La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes la Ley de Agentes Extranjeros que establece un impuesto del 30 % a las donaciones de organizaciones no gubernamentales (ONG).
La normativa, con 25 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso, sin el apoyo de la oposición y ante el rechazo de organizaciones nacionales y extranjeras que señalan que es “una herramienta para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil”.
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La ley fue propuesta e impulsada por el presidente Nayib Bukele y es similar a una promovida por su Gobierno en 2021 pero en esa ocasión se contemplaba un impuesto del 40 %.
De acuerdo con el dictamen leído durante la sesión plenaria, la normativa tiene como objeto “establecer el régimen jurídico aplicable a las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directamente o indirectamente por una persona extranjera”.
La ley prohíbe que las oenegés “reciban o utilicen donaciones u otros mecanismos de financiamiento para la realización de actividades no declaradas previamente”, “cambiar el propósito declarado por el cual recibieron los fondos sin aviso previo” y “recibir donaciones o bienes materiales de cualquier tipo procedentes de fuentes o personas anónimas”.
Además, establece multas de entre 10.000 a 200.000 dólares por violar algunas de las prohibiciones y un impuesto de un 30 % “a las transacciones financieras, desembolsos, transferencias, importación en especie o bienes materiales de cualquier tipo provenientes del mandate extranjero”.
El artículo 20 de la normativa, que fue aprobada sin un análisis previo, indica que “el presidente podrá aprobar cuantos reglamentos de aplicación y desarrollo de la presente ley sean necesarios para el establecimiento de definiciones, cumplimiento de sus fines, atribuciones y competencias”.
La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, opinó que dicha ley “es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico” y que “quedará a criterio ambiguo y arbitrario del Gobierno a quien se le impondrá el impuesto y a quien no”.
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“Es una ley que atenta contra la democracia, contra el Estado de derecho y contra el respeto a la libertad de asociación y de expresión”, dijo la parlamentaria.
La organización Human Rights Watch (HRW) señaló este martes en un comunicado que ha documentado que otros países, como Rusia y Nicaragua, “han utilizado leyes de ‘agentes extranjeros’ como herramientas para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes”.
“Estas leyes, que etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento del exterior, imponen requisitos burocráticos onerosos, facilitan la injerencia estatal y pueden derivar en censura o cierre de organizaciones”, alertó HRW.
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