¿Cómo Bukele aplastó a las pandillas?: las claves de la política de mano dura en El Salvador

Nayib Bukele tiene prácticamente asegurada la reelección en los comicios presidenciales de este domingo en El Salvador. Gran parte de su popularidad tiene que ver con su política de mano dura contra las pandillas, que le ha generado réditos entre la opinión pública, aunque también le generan críticas en algunos sectores por las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Esta política de mano dura ha traspasado las fronteras del país centroamericano y ha sido objeto de elogio por parte de políticos en países como Ecuador, donde incluso en campaña candidatos presidenciales prometieron importar el “modelo Bukele” para enfrentar a la criminalidad. Además, el actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa impulsa la construcción de nuevas cárceles imitando el régimen de la mundialmente promocionada megacárcel de Bukele.

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Otros países donde sectores de la opinión pública ven con buenos ojos el “modelo Bukele” son Chile, Argentina, Perú, Honduras y Costa Rica.

En la campaña para su reelección, Bukele ha puesto por delante la guerra contra las pandillas y ha dicho que el país no puede perder lo avanzado.

“Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad”, señaló Bukele en un video publicado en su cuenta de la red social X.

Bukele gobierna El Salvador bajo régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022. Esta situación le ha permitido apuntalar su política de mano dura, pero también le ha generado críticas internas y externas de organizaciones de defensa de los derechos humanos, pues las fuerzas de seguridad están habilitadas para realizar arrestos sin orden judicial, lo que muchas veces se traduce en detenciones arbitrarias, abusos y hasta torturas, tal como ha sido denunciado.

Las pandillas más grandes que operan en El Salvador, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, nacieron en California, Estados Unidos, en la década de 1980. Ambas son enemigas.

Estas bandas estaban formadas por inmigrantes centroamericanos, muchos de los cuales habían escapado de la guerra civil en El Salvador.

En la década de 1990, Estados Unidos implantó una política para deportar a sus países a miles de ex convictos, muchos de los cuales formaban parte de la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

A su regreso a El Salvador, la Mara Salvatrucha y Barrio 18 importaron también su guerra a muerte. Además, empezaron a establecer nuevas células delictivas con la población local.

En los años siguientes, las pandillas pasaron a controlar territorio y a potenciar sus actividades delictivas como la extorsión, el tráfico de drogas y el sicariato.

La guerra entre las pandillas también implicó a civiles como víctimas colaterales. Igualmente, las fuerzas de seguridad pasaron a ser objetivo de los criminales.

De acuerdo con Insight Crime, los gobiernos de la década de los 2000 implementaron políticas de “mano dura” contra las pandillas, que básicamente consistían en reforzar la presencia policial y el encarcelamiento en masa de los pandilleros.

Pero no se logró desarticular a las pandillas, que mantuvieron intactas sus principales actividades delictivas.

Además, debido a la rivalidad de los criminales, estos terminaron siendo encarcelados en prisiones exclusivas para cada banda. Matanzas como la ocurrida en el 2004 en el Centro Penal La Esperanza, en Mariona, obligaron a segregar a las maras rivales en diferentes centros penitenciarios.

Esta situación jugó en favor de los pandilleros, que lograron crear desde los penales estructuras más jerárquicas y disciplinadas para desarrollar sus actividades ilícitas.

A principios del 2012, el Gobierno del entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014) negoció una tregua con la Mara Salvatrucha y las dos facciones de Barrio 18: los Revolucionarios (18R) y los Sureños (18S). El Ejecutivo prometió trasladar a los líderes de las pandillas fuera de las prisiones de máxima seguridad a cambio de la reducción de la violencia.

Tras el pacto, los asesinatos se redujeron a la mitad, anotó Insight Crime. Pero la tregua no duró mucho y empezaron de nuevo los brutales enfrentamientos entre pandillas rivales y también con las fuerzas de seguridad.

En el 2015 la violencia escaló hasta convertir a El Salvador en el país más violento del hemisferio occidental, con una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Luego, durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), cuyo gobierno lanzó una nueva ofensiva contra las pandillas y promulgó leyes estrictas para desarticular las economías criminales coordinadas desde las prisiones, los homicidios empezaron a disminuir hasta en un 50%, indica Insight Crime. Pero los números seguían entre los más altos de la región.

Ese es el contexto en el que Nayib Bukele asumió el cargo poder en junio del 2019. El nuevo mandatario mantuvo la tendencia iniciada durante la administración de Sánchez Cerén.

Bukele aseguró que su política de seguridad conocida como Plan de Control Territorial estaba dando resultados. Este básicamente consistía en el aumento de la presencia policial en las calles, algo que sus críticos consideraban más de lo mismo.

Un año después de iniciado el mandato de Bukele, el portal de investigación El Faro reveló que algunos funcionarios cercanos al presidente habían negociado con los líderes encarcelados de las tres principales facciones de las pandillas, ofreciéndoles beneficios penitenciarios a cambio de su ayuda para reducir la tasa de homicidios.

Además, en el 2023 el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció que después de las elecciones presidenciales en las que Bukele ganó, los líderes de la MS-13, entre los que figuran Borromeo Enrique Henríquez, alias ‘Diablito de Hollywood’; Elmer Canales Rivera, alias ‘Ladrón de Hollywood’; y Carlos Tiberino Ramírez Valladares, alias ‘Snyder de Pasadena’, se reunieron en secreto con funcionarios del Gobierno en el penal de Zacatecoluca y en el de Izalco, así como en otros lugares.

