La directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, señaló este martes que con la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que grava con un impuesto del 30 % a las donaciones de organizaciones no gubernamentales, El Salvador “da un paso más en la dirección de Nicaragua”.
Goebertus indicó en X que dicha ley “está dirigida a impedir el trabajo de la sociedad civil y medios independientes” y alertó que “la deriva autoritaria avanza a pasos agigantados”.
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La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes la Ley de Agentes Extranjeros que establece un impuesto del 30 % a las donaciones de organizaciones no gubernamentales.
La normativa, con 25 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso, sin el apoyo de la oposición y ante el rechazo de organizaciones nacionales y extranjeras que señalan que es “una herramienta para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil”.
La ley fue propuesta e impulsada por el presidente Nayib Bukele y es similar a una promovida por su Gobierno en 2021, pero en esa ocasión se contemplaba un impuesto del 40 %.
La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, opinó que dicha ley “es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico” y que “quedará a criterio ambiguo y arbitrario del Gobierno a quien se le impondrá el impuesto y a quien no”.
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“Es una ley que atenta contra la democracia, contra el Estado de derecho y contra el respeto a la libertad de asociación y de expresión”, dijo la parlamentaria.
HRW indicó este martes en un comunicado, horas antes de la aprobación de la ley, que ha documentado que otros países, como Rusia y Nicaragua, “han utilizado leyes de ‘agentes extranjeros´ como herramientas para estigmatizar, controlar y silenciar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes”.
“Estas leyes, que etiquetan como agentes de potencias extranjeras a las organizaciones que reciben financiamiento del exterior, imponen requisitos burocráticos onerosos, facilitan la injerencia estatal y pueden derivar en censura o cierre de organizaciones”, alertó HRW.
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