El Congreso de Nicaragua aprobó este martes comenzar a juzgar a quienes cometan acciones contra el gobierno de Daniel Ortega en el exterior, una decisión que según la oposición será utilizada como “herramienta de represión transnacional”.
Una reforma al código penal aprobada por unanimidad impone penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Managua, un delito tipificado como “menoscabo de la integridad nacional” cuya interpretación queda en mano de los tribunales, señalados -igual que el Congreso- de estar controlados por Ortega.
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La norma, que abarca a nicaragüenses y extranjeros e incluye la posible confiscación de bienes, fue aprobada el mismo día en que la ONU advirtió del “grave” deterioro de los derechos humanos en Nicaragua desde el año pasado, con un aumento de detenciones arbitrarias, malos tratos y persecución a todos los “percibidos como disidentes” por el gobierno de Ortega.
La reforma, que entrará en vigor al ser publicada en el diario oficial, establece que también pueden ser sancionadas empresas y oenegés.
El gobierno de Daniel Ortega ha endurecido la legislación y la represión luego de las protestas opositoras de 2018. Desde entonces han sido cerradas unas 5.500 oenegés bajo el argumento de no reportar sus estados financieros. Sus bienes fueron confiscados.
Las protestas dejaron en tres meses más de 300 muertos, según la ONU, y desde entonces miles de nicaragüenses han partido al exilio y cientos han sido expulsados y sus bienes también confiscados.
“Estas reformas están encaminadas a fortalecer la labor de las instituciones de nuestro país encargadas del enfrentamiento a la criminalidad organizada transnacional”, dijo durante la sesión la diputada oficialista María Auxiliadora Martínez.
Para la oposición nicaragüense, exiliada mayoritariamente en Costa Rica, Estados Unidos y España, la reforma al código penal busca dar un marco jurídico a las prácticas “represivas” de Ortega contra la disidencia.
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“Permite al régimen perseguir a cualquier persona, sin importar si se encuentran en Nicaragua o no, y sin necesidad de su presencia en los juicios, consolidando así un marco jurídico que respalda estas prácticas represivas”, dijo a la AFP el excandidato presidencial Félix Maradiaga, exiliado en Estados Unidos.
Aseguró que Ortega de este modo “extiende su alcance represivo a nivel internacional” para “silenciar a la oposición en cualquier lugar del mundo”.
Tras acusarlos de “traición a la patria”, en 2023 el gobierno excarceló, expulsó del país y despojó de nacionalidad y bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos.
Maradiaga advirtió que las nuevas normas no son “compatibles con el derecho internacional” y que tienen “graves contradicciones” con la Constitución de Nicaragua.
La disidencia en el exterior también criticó que se juzgue a expatriados sin estar presentes ni tener posibilidad de defenderse.
“La inclusión del juicio en ausencia es particularmente preocupante (...), un ataque directo a los principios fundamentales de justicia y debido proceso”, comentó Maradiaga.
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Ortega busca “dar forma legal a sus crímenes”, indicó por su parte el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McFields, exiliado en Estados Unidos.
“Es darle un revestimiento jurídico a algo que han venido implementando de manera fáctica en años recientes”, señaló el exdiplomático a la AFP.
McFields afirmó que la intención de Ortega y Murillo es “seguir golpeando, atacando a los adversarios políticos o a las personas que cuestionan al dictador”.
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