Entre los funcionarios de gobierno que participaron en las reuniones se menciona al Director de Centros Penales, Osiris Luna; y al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.

“Estas reuniones fueron organizadas por el Gobierno de El Salvador y funcionarios penitenciarios”, dice el documento de 42 páginas del Departamento de Justicia.

En las reuniones también participaron pandilleros que estaban en libertad.

Según Estados Unidos, estos entraban a los penales con el rostro y brazos cubiertos para no mostrar su identidad y tatuajes. También se les dio credenciales que los identificaba como oficiales de inteligencia y eran escoltados por custodios de la Dirección de Centros Penales.

Henríquez y otros cabecillas de la banda fueron también llevados a hospitales civiles para recibir falsos tratamientos médicos, “lo cual permitió a esos líderes comunicarse con miembros de la ‘Ranfla de las Calles’”, que es el liderazgo de la MS-13 fuera de las prisiones.

De acuerdo con la acusación, los funcionarios de Bukele lograron una drástica reducción de homicidios en el país para fortalecer su popularidad a cambio de beneficios carcelarios para los pandilleros, modificaciones de leyes y reducciones en las condenas.

“Como parte de estas negociaciones secretas, la Ranfla Nacional, la Ranfla en las Calles y la Ranfla en los Penales negociaron con oficiales de gobierno de alto nivel para beneficios financieros, control de territorios y condiciones menos restrictivas en las prisiones que les garantizaran a los líderes de la MS-13 mejor comunicación”, se lee en el documento.

La pandilla MS-13 también habría ofrecido ejercer su influencia entre sus miembros, sus familiares y habitantes de las comunidades que controlan para garantizar el triunfo del partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones de alcaldes y diputados realizadas en febrero del 2021.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot),

la megacárcel de Bukele, albergaba en octubre del año pasado a 12.000 reclusos, lo que representa una ocupación del 30 % de su capacidad, que de acuerdo con el Gobierno es de 40.000.

El gobierno de Bukele siempre ha negado haber pactado con los pandilleros.

El descenso de los homicidios apuntaló la popularidad de Bukele, cuyo partido ganó las elecciones para la Asamblea Legislativa en el 2021.

Pero el quiebre llegó en marzo del 2022, cuando las pandillas asesinaron a 87 personas en todo el país en tan solo 72 horas.

En una primera medida, a pedido de Bukele el 27 de marzo del 2022 la Asamblea Legislativa declaró el régimen de excepción, por lo que se suspendieron los derechos constitucionales y se flexibilizaron las normas relacionadas con las detenciones.

A partir del régimen de excepción, que se ha ido renovando cada mes, las autoridades lanzaron una implacable campaña de allanamientos en zonas con presencia de pandillas. En todo este tiempo, más de 70.000 personas han sido detenidas.

El Gobierno sostiene que la mayoría de detenidos pertenecen a las pandillas. Mientras que organizaciones de la sociedad civil han denunciado detenciones arbitrarias generalizadas y unas 5.800 presuntas violaciones de los derechos humanos durante el primer año de vigencia del régimen de excepción.

Insight Crime concluye que la ofensiva de Bukele parece haber paralizado a las pandillas, ha reducido la violencia a mínimos históricos y llevando al presidente a declarar la victoria sobre los criminales.

De acuerdo con Insight Crime, la principal reacción de las pandillas a la política de mano dura de Bukele ha sido esconderse en lugar del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Un informe de inteligencia compilado por la unidad policial antipandillas de El Salvador al inicio del régimen de excepción concluyó que el anillo central de liderazgo de la Mara Salvatrucha en El Salvador, conocido como la “ranfla”, había ordenado a los jefes de las pandillas y a los miembros activos (homeboys) que buscaran refugio en casas seguras, zonas montañosas y residencias privadas, o que intentaran huir a países vecinos y esperaran a que la represión cesara, indica Insight Crime.

“La repentina desaparición de las pandillas fue corroborada por numerosas entrevistas en antiguos bastiones de las pandillas en la capital, San Salvador, y en los municipios de Apopa, Soyapango, Illopango, Mejicanos, Ciudad Delgado, San Julián, Tonacatepeque y San Miguel. Ninguno de los residentes dijo haber sido testigo de ningún tipo de respuesta —armada o no— por parte de los pandilleros, destinada a proteger territorios o asegurar sus economías criminales”, indicó Insight Crime.

Los residentes de Mejicanos dijeron a InSight Crime que los niños y adolescentes que alguna vez colaboraron con las pandillas aún deambulan por las calles. Pero ya no son temidos por los lugareños, y no está claro si siguen patrullando en nombre de las pandillas.

Los directores y conductores de empresas de autobuses del área metropolitana de San Salvador, quiénes estaban entre las víctimas más comunes de la extorsión y los asesinatos de las pandillas antes del régimen de excepción, también dijeron a InSight Crime que estos grupos ya no interferían en sus operaciones cotidianas.

Miembros de las pandillas que están en México y hablaron con InSight Crime, afirmaron que muchos de sus cómplices siguen en El Salvador, incapaces de reunir el dinero suficiente para dirigirse a Estados Unidos tras la disminución que tuvieron negocios ilícitos clave para las pandillas, como la extorsión.