El Gobierno que preside Daniel Ortega anunció este jueves su retirada de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras conocer un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, que instó a demandar al país centroamericano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por privar de la nacionalidad a nicaragüenses.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites”, dijo la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.
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Murillo, esposa de Ortega, explicó que han oficializado su salida a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador Jürg Lauber, que fue suscita por el canciller del país, Valdrack Jaentschke.
La decisión de Nicaragua, dijo Murillo, está basada en el último informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, que afirma que el Ejército nicaragüense “participó activamente en la represión de las manifestaciones” que estallaron en abril de 2018 y “cometió ejecuciones extrajudiciales”, y que el Gobierno sandinista ha desmantelado los últimos controles sobre su poder y para ello no ha dudado en cometer graves violaciones de derechos humanos.
Su Gobierno, continuó Murillo, rechaza “todas las falsedades, las falsificaciones, las calumnias, las mentiras, en un acto de decencia elemental, cumpliendo con ese sagrado deber de preservar decoro y orgullo”.
“Repudiamos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que debían servir al bien de todos”, agregó.
La copresidenta indicó que, por esa razón, estaban haciendo llegar esa carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “donde hacemos referencia al autodenominado informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua”.
“Decimos que una vez más el Consejo de Derechos Humanos viola su propia normativa contenida en la resolución aprobada el 15 de marzo de 2006, en la cual se establecieron los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos, así como la obligación de eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización”, señaló.
A juicio de Nicaragua, el informe de los expertos, que el Gobierno no reconoce, “al igual que los informes anteriores, las declaraciones, comunicados y actualizaciones, son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos usándolos como pretextos para injerencias en los asuntos internos de los Estados y para irrespetar la soberanía nacional”.
“Estos mecanismos se constituyen no solamente en verdaderos métodos y plataformas políticas para despretigiar la labor de nuestro gobierno en la consolidación de la paz y la seguridad, sino que también son un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense y pretenden impedir el avance en salud, educación, entre otros”, denunció Murillo.
En la misiva, Nicaragua acusó al Grupo de Expertos, a la Oficina del Alto Comisionado y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de haberse convertido “en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad, y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense, causando además destrucción y daños incuantificables a la economía nacional”.
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“Y los mismos que hoy celebran y promueven la imposición de medidas coercitivas unilaterales que la Asamblea General de la ONU ha declarado ilegales por ser violatoria del derecho internacional”, prosiguió.
“Para Nicaragua estos irrespetuosos mecanismos perdieron su naturaleza y esencia. No los reconocemos y no nos vemos siendo parte y/o cómplice de atropellos contra la soberanía, la igualdad de los Estados, y la dignidad de los pueblos”, enfatizó.
Hasta ahora 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad tras una última acción de este tipo el pasado septiembre, cuando 135 opositores presos fueron expulsados a Guatemala como apátridas.
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