ en su contra. Pese a ello, sigue alegando que hay pleno respeto a la libertad de expresión y prensa porque ‘no hay periodistas capturados ni medios cerrados’”.
“La documentación de las organizaciones desmiente ese discurso. Según datos del Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), solo entre el 1 de mayo y el 14 de julio de este año se contabilizaron 180 agresiones en contra de periodistas”, acotó la SIP.
Indicó que las “agresiones más frecuentes son acoso físico, acoso digital, intimidación e insultos, discursos estigmatizantes y restricciones al ejercicio periodístico”.
“En junio, la SIP junto a otras 17 organizaciones internacionales pidieron al gobierno garantizar la integridad física de los periodistas y cesar cualquier forma de persecución, vigilancia o intimidación”, recordó.
El informe alerta también que hasta el 13 de junio, la APES había documentado “el desplazamiento forzado de unos 43 comunicadores, debido a ‘múltiples casos de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias’” y posteriormente “denunció que existen fuertes indicios de que el gobierno cuenta con listas completas de vigilancia, amedrentamiento y hasta potenciales capturas de periodistas y activistas de los derechos humanos".
La organización, que concluyó este domingo en Puna Cana, República Dominicana su 81ª asamblea anual, señaló que la APES “anunció el cierre temporal de sus oficinas y la suspensión de proyectos financiados desde el exterior por la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros, con la que el gobierno quiere gravar a organizaciones independientes que considera críticas”.
Advirtió que “los problemas de la libertad de prensa se extienden al ámbito de la expresión”, dado que 6 de cada 10 salvadoreños tienen “más cuidado” al compartir su opinión sobre política, según una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Iudop-UCA).
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