El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró la noche de este martes que el país centroamericano se convertirá en la nación con el “mayor” respeto a la ley y al orden en el mundo, esto luego de “vencer” a las pandillas en una “guerra abierta” que contó con “el trabajo en equipo” de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público.
El mandatario participó en la inauguración de un complejo de oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicado en la exclusiva localidad de Santa Elena cercana a la capital San Salvador.
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En su intervención destacó que “la violencia en El Salvador está a niveles mínimos y que alguien vaya a ser asesinado, violado o extorsionado es la excepción no la regla”, pero aseguró que “todavía no somos un país de ley-orden”.
Según Bukele, “la ley y el orden requiere otras capas, diferentes, otras etapas a las que no hemos llegado. Que no haya corrupción, por ejemplo, que no haya estafas y que no haya contrabando”, dijo.
El presidente salvadoreño apuntó que el país debe ser “un país de ley y de orden donde se debe de eliminar todos los delitos”, por lo que aseguró que “vamos a una nueva etapa para construir el país con mayor ley y orden de todo el hemisferio (occidental) y en un futuro uno de los países con mayor respeto a la ley y al orden en el mundo”.
Recordó que “las pandillas controlaban el 80 %” del territorio salvadoreño y que “violaban sistemáticamente los derechos humanos de la población”, pero subrayó que “realizamos un trabajo que nos ha permitido vencer” a estos grupos y “compartir al país en uno de los más seguro del hemisferio y en camino a ser el país más seguro del mundo”.
El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un polémico régimen de excepción, una medida contra las pandillas que suspende garantías constitucionales, es señalado de violentar derechos humanos y que ha sido prorrogado en 50 ocasiones por el Congreso dominando por el partido de Bukele, Nuevas Ideas (NI).
Este régimen se ha convertido en la principal y única del Gobierno de Bukele contra las maras y para reducir la violencia, y continúa siendo ampliado a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos a poner fin a su implementación.
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La organización Human Rights Watch (HRW) expuso recientemente que las autoridades de El Salvador deben “poner fin” a la medida y señaló que se “deben poner fin al estado de emergencia y garantizar una revisión judicial rápida y juicios justos”.
Según un informe Amnistía Internacional (AI), El Salvador consolidó en 2025 un “modelo represivo bajo la extensión del régimen, continuaron las detenciones masivas y arbitrarias, acompañadas de denuncias generalizadas de tortura, muertes bajo custodia y desapariciones forzadas”.
El régimen de excepción cuenta con el respaldo de cerca del 85 % de la población y Bukele, cuya política antipandillas le consiguió su reelección inmediata a pasar la prohibición constitucional, y su gabinete de Seguridad, aseguran que ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio de maras y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.
Testigos protegidos acusaron el martes 21 de abril a 22 líderes históricos de la Mara Salvatrucha (MS-13) de haber ordenado miles de crímenes, durante en el segundo día del juicio masivo contra miembros de esa pandilla en El Salvador, aseguró la Fiscalía. (AFP) SOBRE EL AUTOR
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